En la controversia del Esequibo, que cursa ante la Corte Internacional de Justicia, entre el 17 y el 22 de noviembre pasado, la Corte ha oído los argumentos de Venezuela y Guyana sobre la excepción preliminar de inadmisibilidad interpuesta por Venezuela, en relación con la demanda intentada por Guyana para que se declare la validez del laudo de París, del 3 de octubre de 1899. Venezuela ya no discute la competencia de la Corte, lo cual es un asunto que ya estaba zanjado, por la sentencia que dictó la CIJ en diciembre de 2020. Lo que se planteó en estas audiencias es un mero incidente procesal, que suspendió el procedimiento sobre el fondo, y que no tiene que ver con el objeto mismo de la controversia, sino con la admisibilidad de la demanda. Durante dos días, Venezuela alegó que, por tener interés en el resultado del juicio, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte era una parte indispensable en ese procedimiento judicial, y que, al no ser parte en el mismo, la demanda era inadmisible. Este argumento es el último conejo en la manga que tenía Venezuela para intentar evitar que la CIJ entre a conocer del objeto de la controversia. Aunque las cosas no parecen haber ido como se esperaba en relación con este incidente procesal, hay que saludar -y celebrar- la decisión del gobierno de incorporarse al procedimiento ante la Corte, de hacer oír sus argumentos, y de defender los derechos e intereses de Venezuela.
Respecto de la excepción preliminar, en su momento, dijimos que ésta era una estrategia equivocada, y que no debíamos desviarnos de lo que -por más de medio siglo- había sido la posición tradicional de la cancillería venezolana, que se resume en tres puntos: 1) el procedimiento arbitral que condujo al laudo de París fue una farsa, 2) el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es nulo, y 3) Venezuela posee títulos históricos y jurídicos que demuestran que el Esequibo es parte integrante de su territorio. En un asunto tan claro y tan diáfano, que Venezuela ha tenido suficiente tiempo para preparar, no había que darle más vueltas, y había que abordar lo que es el núcleo de la legítima reclamación venezolana: la nulidad del laudo de París, y la soberanía sobre el territorio en disputa. Con esta excepción preliminar creo que perdimos el rumbo.
Si, en la controversia del Esequibo, ha habido la sucesión de un Estado por otro -el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por Guyana-, si es con Guyana con quien nos hemos entendido (durante 27 años) en la gestión de buenos oficios intentados por el representante del secretario general de la ONU, y si es Guyana quien ha sometido a la Corte la cuestión de la nulidad o validez del laudo de París, no tenía sentido insistir en la presencia del Reino Unido en este proceso.En mi opinión, no había razones jurídicas ni políticas para siquiera sugerir ese argumento, y mucho menos para plantearlo ante la CIJ. La causa de Venezuela no se vería favorecida por tener que litigar en contra de dos Estados -y dos equipos jurídicos- al mismo tiempo. Además, ¿cómo es que la participación del Reino Unido nos ayudaría a obtener un fallo favorable? Suponiendo que la Corte aceptara el argumento de Venezuela, declarando inadmisible la demanda de Guyana, ¿por qué, al volver a la etapa anterior a la demanda, estaríamos en una mejor posición que en la que estamos ahora, para obtener una solución definitiva de esta controversia?
Con esta estrategia Venezuela pretende poner fin a la controversia judicial, y volver a la mesa de negociación con Guyana (no con el Reino Unido). Pero, asumiendo que se pueda persuadir a Guyana para sentarse a negociar, si los argumentos de Venezuela sobre la nulidad del laudo y sobre la legitimidad de sus títulos territoriales sobre el Esequibo son suficientemente sólidos -como, en efecto, lo son-, ¿por qué sólo sirven para negociar eternamente, pero no para presentarlos y hacerlos valer en una instancia jurisdiccional?
En la exposición de su tesis sobre la presencia del Reino Unido como parte indispensable en el proceso, la delegación venezolana no estuvo a la altura que se esperaba. Si bien los alegatos de ambas partes han sido más que elocuentes, la Corte aún no ha dicho su palabra respecto de este incidente. Pero, por el momento, tenemos que observar que, en cuanto a la estrategia de litigio, lamentablemente, los hechos nos han dado la razón: Venezuela cometió un desatino. Adicionalmente, sí íbamos a utilizar esta ocasión para referirnos a hechos que han viciado de nulidad el laudo de París, teníamos que hacerlo de manera integral, bien articulada, y sin rodeos. Pero no teníamos que distraernos con teorías equivocadas, ajenas a la tesis tradicional de Venezuela, y alejadas del objetivo central de esta controversia, pretendiendo involucrar a otro Estado en el proceso judicial ante la CIJ. Si Venezuela tiene la razón y la justicia de su lado, no tenía ninguna necesidad de recurrir a recursos dilatorios que no podemos ganar, que nos colocan en una posición jurídicamente indefendible, y que nos restan credibilidad ante los jueces de la Corte y ante la comunidad internacional.
Me pareció muy bien que, en la primera audiencia, estuviera presente la vicepresidente Delcy Rodríguez, porque con eso se estaba poniendo de relieve la relevancia que este asunto tiene para el gobierno de Venezuela. Pero lamento que la señora vicepresidente se haya ausentado de las sesiones siguientes, del mismo modo que lamento que, en vez de incluir a amigos en la delegación venezolana, no se haya invitado a participar en la misma a algunas figuras representativas de la oposición, con lo cual se hubiera subrayado que éste es un asunto de Estado.
Después de la primera ronda de alegatos, me quedó la sensación de que quienes comparecieron ante la CIJ en nombre de Venezuela confundieron cuestiones de fondo con cuestiones preliminares, que sus exposiciones estuvieron mal hilvanadas, y que demostraron una incomprensible falta de preparación en un asunto que, curiosamente, había sido planteado por ellos mismos. Por el contrario, el equipo de abogados que representa a Guyana actuó coordinadamente, fue directamente al asunto tratado por la excepción preliminar, sus argumentos fueron presentados de manera bien estructurada, y demostró una envidiable solidez profesional. Esperemos qué va a decir la Corte; pero no creo que lo que diga vaya a ser una sorpresa para los expertos en Derecho Internacional.
Lo preocupante no es que quienes representan a Venezuela en la CIJ dieran un paso en falso en un incidente procesal en el que no podían ser sorprendidos por la contraparte, sino que hayan comprometido gravemente la credibilidad de nuestra posición ante el Tribunal, y que hayan puesto en duda la justicia de nuestra reclamación. Si es así, ésta parece ser la hora de cambiar de estrategia, y de renovar el equipo de abogados de Venezuela, sustituyéndolo por uno bien dirigido, que no esté asociado con este error garrafal, y que, en lo que concierne a la cuestión de fondo, sea capaz de preparar una defensa profesionalmente coherente con lo que ha sido la posición tradicional de Venezuela. Lo que está en juego es demasiado importante como para no rectificar. No hacerlo es resignarnos al fracaso más estrepitoso en la decisión sobre la cuestión de fondo, que es lo que verdaderamente importa.
Para ponerlo de la manera más condescendiente posible, lo menos que puedo decir es que, lo que observamos hace escasos días en la Corte de La Haya, por parte del equipo de abogados que representó a Venezuela, fue desafortunado. No teníamos que desgastarnos en un trámite inútil, que sólo nos aleja del objetivo fundamental de Venezuela, que es lograr que se repare una injusticia histórica. Si la idea de la “excepción preliminar” fue de los responsables políticos, nuestros abogados debieron advertirles lo que podía pasar, y no prestarse para cometer un desatino que no nos beneficia en absoluto.
Las cartas ya están sobre la mesa y, en este trámite ante la CIJ, Venezuela no ha mostrado tener un as bajo la manga. Una vez que la Corte decida este incidente, todo indica que deberemos entrar a discutir la cuestión de fondo: la nulidad o validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, y la determinación de la frontera definitiva entre Venezuela y Guyana. Ya no podremos seguir dándole largas. La fecha para que Venezuela presente su contra memoria se habrá pospuesto cinco o seis meses; pero, con o sin la contra memoria de Venezuela, dentro de 3 o 4 años habrá una sentencia definitiva, que será obligatoria.
Estuvimos muy mal asistidos en un asunto que no tiene mayor trascendencia, y que puede que perdamos. Pero debemos aprender de nuestros errores. Lo sensato es que las autoridades de Venezuela asuman su responsabilidad, y preparen sus argumentos sobre lo que es el objeto de esta controversia.¡Que esta vez no nos pillen fuera de base! Venezuela tiene sólidos argumentos para demostrar que el proceso arbitral fue una farsa, que el laudo de París es nulo, y que los títulos históricos y jurídicos demuestran que el Esequibo es de Venezuela. ¡Esa es la tarea que tenemos por delante!