La violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo una política de Estado. No hay clemencia ni piedad. Quienes sigan alzando la voz para exigir los justos salarios que permitan sobrevivir a la hambruna, para reclamar las fallas en los servicios básicos, para protestar por el empeoramiento de la calidad de vida o por la escasez de combustible serán víctimas de detenciones arbitrarias, represión y cárcel.
El Estado venezolano se ha convertido en el primer violador de los derechos humanos de la región. Mantiene una justicia politizada y paralizada en la que se vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de 365 presos políticos que siguen en los centros de torturas del Sebin y la Dgcim sin un trato humanitario.
El Estado predica que dentro de nuestra Constitución todo y fuera de ella nada, pero no lo pone en práctica.
La población es víctima del hambre por la hiperinflación indetenible a la que se enfrenta con sueldos miserables que solo alcanzan para un cartón de huevos o 1 kg de queso. Una situación que sigue provocando el desplazamiento forzado de miles de venezolanos a otros países, donde son víctimas de la xenofobia y el desprecio, como el reciente caso de Trinidad y Tobago, donde 24 compatriotas, incluidos 16 niños, fueron lanzados por el gobierno de la isla al mar sin que el canciller Arreaza y el equipo consular asumiera la defensa de nuestros hermanos.
El Estado es el responsable de haber sepultado los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos en fosas comunes clandestinas. La vida de los venezolanos la decide el grupo exterminio FAES; la libertad personal, los cuerpos de seguridad encabezados por el Sebin y la Dgcim; la alimentación, la hiperinflación; la salud, el covid-19; la libertad de expresión, Conatel; y las garantías constitucionales y el debido proceso, la injusticia de los poderes públicos.
Estamos en presencia de la tragedia más grande en materia de los derechos humanos, una población víctima de un Estado que sigue actuando por venganza, odio y resentimiento.
Son 21 años de persecución, represión con encarcelamientos y tratos crueles e inhumanos contra aquel que establezca diferencias con el Estado. Pero sobre las espaldas del Estado opresor pesa un expediente en la CPI y ni siquiera así le pasa por su mente un acto de contrición y mea culpa para rectificar. Por el contrario, sigue lleno de odio y venganza contra un pueblo crucificado, lleno de temor y sin esperanzas que camina sin rumbo alguno sumergido en el más alto nivel de indefensión.