El Acuerdo de Ginebra fue el resultado de las políticas de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni sobre el conflicto con la República Cooperativa de Guyana por el territorio Esequibo. El canciller Marcos Falcón Briceño dio el paso fundamental al denunciar el 12 de noviembre de 1962 el Laudo Arbitral de 1899 ante las Naciones Unidas. Posteriormente, el 17 de febrero de 1966, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribió el Acuerdo de Ginebra. Un rotundo éxito de la democracia.
En 1899, cuando se dicta el Laudo Arbitral, Venezuela se encontraba ante el avance de la Revolución Liberal Restauradora. Cipriano Castro, jefe de la invasión andina, se aproximaba a Caracas para derribar al frágil y decadente gobierno de Ignacio Andrade. El laudo se dicta el 3 octubre de 1899, y veinte días después el Cabito toma el poder. Esta situación de crisis política y debilidad institucional fue aprovechada por Gran Bretaña para infligirnos una derrota, al tendernos una emboscada y despojarnos de parte de nuestro territorio.
El ambiente al momento del acuerdo de Ginebra era muy distinto, pues había un país dirigido por civiles con auctoritas, por su nivel intelectual y moral. Este éxito de Venezuela tiene como punto de partida el discurso de Marcos Falcón Briceño el 12 de noviembre de 1962 en las Naciones Unidas. Aquí se puede establecer una primera premisa: el prestigio de la clase política y la unidad del país en torno a un asunto de Estado es necesaria para el éxito en la disputa con Guyana.
El reverso del Acuerdo de Ginebra es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 18 de diciembre de 2020. En esta declaró su competencia para conocer la demanda de fecha 29 de marzo de 2018 de Guyana contra Venezuela. Se trata de nuevo de una derrota para nuestro país. Al igual que ocurrió en 1899, la decisión del pasado 18 de diciembre encuentra a un país dividido y hundido en una severa crisis política y económica.
La situación interna de falta de libertades, presos políticos y con un déficit de valores democráticos es un flanco débil para Venezuela. De ahí que en este momento es oportuno dar pasos sólidos hacia la solución del problema político interno para fortalecer nuestra posición en la disputa ante la CIJ.
Sería un grave error que los dogmatismos ideológicos y la intolerancia de los distintos sectores no permitan encontrar un mecanismo para resolver la crisis interna. Solo así podremos defender nuestro territorio de la amenaza que representa la controversia con Guyana. Cabe destacar que ya no solo se pretende despojarnos de parte de nuestro territorio, sino también de nuestro derecho sobre la fachada al Atlántico.
Lo que corresponde ahora es decidir si Venezuela debe comparecer o no al juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Sobre este asunto hay dos posiciones. La primera sostiene no participar porque la Corte no tiene jurisdicción sobre la materia, en vista del Acuerdo de Ginebra. La segunda es que Venezuela sí debe participar para defender sus derechos. Estoy entre quienes apoyan esta segunda opción
En efecto, antes de la sentencia de la CIJ, el gobierno, al no reconocer la jurisdicción de la CIJ, decidió no participar sobre la base del Acuerdo de Ginebra. Muchos estimamos que esa fue una decisión equivocada porque perdimos la oportunidad de presentar alegatos en nuestro favor, al tiempo que se envía una señal de rebeldía al panel de jueces, quienes podrían pensar que eso se hace por falta de argumentos. (Esta posición la sostuve en artículos publicados aquí en El Nacional los días 7.07.2020 y 22.12.2020).
La participación de Venezuela en el juicio ha sido defendida, además, por expertos en artículos escritos en esta misma página de El Nacional. En este sentido, tenemos los artículos de Milagros Betancourt y Victor Cedeño (La controversia con Guyana, en la fase de fondo ante la CIJ, de fecha 12.1.2021) y Héctor Faúndez (Un juicio que no se detendrá y Terco e irresponsable, de los días 1.1.21y 15.1.21). Igualmente, hay que mencionar la opinión de Fernando Ochoa Antich, quien, desde la mirada militar, ha publicado -también en El Nacional– dos artículos sobre el asunto: En peligro la reclamación del Esequibo I y II, del 24.1.21 y 31.1.21).
En el mismo sentido marcha el pronunciamiento del 13 de enero pasado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la decisión de la CIJ del 18 de diciembre de 2020. La Academia también sostiene que “Venezuela debe participar activamente en el proceso -así sea bajo protesta- para desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten”. Agrega “que no comparecer es una posición equivocada que puede tener un alto costo para Venezuela”. Hay una declaración de la Academia que no puede pasar inadvertida, es este: “El otorgamiento de concesiones petroleras por parte del gobierno guyanés en áreas marinas y submarinas que son de indiscutible proyección del territorio continental venezolano desde Punta de Playa (Estado Delta Amacuro), hace necesario las acciones de afirmación y salvaguarda de esas áreas, así como otras acciones diplomáticas y jurídicas en defensa de nuestra soberanía”. Así de claro.
Entonces, la participación en el juicio permite a Venezuela hacer sus alegatos y contrademandar para pedir la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Contamos con suficientes títulos que evidencian los derechos de nuestro país sobre el territorio en disputa. Para ellos disponemos de los estudios del padre Hermann González Oropeza y del profesor Manuel Donís Ríos.
Asimismo, hay que recordar la denuncia formulada por el abogado de Venezuela Severo Mallet-Prevost en memorando del 8 de febrero de 1944. En este documento sostuvo que el Laudo Arbitral le arrebató a nuestro país “un territorio muy extenso e importante, sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho” (The American Journal of International Law). Mallet-Prevot dictó este memorando con el propósito de ser publicado post morten para denunciar el fraude del cual fue víctima Venezuela. Todo esto le constaba porque fue testigo de lo ocurrido. Se trata de un texto relevante en esta secuencia de hechos históricos.
A lo anterior se añade que el veredicto arbitral, además de fraudulento, es inmotivado, carece de fundamentación. Estas son poderosas razones, entre otras, que permitirán fundamentar la solicitud de nulidad del Laudo de 1899.
Venezuela, al participar en el juicio debe designar un agente para que asuma la representación del Estado. Asimismo, se debe nombrar un juez ad hoc venezolano, como lo permite el artículo 31 del Estatuto de la CIJ. La selección de este juez debe ser el producto de una consulta entre los distintos sectores para buscar a un jurista idóneo de reconocida solvencia intelectual y moral. Aquí no puede haber espacio para sectarismos políticos ni mezquindades.
Este es un asunto de Estado, en el cual hay que deslastrarse de solidaridades ideológicas y cálculos políticos subalternos. Venezuela no puede confiar en los supuestos “aliados” que han declarado tener intereses contrarios a los nuestros. Aquí hay que recordar la declaración del canciller cubano de la época, Ricardo Alarcón, quien el 7.10.1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. Esto no puede pasar inadvertido en vista de la reconocida influencia del gobierno castrista sobre los asuntos venezolanos. En esta materia, Cuba tiene intereses opuestos a los de Venezuela. De lo que se trata es de defender nuestra integridad territorial sin doblegarse ante dogmas ideológicos. Por otra parte, los Estados Unidos realiza ejercicios navales con Guayana, al amparo de un acuerdo militar que han suscrito. Esto evidencia que tanto Cuba como Estados Unidos coinciden en su apoyo a Guyana.
Lo anterior nos pone ante un hecho claro: somos los venezolanos quienes debemos prepararnos para defender nuestro territorio. Un gobierno caracterizado por el sectarismo y una oposición dividida constituyen obstáculos para confeccionar nuestra mejor defensa. De nosotros depende el éxito o el fracaso.
En este asunto no puede haber parcelas inconciliables sino enlazadas hacia un objetivo: la acción conjunta, la unidad nacional para defender nuestro Esequibo.