En 1902, Lenin publicó un panfleto preguntándose qué hacer, y cuál debía ser la estrategia de un partido revolucionario en la coyuntura política de aquel momento. Ahora, resulta que los que mandan en Venezuela no saben qué hacer, y cómo abordar la defensa del territorio situado al oeste del río Esequibo, y que Venezuela reclama como suyo. En efecto, en respuesta a unas declaraciones de Brian Nichols, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, apoyando el proceso de licitaciones convocadas por Guyana para la explotación del petróleo y gas en una zona marítima pendiente de delimitación, la Asamblea Nacional de Venezuela ha acordado convocar a un referéndum, para que los venezolanos digan qué hacer respecto de la más que centenaria controversia del Esequibo.
No quiero pensar que ésta sea una medida que responde a las necesidades de la política interna, con un proceso electoral en marcha, en que el presidente de la República necesita envolverse en la bandera nacional para recuperar algo de popularidad. Eso sería irresponsable. Querer hacer de esto una versión venezolana de la guerra de Las Malvinas, pero sin que el régimen pierda el poder, aunque sepulte definitivamente la legítima reclamación venezolana por el territorio en disputa, sería demencial. Sin embargo, debo recordar que, hace tres o cuatro meses, un articulista se preguntaba si la defensa que está haciendo el gobierno de Venezuela del territorio del Esequibo es en serio o es una farsa. Esa columna iba encabezada por una fotografía de Fidel Castro, quien, desde fines de la década de los sesenta anunció el firme compromiso de Cuba con la posición de Guyana en esta controversia que, según Chávez, es una herencia del colonialismo.
Faltando seis meses para que venza el plazo para que Venezuela presente su contramemoria en el proceso actualmente en curso ante la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea Nacional quiere preguntarle a los venezolanos qué hacer. Eso deberían saberlo los abogados del gobierno, que son los que llevan el caso, y que son los que profesionalmente deberían estar en capacidad de dar una respuesta apropiada. Pero parece que ellos tampoco lo saben, porque no lo han estudiado, o porque no es su campo de experticia. Si estamos aquí es porque los abogados de Venezuela no han preparado la contramemoria que próximamente deberían entregar a la Corte.
Cuando la tarea de un gobierno es gobernar, lo cierto es que llama la atención la decisión de la Asamblea Nacional. Hubiera sido insensato esperar de John Kennedy, en medio de la crisis de los cohetes cubanos, preguntarle a los estadounidenses qué hacer. Y hubiera sido igualmente sorprendente que, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, Churchill le hubiera preguntado a los británicos qué hacer. Los líderes son para conducir y marcar un camino. Además, los autócratas nunca han tenido en cuenta la voluntad de sus pueblos. Desde luego, la opinión popular de los venezolanos, expresada en el referéndum de 2007, no sirvió de mucho, pues igual nos impusieron un sistema político que no queríamos. Tampoco se consultó a los venezolanos sobre si el Estado debía asumir la defensa de Alex Saab, procesado en Estados Unidos por graves delitos, ni mucho menos sobre un asunto de tanta trascendencia como era la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sobre el retiro de la OEA, o sobre nuestra alianza con Irán.
No está claro cuál sería la formulación de la pregunta de la Asamblea Nacional. Desde luego, no puede ser sobre lo obvio, como es si “está Ud. de acuerdo en que hay que defender la integridad territorial, o la soberanía nacional, o los derechos e intereses de Venezuela en el Esequibo.” Eso está fuera de discusión y, según los que saben, sería inconstitucional. Pero la Asamblea Nacional de Venezuela no se va a detener en lo que considera nimiedades.
Lo que sí está claro es que, con la actual estrategia y con el actual equipo de abogados, en ausencia de un equipo de profesionales capaces, que sepan lo que se debe hacer, y ante la perspectiva de una derrota anunciada, Venezuela está buscando pretextos para retirarse del procedimiento ante la Corte. En lo esencial, la pregunta que desean formular es: ¿Considera Ud. que Venezuela debe retirarse del procedimiento que cursa ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia del Esequibo? Eso es irse de la cancha en la mitad del partido. Esa es una estrategia equivocada, que a Venezuela le va a costar muy caro. La conducta de una nación no puede estar marcada por el miedo y la ignorancia de unos pocos.
Desde el inicio de este proceso, Venezuela debió haber pedido a la Corte la adopción de medidas provisionales, para preservar los derechos de las partes, y así se advirtió oportunamente, desde esta misma tribuna. Ahora, cuando Guyana convoca a un proceso de licitaciones para la explotación de yacimientos de petróleo y gas en la proyección marítima de la zona en disputa, es, de nuevo, la oportunidad de hacerlo. Pero el gobierno nacional ha preferido emitir un comunicado protestando por esa decisión, y la Asamblea Nacional le quiere preguntar a la ciudadanía qué es lo que debemos hacer.
Lenin sabía perfectamente lo que quería hacer, y la suya era una pregunta meramente retórica. La Asamblea Nacional de Venezuela también sabe lo que quiere hacer, que es no comparecer en la fase pendiente del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, pero echándole la culpa a los ciudadanos. Al final del día se podrá decir que es “el pueblo” el que quiere que nos retiremos del procedimiento ante la CIJ. Se podrá decir que el gobierno estaba listo para defender los derechos de Venezuela, pero que, “lamentablemente”, el pueblo decidió otra cosa.
Los que mandan -desde Miraflores o desde la Asamblea Nacional- tienen miedo de que Venezuela pueda perder, y quieren quitarse esa responsabilidad de encima. Por supuesto que podemos perder. Pero, si no comparecemos, con una estrategia coherente y con una representación de profesionales capaces, no cabe ninguna duda de que vamos a perder. Si eso ocurre, será exclusiva responsabilidad de este régimen.
Durante año y medio, Venezuela guardó la memoria de Guyana como si fuera un secreto de Estado, que no podían conocer los venezolanos. Fue más fácil obtenerla de fuentes guyanesas. De manera que, incluso suponiendo que el proceso de consulta sea transparente, y que el órgano encargado de contar las papeletas sea confiable, si se le oculta información a los venezolanos, ¿cómo puede pretenderse que ellos decidan sobre una cuestión técnica, que concierne a la conducción de las relaciones internacionales, y que es responsabilidad del presidente de la República?
Venezuela tiene seis meses por delante, y todavía tiene tiempo de cambiar su equipo de abogados y su estrategia ante la Corte. Venezuela tiene cómo probar, con argumentos sólidos, que el laudo de 1899 es nulo, y que el territorio situado al oeste del río Esequibo le pertenece. Cualquier otra cosa es dar manotazos de ahogado. La sentencia que dicte la Corte, dentro de tres o cuatro años, será obligatoria. Por lo tanto, lo único que está por delante es defender los derechos e intereses de Venezuela. ¡Eso no se pregunta! Si quienes hoy están en Miraflores son incapaces de hacerlo, y sienten que el calor los agobia, que se salgan de la cocina.