La exigencia que hizo el Estado violador sistemático de los derechos humanos a la CPI de tener acceso a los formularios consignados por las 8.900 víctimas en apoyo al fiscal para que la Sala de Cuestiones Preliminares le autorice nuevamente a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad -detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradante calificado como un ataque sistemático a una población civil- solo ha dado muestras de una ignorancia total y una desesperación incalculable.
Desconoce que solo la Sala de Cuestiones Preliminares recibe este informe confidencial que ni el fiscal tiene acceso a él. El Estado también se equivoca al plantear una negociación para que se detenga la investigación, olvida que el sistema universal de los derechos humanos y la CPI no conceden privilegios a los investigados y procesados penalmente por «crímenes de lesa humanidad».
El sistema de justicia penal venezolano nunca investigó a los jefes de los componentes del letal Plan Zamora, que actuaron sin piedad en forma sistemática contra la población civil en el año 2017. Tampoco ha presentado evidencias convincentes de los avances en contra de los responsables de estos crímenes.
Aprovecho la ocasión para felicitar la valentía y el coraje de las 8.900 víctimas que ofrecieron su testimonio a la CPI. Es algo impresionante. Mi tesis de que la Corte Penal Internacional es la única vía se mantiene.