Antes de entrar en el tema de este artículo considero pertinente expresar mi reconocimiento y agradecimiento al presidente de Colombia Iván Duque por su apoyo a la lucha por la reinstauración de la democracia en Venezuela. Por su solidaridad expresada en medidas concretas de su administración con la diáspora venezolana en sus dos vertientes: los que se fueron buscando una vida mejor y quienes lo hicieron huyendo de la persecución política.
La reciente victoria de Gustavo Petro, aunque probable y por tanto esperable, no ha dejado de tener de un impacto tremendo que trasciende las fronteras de Colombia. Mucho se debate, especula sobre el derrotero de su gestión.
Aquí en Venezuela, como es lógico por tratarse del futuro inmediato de Colombia, la resonancia del acontecimiento es considerable. Algunos creen que el destino de Colombia es el de Venezuela con el chavismo; otros apuntan hacia una gestión ampliamente reformistas de corte socialdemócrata que ubican más cercana al lulismo que al chavismo; hay quienes prefieren el “wait and see”. Lo que llama la atención de la mayoría de los análisis y prospectivas criollas es que se centran en lo que hará el nuevo gobierno a lo interno de su país y dejan de lado el posicionamiento que tendrá en relación a la situación de Venezuela.
La política del nuevo gobierno colombiano hacia nosotros no estará indefectiblemente condicionada por sus políticas internas. Sobran los ejemplos de gobiernos de centroizquierda en Latinoamérica que se han ubicado frente al régimen chavista y a otros regímenes dictatoriales con un doble rasero que más que realismo político es oportunismo y doblez indigno de su proclamada condición progresista; al respecto el escritor argentino Jorge Fernández Díaz acuño el término de “falsos progresistas” para relevar sus inconsecuencias en ese y otros asuntos.
Las izquierdas latinoamericanas en su conjunto (con honrosas excepciones), siendo más grave cuando se trata de la centroizquierda, son capaces de aceptar y relativizar de sus congéneres políticas claramente antidemocráticas, violatorias del Estado de derecho con efectos perniciosos en la vigencia de los derechos humanos, civiles, políticos, socioeconómicos; se han puesto de perfil ante el militarismo, la corrupción, la degradación del medio ambiente. Políticas que supuestamente no aceptarían para sus países y que son, según su narrativa, propias de regímenes de derecha en sus versiones dictatoriales o democráticas. Esa doble moral tiene su culmen en el posicionamiento ante los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
No sabemos a ciencia cierta cómo será el desempeño del emergente gobierno colombiano en el nuevo contexto internacional producto de la invasión rusa a Ucrania. ¿Reproducirá la doble moral a la cual no referimos anteriormente o será consecuente con el ideario socialdemócrata en cual dice referenciarse Gustavo Petro?
En el caso venezolano, que es lo prioritario para nosotros, el resultado de los comicios colombianos, de entrada beneficia y oxigena al régimen chavista; Petro tiene viejas y provechosas relaciones, coincidencias con el chavismo. Lo previsible es que no tendrá el mismo nivel de compromiso con el cambio político aquí de la administración Duque. Puede ayudar o perjudicar mucho en términos de la superación de la crisis política (el origen de nuestros males); superación que suponemos conveniente para el Estado y la sociedad colombiana.
Nos perjudicaría bastante si asumiera una solidaridad automática con el chavismo (posicionamiento que descarto porque le sería costoso políticamente), pero hay otras formas sinuosas de asumir la situación e igual de perjudiciales como sería adoptar la posición de México y Argentina en la actualidad o si solo se dedica a criticar aspectos puntuales de la situación sin entrar en el fondo del asunto.
Puede si se lo propone contribuir a generar condiciones facilitadoras de una negociación real y efectiva que posibilite un proceso de transición hacia la restauración de la vigencia efectiva de la Constitución Nacional. Ese esfuerzo puede comenzar con gestiones para persuadir al régimen chavista de la conveniencia de que el proceso electoral presidencial pautado para 2024 se realice con todas las garantías necesarias e imprescindibles para que la ciudadanía exprese libremente y de manera vinculante su voluntad.
Por supuesto, la agenda de asuntos a resolver entre Colombia y Venezuela no se resume ni agota en el tema político, pero su resolución es clave para alcanzar acuerdos eficaces, sostenibles, provechosos, duraderos entre ambas naciones.