El Estado mantiene con total impunidad las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que han sido señaladas por la alta representante de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela que provino de la misma organización
Aun cuando tiene conocimiento de las actuaciones reprochables de los cuerpos de seguridad en contra del ciudadano, no ha hecho nada.
A esta alerta sumo mi rechazo a la demanda contra Provea en Carabobo.
Cuando se habla de cuerpos de seguridad del Estado, los ciudadanos tiemblan y las víctimas recuerdan las OLP, al Sebin, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y las FAES; también las alcabalas fantasma y puntos de control rechazados por el Ministerio Público que siguen funcionando al margen de la ley para aplicar su matraca.
Las denuncias de las víctimas sobre la represión, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales nunca han sido investigadas ni procesadas penalmente por el sistema de justicia venezolano, teniendo que actuar la CPI. Por eso la Fiscalía que dirige el abogado inglés Karim Khan inició ya la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Es urgente una verdadera depuración de todos los cuerpos de seguridad del Estado e iniciar una investigación penal a los autores materiales y la cadena de mando, porque de lo contrario la ciudadanía seguirá desconfiando de quienes deberían protegerla.
El Estado se vuelve a equivocar al señalar como adversario a los organismos no gubernamentales por asumir la defensa de las víctimas que nunca tienen respuestas a sus denuncias de violaciones graves de los derechos humanos cuando acuden al sistema de justicia.