Ha transcurrido casi medio siglo entre los sucesos políticos y militares del 11 de septiembre de 1973, en los cuales se liquidó el gobierno de la Unidad Popular y la actual conmoción social chilena, que lleva ya unos cuantos días estremeciendo la estabilidad del gobierno del presidente Piñera.
Son unas cuantas décadas de funcionamiento del Estado y de la dinámica económica y social de la nación, caracterizadas por la tranquilidad de la población y la solución negociada entre las élites de los conflictos presentes en la sociedad, con el común denominador de resolver la contradicción entre capital y trabajo, generalmente a expensas de la contención sistemática del bienestar y del ascenso y movilidad social.
Hasta el presente, esa espinosa pero muy justa exigencia del bienestar, de la equidad y de la democracia y sus realizaciones, fueron las razones esenciales del crecimiento y del acceso a la dirección del Estado de la Democracia Cristiana (Eduardo Frei) y de la Unidad Popular (Salvador Allende), victorias políticas que quedaron sepultadas por los tanques y cañones del general Augusto Pinochet.
Las Fuerzas Armadas chilenas, se convirtieron en un agresivo instrumento de la oligarquía nacional, y enterraron profundamente las conquistas obtenidas por las luchas democráticas de la población, que a través de prolongadas, sostenidas y masivas movilizaciones condujeron a ejemplares victorias electorales, lo que hizo posible que en los dos gobiernos (1964-1970/DC – 1970-1973/UP) se avanzara en la construcción de una importante infraestructura social.
La aplastante derrota militar y policial de las fuerzas progresistas chilenas (cristianos, liberales y socialistas) le permitió a la dictadura pinochetista imponer un ejercicio prolongado del poder (16 años), pero además le facilitó establecer a sangre y fuego un modelo económico, caracterizado por el predominio sistemático del capital sobre el trabajo, reparto en el cual la equidad quedó muy maltratada.
Con las fuerzas democráticas chilenas emerge también del pasado dictatorial una República “exitosa”, con un elevado rendimiento económico empresarial y comercial, pero con una acumulación de capital concentrada en una absoluta minoría de los ciudadanos, manteniendo sobre sus hombros una importante y creciente carga de pobreza y exclusión social.
Desigualdad e inequidad, que durante tres décadas se han extendido a todos los aspectos de la sociedad, injusto y equivocado desarrollo cuya dinámica ha crecido como consecuencia de una administración estatal, que ha privilegiado las élites económicas, sociales, políticas y militares a expensas del empobrecimiento de las mayorías.
El presidente Piñera cometió un importante error político, muy parecido al experimentado por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno: se olvidó de que su llegada al Palacio de La Moneda (Miraflores) lo produjo la esperanza de que el reparto prometido sería efectivo aquí en la tierra como en el cielo, ahora y para todos.
Entre el Caracazo (1989) y el Santiagazo (2019) hay una significativa distancia, tanto en el tiempo, como diferencias importantes en su dimensión; pero los factores presentes en las causas esenciales de la erupción son muy similares, se ha producido una extraordinaria explosión de ira social, universal y trascendente.
Fenómeno acompañado de una pérdida significativa de la confianza en el Estado y sus administradores, cuya recuperación constructiva dependerá de la calidad y oportunidad de las realizaciones del gobierno en estrecha y democrática alianza con la población.