En nuestro país no hay un sistema de justicia para impartir justicia sino para diligencias políticas y mantener inactivos los juzgados del país -medida implementada desde la llegada del coronavirus- solo ha contribuido a la impunidad, a la violación de garantías constitucionales y al hacinamiento en los centros penitenciarios debido al retardo procesal.
No hay mejor aliado para la impunidad que tener un sistema de justicia politizado y un sistema policial sin miramientos para violar los derechos humanos de los ciudadanos. Nuestro país tiene años sin poderes públicos autónomos e independientes, el acceso a la justicia es limitado y solo se utiliza para enviar a prisión a la disidencia opositora sin respetar el derecho a la defensa y respeto a la presunción de inocencia.
La pandemia y el crecimiento exponencial de la covid-19 en Venezuela le han caído como anillo al dedo al gobierno para que a través del TSJ le bajara la “santamaría” a la justicia en Venezuela, apoyándose en los decretos de alarma y de estado de xxcepción fracasados que solo han servido para incrementar el control social de la población con la excusa de querer cortar la cadena de contagios.
Al mantener inactivo el sistema de justicia se profundiza el nivel de hacinamiento en todas las cárceles y recintos policiales al aumentar el retardo procesal, violando también los derechos humanos de los detenidos, que deben ser objeto de un juicio justo o, según el caso, ser procesados en libertad. Muchos detenidos pueden resultar inocentes y al mantenerlos privados de libertad se violan sus derechos fundamentales y se les expone a males mayores, incluidos los de contagiarse de covid-19.
Aquí en Venezuela se llama a unas elecciones, que son un evento masivo, y que comprende hacer campaña electoral y aglomeraciones de gente y movilizaciones el día de la elección, pero no se es capaz de, tomando las medidas de prevención, activar el sistema de justicia.
Los tribunales o Ministerio Público sí sirven para hacer audiencias “flash” e imputar a supuestos conspiradores, pero no para atender a presos políticos y miles de casos de personas privadas de libertad por delitos menores que, incluso, al no haberse continuado o iniciado el respectivo proceso judicial, no se ha podido comprobar que dichas personas sean culpables, además de que quienes sean auténticos culpables, no reciben la pena que merecen.
El Estado le ha dado la espalda al pueblo paralizando la justicia.
El silencio por parte de los colegios y federación de abogados, de los colegas litigantes que no se manifiestan para exigir que el TSJ saque de la cuarentena al sistema de justicia, es muy triste, pues son ellos, los profesionales del derecho, los primeros llamados a defender el funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela.