DECLIVE GLOBAL EN EL ESTADO DE DERECHO: Entre 2022 y 2023, el Estado de Derecho volvió a debilitarse en la mayoría de los países.
WJP Rule of Law Index® 2023
En anteriores ocasiones, he venido refiriéndome al Estado de Derecho, su noción, sus características y su importancia con la idea de difundir el derecho, para hacerlo entender por aquellos que se encuentran fuera del ámbito de abogados y jueces, pues los temas cotidianos de seguridad, derechos, justicia y gobernanza nos afectan a todos; y, por eso, todos somos partes interesadas en el Estado de Derecho.
En esta oportunidad voy a exponer la visión que del Estado de Derecho tiene World Justice Project® (WJP), una organización independiente que trabaja para generar conocimiento, crear conciencia y estimular acciones para promover el Estado de Derecho a nivel mundial, entendido como un sistema de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario, en el cual se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial. WJP considera que un eficaz Estado de Derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de injusticias.
Fundado por William H. Neukom en 2006 como una iniciativa de la American Bar Association (ABA), WJP se convirtió en una organización independiente sin fines de lucro, en 2009, con oficinas en Washington D.C., Seattle, Singapur y Ciudad de México.
La WJP utiliza una metodología consistente en la contratación de expertos para la realización de encuestas y, también, consultan con determinadas firmas de abogados locales; y en cuanto a su financiamiento para todas sus actividades, el WJP recibe aportes de particulares y de distintos organismos e instituciones a nivel mundial.
Para WJP, un Estado de Derecho efectivo es el pilar para las comunidades, de justicia, oportunidad y paz, sustentando el desarrollo, un gobierno responsable y el respeto a los derechos fundamentales; y para justificar su insistencia en el Estado de Derecho, la WJP viene produciendo informes anuales de orden mundial sobre el comportamiento de los países a través del informe llamado WJP Rule of Law Index® (en adelante me referiré a él como el “Índice”) en el cual, desde 2015 ha evaluado más de 100 países y jurisdicciones anualmente, para alcanzar 142 en el 2023.
Como se observa, se trata de una organización que merece respetabilidad y sus informes arrojan resultados confiables en los siguientes factores: 1 | LIMITACIONES AL PODER DEL GOBIERNO 2 | AUSENCIA DE CORRUPCIÓN 3 | GOBIERNO ABIERTO 4 | DERECHOS FUNDAMENTALES 5 | ORDEN Y SEGURIDAD 6 | APLICACIÓN REGULATORIA 7 | JUSTICIA CIVIL 8 | JUSTICIA PENAL.
A los efectos de este artículo, me concentraré solamente en las dos últimos factores, es decir, la justicia civil y la justicia penal, circunscribiéndome a dos países, Venezuela y España.
El Factor 7 del Índice evalúa si las personas comunes pueden resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras irrazonables y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. También evalúa la accesibilidad, imparcialidad y efectividad de los mecanismos alternativos de resolución de disputas; y el Factor 8 evalúa el sistema de justicia penal de un país, señalando que el sistema de justicia penal efectivo es un aspecto clave del Estado de Derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para remediar quejas y emprender acciones legales contra individuos por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la prestación de justicia penal -añade- debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, abogados, fiscales, jueces y funcionarios penitenciarios.
Con respecto a la justicia civil en Venezuela, el Índice coloca al país en el penúltimo lugar, o sea, el número 141, mientras que España ocupa el puesto 30; y en la justicia penal, Venezuela sube al lugar 142 mientras que España desciende al 25.
El que Venezuela ocupe los vergonzosos últimos puestos en las justicias civil y penal en el ranking del Índice no es una novedad porque anualmente el comportamiento negativo del sistema judicial ha sido revelado en sus informes anteriores y las razones para ello no son un secreto, pues el Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, en su comunicado del 29 de enero de 2024 denunció la reiterada interferencia del poder político en el sistema judicial por la concentración de poder y la intromisión en la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la designación “a dedo” de los jueces al infringir la independencia de poderes, como lo determinó el informe de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en el que alertaba sobre la falta de independencia del sistema judicial venezolano y la inmensa tragedia que transitaba y transita la justicia por la corrupción y la sumisión de los jueces a las instrucciones políticas.
El caso de la justicia en España, si bien ocupa un lugar que podría calificarse de aceptable, aún deja mucho que desear. El Consejo General del Poder Judicial no ha podido ser renovado como legalmente corresponde desde 2018 debido a la negativa del Partido Popular (PP) a aceptar la invitación de Partido Socialista (PSOE) a designar los nuevos cargos dada la descarada intención de este último de topar el organismo con integrantes afines a su filiación política, estancamiento que ha ocasionado que la Comisión Europea de la Unión haya autorizado una mediación de su comisario de Justicia ante ambos partidos con el fin de lograr no sólo el nombramiento de los nuevos consejeros sino también que España adopte la normativa europea recomendada, o sea, “( … ) proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los Consejos del Poder Judicial ( … )” que preconizan que ese proceso se deje en manos de los propios jueces.
Sea donde sea, la interferencia política en el sistema judicial mina las bases del Estado de Derecho y acaba con el equilibrio de los poderes públicos y, por consiguiente, como dice la WJP, el Estado de Derecho es el fundamento de justicia, oportunidad y paz para una sociedad, sustentando el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto a los derechos fundamentales, relacionándose con un mayor crecimiento económico, una mayor paz, más educación y mejores resultados en la salud.