La primera es una frase apócrifa traducida del francés L’État c’est moi que Luis XIV habría pronunciado el 13 de abril de 1655 ante el Parlamento de París, a los 16 años de edad. La expresión identifica al rey con el Estado, en el contexto de la monarquía absoluta, que no es de negar la expresión que uno de sus mentores puso en boca de un adolescente de 16 años y cuyo contexto proviene de Tomás Hobbes en El ciudadano y El Leviatán. Señalaba el filósofo que “el Estado posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar voluntades”.
«El Estado soy yo» es visible en el régimen militar-cívico de Venezuela y la expresión de sus voceros de no irse «ni por las buenas ni por las malas» es suficiente para pensar en los medios que pudieran tener para ese propósito, lo que nos remite a la recién presentada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, al crearse una alta comisión que determinará los casos y que será regulada por el presidente. He allí la materialización del «Estado soy yo», ley que por lo demás viola el «espíritu, propósito y razón» de la Constitución.
Lo del «partido soy yo» es una rémora leprosa, desde el primer y último Caldera, a imagen y semejanza de Luis Alfaro Ucero, en la presidencia de Jaime Lusinchi, ordenando distribuirse los contratos de obras al criterio clientelar de los secretarios generales regionales del partido y ¿acaso ello era desconocido de Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez, por citar a los jefes del principal partido en su momento? Que aquellas prácticas no son repetibles en estos 25 años es engañarse, ahora llaman «héroes de la democracia» a una clientela asalariada, obediente al pagador, que responde precisamente a estrategias fascistas. ¿Pueden ser democráticos entonces los partidos políticos venezolanos que no consultan a sus militantes y, peor aún, ni siquiera a sus órganos direccionales? El desprecio es total y para 1996, el doctor José Mendoza Angulo escribió: «Las estructuras partidistas, tan sobrevaluadas por algunos, ya no son aquellas viejas formaciones de activistas y militantes alimentados de mística y la fe en un ideal, sino unos rangos clientelares que adquieren un inequívoco carácter mercenario, especialmente en las coyunturas electorales” (El Informador, septiembre 8 de 1996, Barquisimeto).
¿Cómo reinventarlos? Yo diría, denunciando con nombres y apellidos a esa «exclusiva» élite, por los no beneficiarios que les ven con guayaberas blindadas, cadenas de oro, vehículos y escoltas, almorzando y bebiendo en lujosos restaurantes, después que dejan al perraje llevando sol.
«El partido soy yo» y mi clientela, y no fue Chávez quien inventó la compra de conciencia. En el siglo XX, López Contreras lo instituyó con las «cívicas bolivarianas». Medina Angarita con el PDV, Acción Democrática y Copei a base de contratos y el PSUV con las mismas vainas. ¿Entonces?
La sociedad venezolana está maleada. El facilismo nos permitió, gracias a una dirigencia pervertida, con sus excepciones, pero presas del miedo en sus distintas modalidades al que no es fácil enfrentar, hasta tanto no nos agobie y los intereses económicos no perturben a sus beneficiarios. De allí al difícil entramado en que estamos frente a una catastrófica salida que anunciarla no es deseable, pero sí prevenirla y la revisión de la legislación electoral es de urgencia. Estamos al cierre de la democracia tal como está concebida en la Constitución de 1999; La bicha la llamó Chávez, cuando se dio cuenta de que no le servía para su autocracia con una Fuerza Armada parcializada y una burocracia militar de una milicia presta a cualquier cosa, menos al servicio de la seguridad de la República y la Ley del Odio y la anunciada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, copias deficientes de las leyes de Núremberg en tiempo de la Alemania nazis son instrumentos para la consolidación de una democracia de papel.