Sobre la prórroga que concedió la CPI al Estado para que informe sobre el avance del curso de las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, no dudo en afirmar que el sistema de justicia ha incumplido el memorando de entendimiento firmado con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al no procesar penalmente ni establecer responsabilidades.
Hasta los momentos la cadena de mando ha sido intocable, olvidándose de que la CPI solo procesa a funcionarios de alto nivel, a militares de alto rango y a jefes de Estado en ejercicio.
Esto incluye a los jefes de componentes del Plan Zamora (GN, Sebin, Cicpc, Dgcim, Conas, PNB) y la FAES, señalada como un grupo exterminio en ejecuciones extrajudiciales. Tampoco han tocado a los responsables de las torturas en los calabozos de estas dependencias ni de los 12 detenidos que fallecieron bajo custodia del Estado, lo que constituye una violación del artículo 43 de la carta magna que obliga al Estado a preservar la vida de los que están privados de libertad.
El Estado sigue menospreciando el alcance, la facultad y la competencia de la CPI en materia de investigación por crímenes de lesa humanidad y esto es un error, pues allí no cabe la diplomacia.
Las violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben.