Recientemente personeros oficialistas han propuesto integrar al Distrito Capital los municipios Chacao, Sucre (Petare), Baruta y El Hatillo, desmembrándolos del estado Miranda. Esta pretensión ha generado una fundada preocupación por el talante autoritario que pudiera emplearse para fragmentar la entidad mirandina. Tal propósito debe entenderse en el contexto de la reiterada prédica de varios funcionarios del régimen de constituir un “Estado comunal” y de promover “ciudades comunales” y una especie de Poder Legislativo comunal, que sería una nueva versión del llamado “parlamentarismo de calle”. No debe soslayarse, además, la propuesta hecha recientemente por el Poder Ejecutivo de posponer para el año 2022 las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales que corresponde celebrar en diciembre de 2021. Pudiera ser una manera de ganar tiempo para que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, dicte algunas leyes en materia municipal y ordenamiento territorial cuyo contenido no conocemos con exactitud, pero podemos inferir de la propuesta de un “Estado comunal”.
Con estas intenciones, explícitas algunas, implícitas otras, las excusas de mejorar la gobernanza de la Gran Caracas son susceptibles de interpretarse como una maniobra para aumentar el poder central. En vez de tratar de profundizar la democracia y la federación se tiende a una centralización aún mayor. Las comunas (que no las comunidades ni las colectividades), contrariamente a lo que su nombre pudiera evocar como unidades locales y siguiendo el caduco y fracasado modelo soviético de asambleas comunales, constituyen una forma organizativa fuertemente dependiente del poder central.
Es necesario hacer algunas consideraciones de diversa índole. En Venezuela, la división por estados se ha consolidado desde el siglo XIX, incluso en el caso de aquellos de más reciente creación como los estados Vargas (hoy llamado La Guaira), Amazonas y Delta Amacuro, que pasaron estos dos últimos de ser territorios federales durante largo tiempo a convertirse en estados a principios de la década de 1990. No obstante, el país necesita una replanificación del espacio y de sus dinámicas socioeconómicas y territoriales ampliamente entendidas.
En el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) y luego en el primero de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) se hizo el intento de regionalizar el país. Se consideró, incluso, vincular ciertos distritos, en la terminología y la institucionalidad de la época, como la región occidental de Apure (luego objeto de una larga controversia por el Distrito del Alto Apure, conformado por los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos) y el distrito Cedeño del estado Bolívar a otras regiones: la Andina y la Sur, respectivamente. Tampoco deben olvidarse algunos esfuerzos loables que trataron de rescatar las ideas de regionalización, como el proyecto “Sistema Ambientales Venezolanos” mediante un amplio inventario de los ecosistemas del país y sus potencialidades y características no solo ambientales sino también socio-económicas, llevado a cabo con el apoyo de la Unesco por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en el gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984) y el Proyecto Orinoco-Apure que adelantó también dicho ministerio en el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989). No obstante iniciativas como esas, Venezuela tiene aún pendiente una reflexión plural y transdisciplinaria sobre las dinámicas espaciales y poblacionales que fundamente una adecuada y asertiva planificación para darles respuestas y soluciones a los retos y problemas.
Se requiere, en efecto, de una adecuada regionalización que no sustituya a los estados que son entidades consolidadas y espacios históricos, sino que más bien los potencie al integrarlos en regiones que faciliten no solo la planificación, aplicación y administración de las políticas públicas sino que estimulen el crecimiento sostenible y con identidad e inclusión, el aprovechamiento racional de los recursos y la elevación de las condiciones de vida de la población, con metas y objetivos operativos claros y factibles para la superación de la pobreza, la exclusión social, la discriminación, el racismo, la injusta distribución de la riqueza y otros fenómenos asociados, cuya adecuada ponderación contribuye a explicar el surgimiento y popularidad de gobiernos, políticas y programas populistas.
Como parte de concretar criterios eficientes de regionalización y establecer prioridades, emerge la necesidad de evaluar la construcción y promoción de una capital que, entre otros beneficios, estimule los desequilibrios poblacionales y demográficos y la desconcentración de la población en la región centro-norte del país, cuyos espacios y servicios se encuentran cada vez más colapsados. En diversas ocasiones, entre ellas también en el primer gobierno de Caldera y más tarde, aunque de manera quizá menos enfática, en el gobierno de Chávez, se planteó la posibilidad de erigir una nueva capital, al estilo de lo hecho por Brasil a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 y lo que actualmente está acometiendo Egipto, con el aprendizaje que se pueda derivar de ambas experiencias.
Otro asunto, estrechamente relacionado con este, es el tratamiento administrativo de las conurbaciones. Muchas de ellas son el producto de convergencias urbanas recientes o han sido divididas en varios municipios en el pasado. Recordemos, por ejemplo, una conurbación tan amplia como la que ocurre entre Barcelona, Lechería, Puerto la Cruz y Guanta, en el estado Anzoátegui. En conjunto esos centros urbanos pueden constituir la séptima o sexta ciudad de Venezuela, con más de 1 millón de habitantes, hoy dividida en 4 municipios (Bolívar, Urbaneja, Sotillo y Guanta) sin que se haya establecido un distrito metropolitano que las mancomune y sin olvidar la cercanía de una ciudad satélite como la conurbación entre Píritu y Puerto Píritu, también dividida en dos municipios. Otros casos serían Los Altos, llamados ahora mirandinos: Los Teques, San Antonio de Los Altos, Carrizal, San Diego de Los Altos, San Pedro de Los Altos y San José de Los Altos, divididos en tres municipios (Guaicaipuro, Los Salias y Carrizal); la Gran Maracaibo junto a los municipios San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada y Mara; Barquisimeto y Cabudare; la gran conurbación que constituyen Maracay, El Limón, Turmero, Cagua, Palo Negro, Magdaleno, Santa Rita, Santa Cruz, San Mateo, Tapatapa, Mariara y poblaciones aledañas que se proyectan hacia el eje La Victoria-Tejerías y, por el otro lado, hacia la Gran Valencia. Este es un caso también muy interesante, pues además de Valencia, están Naguanagua, San Diego, Los Guayos, Guacara, San Joaquín, Tocuyito y Güigüe. Tenemos además la situación de El Tigre y El Tigrito, también en el estado Anzoátegui, de San Cristóbal, Táriba y las ciudades cercanas, en el estado Táchira y del valle de Pacairigua con Guarenas y Guatire, para solo citar algunos ejemplos.
Estamos ante una evidencia sociodemográfica y territorial de gran importancia que debe ser evaluada. Se trata de un complejo fenómeno que parecería estructural y consustancial a los problemas de la dinámica poblacional no solo de Venezuela, sino de gran parte de América Latina y países pobres.
En ese contexto mayor debe entenderse la problemática de la ordenación espacial y poblacional del territorio venezolano, pero sin atropellar a los estados como realidades históricas y culturales, expresiones de identidades regionales y locales, y como una extraordinaria posibilidad de profundizar la federación venezolana. Algunas ideas que pueden servir de criterios básicos para reorientar el territorio venezolano son la democratización, la descentralización, la desconcentración y, sobre todo, insisto en ello dada la histórica negativa a aceptarla de forma plena, la federación que engloba todos estos aspectos.
Contrariamente a las ideas prevalecientes en los últimos gobiernos y a la excesiva centralización que han generado, debemos entender la gravedad y la irresponsabilidad del soterrado proyecto de desmembrar el estado Miranda. Ciertamente se trata de un estado complejo y diverso que lo integran cinco regiones, bastante distintas en apariencia y contrastantes: Los Altos, la zona urbana de Caracas, los valles del Tuy, el valle de Pacairigua (Guarenas-Guatire) y Barlovento. Cada una de ellas tiene sus problemáticas específicas, muchas comunes al estado. Con la excepción tal vez de Barlovento, las demás zonas están integradas totalmente a la dinámica urbana de la Gran Caracas; pero es una realidad que se extiende más allá del estado Miranda, pues abarca gran parte del estado Vargas o La Guaira y del estado Aragua (Tejerías, por ejemplo). Todas las poblaciones que, incluido El Consejo, están entre Tejerías y La Victoria prácticamente forman parte del área metropolitana de Caracas junto con los municipios mirandinos. Repensar las implicaciones de las llamadas “ciudades dormitorios” y “ciudades satélites” luce como una prioridad.
Separar los municipios urbanos de Caracas que pertenecen al estado Miranda lejos de generar verdaderas soluciones, sería un exabrupto histórico y social y un intento parcial, incompleto y simplista de repensar la organización espacial del país. Esto último solo puede entenderse con fines orientados fundamentalmente a la nefasta centralización del poder político. Con ello se repetirían errores del pasado.
Planteo nuevamente que un asunto que debería convocar a los venezolanos en el marco de la profundización de la federación como modelo político del país es la erección de una nueva capital. Sería un formidable proyecto de gran envergadura que, bien planificado y mejor ejecutado, permitiría dinamizar la economía y la sociedad venezolanas mediante la planificación y construcción de una ciudad. Esta pudiera ubicarse, como ha sido sugerido en el pasado, al sur del estado Guárico en una zona central del país, pero muy deprimida, próxima al Orinoco en sabanas altas no inundables, como en Santa Rita de Manapire (en el actual municipio Las Mercedes del Llano). Es una zona no solamente plana que facilitaría la construcción de un gran aeropuerto, sino la posibilidad de la interconexión fluvial con buena parte del país y por carretera y vía ferroviaria con polos de desarrollo muy importantes como Valle de La Pascua, (estado Guárico); Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz (estado Bolívar); El Tigre y la Mesa de Guanipa (estado Anzoátegui) y los campos petrolíferos del sur de Anzoátegui; Maturín (estado Monagas); la gran Barcelona (estado Anzoátegui); Calabozo (estado Guárico); Barinas, en los llanos occidentales; San Fernando de Apure; los estados Portuguesa y Cojedes; los valles de Aragua y Carabobo; y hacia el sur con Caicara del Orinoco (estado Bolívar) y Puerto Ayacucho (estado Amazonas).
En un tema como este debemos centrar la reflexión. Quizá esto lleve, en un plazo mediato, a la eliminación del Distrito Capital y la creación de un Distrito Federal, como debería llamarse a la circunscripción donde residan los poderes federales. A diferencia de algunas propuestas debatidas con motivo de la reforma de la Constitución de 1961, entre 1991 y 1992, en la comisión bicameral presidida por el entonces senador vitalicio Rafael Caldera, de disminuir el Distrito Federal al estricto centro de la ciudad de Caracas, aumentar ahora el Distrito Capital es retroceder e imponer ideas. Estas, en todo caso, deben ser ampliamente consultadas con eso que se llama “poder popular”, “pueblo”, “sociedad civil”, “el soberano” o simplemente el electorado, los ciudadanos de carne y hueso mayores de edad y por tanto con derecho al sufragio.
Una propuesta como la desmembración del estado Miranda debe ser sometida a un referendo aprobatorio y no dejarse a la discrecionalidad de representantes elegidos mediante procesos electorales cuestionados y de escasa o minoritaria participación popular. Es, pues, una lástima que se esté pensando en dividir al estado Miranda sin proponer una revisión más amplia de las realidades sociales, geográficas, geoeconómicas y poblacionales de Venezuela. Flaco servicio se hará a la sociedad venezolana en su conjunto, y especialmente a las colectividades y comunidades mirandinas con la desmembración del estado Miranda.
Los mirandinos, como un todo, pero también todos los venezolanos (porque hoy es Miranda, pero mañana puede ser cualquier entidad federal) debemos reaccionar ante la pretensión de dividir el estado Miranda, sin renunciar por supuesto al sueño de construir un país más próspero, más igualitario y más inclusivo. En el caso del estado Miranda, puede contemplarse que algunas de sus regiones tengan una mayor autonomía organizativa por razones culturales, históricas y geográficas, como pudiera ser el caso de Barlovento. Defender el estado Miranda es también una forma de exigir que se garantice la plena atención de su población y la superación de los extensos cinturones de marginalidad que la viciada práctica del centralismo caraqueño ha ido generando y ha hecho que varias zonas del estado, entre ellos los llamados municipios urbanos, y en especial los valles del Tuy y Pacairigua y gran parte de Los Altos se hayan convertido en áreas deprimidas y suburbios desatendidos y precarios de la megalópolis caraqueña.
Miranda es una realidad histórica y sociocultural. Defender su unidad es defender sus identidades y a sus gentes, su pluralidad y su sentido venezolano. Actuar sin reflexionar es tan irresponsable como inaceptable por perjudicial y suicida. Imponer de manera inconsulta o sesgada cambios de tal magnitud es contrario al espíritu democrático y a la idea de la democracia participativa.
Miranda no se merece una nueva traición. El estado Miranda debe hacerle honor a su epónimo y constituirse en precursor de una Venezuela distinta.