Hoy quiero alertar sobre la definitiva desaparición en Venezuela del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, ambos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
En la actualidad todos somos testigos de cómo a los detenidos por razones políticas el sistema de justicia les asigna un defensor público, vulnerando el derecho que tienen a la defensa privada.
Toda persona se presume inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero en nuestro país a los detenidos se les imputan públicamente varios delitos con posible condena sin conocer el por qué se le investiga ni los cargos. No hace falta recordar -¿o sí?- que toda persona tiene el derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo para ejercer su defensa. Esto en Venezuela se ha vuelto imposible: no se permite la juramentación de ningún abogado privado ante el tribunal porque ya tiene asignado un defensor público, con lo que niegan la revisión del expediente.
Ninguna persona puede ser obligada a confesarse culpable o declarar en contra de sí misma. La confesión será válida solo si fuera hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Está demás decir que esto lo han hecho no una ni dos, sino infinidad de veces, para presentar después en radio y televisión «el nivel de desmanes» cometidos por estas personas con las que solo tienen contacto ellos.
Por si todo esto no revistiera de suma gravedad, a la violación de todas estas garantías judiciales se suma la oscura actuación de un tribunal ya listo, con un juez del que nunca se conoce su nombre ni tampoco el lugar donde se realizará la audiencia de presentación. Eso sí, siempre el resultado es la privación de libertad por varios delitos previamente anunciados a la opinión pública.
La razón por la que ocurre esta violación sistemática de todas las garantías constitucionales y derechos humanos no es otra que la falta de independencia y autonomía de los poderes públicos, en este caso concreto de nuestro sistema de justicia. El debido proceso se encuentra en estado de coma…