Escribo este artículo bajo un sentimiento de alarma. Las últimas semanas resultan verdaderamente preocupantes para el futuro de la democracia en Estados Unidos. Ocurre de forma insistente: la retórica de Trump se traduce continuamente en acciones concretas que socavan las instituciones, sin que, hasta ahora y de forma inexplicable, se haya producido una reacción de la mayoría de los líderes republicanos en el Senado.

Durante un corto período de tiempo, Trump ha abusado de sus poderes presidenciales para remover de su cargo a cinco inspectores generales, señalando claramente que ninguna persona en esos puestos puede usar su autoridad de supervisión y contraloría para hacer cumplir la ley, y que, de hacerlo, habrán represalias contra aquellos que han expuesto irregularidades o pasos en falso de su administración, o simplemente aquellos que no siguen su agenda política.

El proceso de remoción del cargo de inspector general está sujeto a la supervisión del Congreso y debe estar fundado en legítimas razones. Como consecuencia, los legisladores demócratas como el senador Bob Menéndez y el representante Eliot Engel han sido frontales en su denuncia de la administración Trump por este escandaloso abuso de poder. Y no han sido los únicos. El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, ha pedido al presidente que justifique la destitución de Michael Atkinson –inspector general de la Comunidad de Inteligencia–, y advirtió: “Una falta general de confianza, simplemente no es suficiente detalle para satisfacer al Congreso”.

Si todo esto en sí mismo no era ya suficientemente alarmante, en los últimos días Trump dijo que retendrá los recursos asignados por el Congreso a los estados para la respuesta a la pandemia del covid-19 a aquellos gobernadores que implementen, como corresponde legalmente, medidas para facilitar el derecho al voto por correo, especialmente durante esta pandemia.

La grave declaración se produjo, de forma simultánea a un ataque en Twitter, en el que cuestionó al estado de Michigan alegando, sin ninguna evidencia, que sus autoridades están preparando un fraude electoral, luego de que la autoridad electoral del Estado enviara por correo formularios de solicitud de boletas electorales en ausencia a los casi 8 millones de votantes registrados, de conformidad con la ley. Quiero insistir en esto: se trata de una acción absolutamente inscrita en el marco legal y nunca ha existido evidencia en toda la historia electoral de Estados Unidos de fraude con el voto por correo. De hecho, el propio presidente Trump votó por correo en las elecciones de 2018 y en las recientes primarias de la Florida luego de cambiar su residencia legal de Nueva York a dicho estado.

El estado de Michigan, campo de batalla crítico en esta elección (como todos los estados del Medio Oeste), está expresando, según las encuestas, una tendencia abiertamente favorable al candidato presidencial demócrata Joe Biden, con una ventaja promedio de más de cinco puntos en todas la encuestas, incluida la más reciente de la conservadora cadena de TV Fox News, en la que aventaja a Trump por 8 puntos porcentuales.

Por otro lado, los datos de las encuestas también indican que el apoyo a la gobernadora de Michigan es abrumadoramente fuerte por su buen manejo de la pandemia del coronavirus. Todavía más: cerca de 90% de los ciudadanos de Michigan expresan un contundente rechazo a los grupos que han protestado contra la acción sanitaria portando armas y profiriendo amenazas. Esas protestas, esto es clave, fueron estimuladas por el propio Trump, que puso a circular un tuit con la frase “Libérate Michigan”. A ese tuit le siguieron otros semejantes, dando su apoyo a manifestaciones similares, en otros estados como Virginia. Otra consideración que no debe pasar inadvertida es que la popular gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, es una de las líderes preselecccionadas, y que tiene posibilidad de convertirse en candidata a la Vicepresidencia en la fórmula del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Estas prácticas antidemocráticas traen recuerdos dolorosos a los ciudadanos estadounidenses que, como yo, venimos de países como Venezuela, donde este tipo de abusos de poder que subordinan la función de contraloría al propio gobierno, que condicionan ilegal e inconstitucional el financiamiento asignado por el Congreso para los Estados, y que suprimen la participación electoral, todas en conjunto, a la que habría que sumar la partidización política de las agencias de aplicación de la ley y el Poder Judicial, allanaron el camino a un sistema político corrupto y autoritario.

Y debe reiterarse que el guion de populistas y demagogos para socavar la democracia es el mismo para los líderes que provienen de los extremos, sean de la izquierda o la derecha del espectro político. Todavía tenemos la expectativa y esperanza de presenciar un categórico rechazo por parte del Congreso, los tribunales federales y la Corte Suprema de Justicia, si las cosas llegan, como deberían, a tal punto.

Sin lugar a dudas, las instituciones democráticas de Estados Unidos están siendo puestas a prueba y depende de las mujeres y los hombres que se sientan en sus cámaras o despachos hacer cumplir la Constitución a tiempo, para no lamentar su omisión por conveniencia política o electoral. Si no es el liderazgo, entonces es el pueblo el que debe entender que este año el futuro de la democracia está en la boleta electoral.


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