Desde que el Consejo Nacional Electoral puso fecha a las elecciones regionales y locales, la organización Súmate ha alertado que uno de los puntos que más crea desconfianza sobre la transparencia de este proceso es el registro electoral. Sin embargo, el ente comicial no ha dejado de asegurar que la lista de votantes está bien revisada y sin errores.
Justamente el lunes 11, un día después del simulacro del simulacro, comenzaron una auditoría con asistencia “virtual” de observadores que debió terminar el miércoles 13. Declararon luego complacidos que todo está acorde con lo esperado, que no hay inconsistencias en el registro electoral y que todo está listo para los comicios.
El rector del CNE Roberto Picón asegura que hay garantías técnicas para que no ocurra fraude con la lista de votantes en los centros electorales como las famosas captahuellas que, se supone, deben agarrar en el acto al que se le ocurra votar dos veces o al que suplante la identidad de alguna otra persona.
Sin embargo, nada se ha dicho oficialmente sobre lo que denunció en julio Súmate con relación a la discrepancia entre el número de fallecidos extraídos del registro y los que realmente declara el ente comicial en la Gaceta Electoral N° 982. De acuerdo con esto, hay más de 27.000 venezolanos muertos todavía con derecho de votar.
¿Incluirían a los 42.363 nuevos votantes que no aparecían en la lista en julio o los dejaron por fuera? ¿Quién tiene que responder por el derecho que le están coartando a estos venezolanos? También a mediados de año la organización especializada en temas electorales sugirió que se pospusieran las elecciones para darle oportunidad a los alrededor de 2 millones de personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años que no se habían inscrito hasta entonces. Ojalá hayan tenido oportunidad de hacerlo, pero eso dependió mucho de que hayan vencido el temor de tener que asistir a puntos de registro electoral que estaban ubicados “casualmente” en zonas en donde el PSUV tiene militantes, colectivos y hasta milicianos dispuestos a poner «orden» en los alrededores.
No son los únicos detalles que evidencian el delicado estado del registro electoral con el que se armarán las listas de votantes. Sobre todo si se toma en cuenta que el mismo rector Picón anunció la “municipalización” de este instrumento, con lo que la manipulación seguramente aumentará, y lo malo es que no hay testigos que alcen la voz o que se opongan a semejantes escaramuzas, pues parece que los supuestos partidos de oposición que decidieron participar no oyen las advertencias que hacen objetivamente los expertos en el asunto.
Hay muchas personas que se quejan de que han sido cambiados de su centro electoral original, y esto no ocurre solo para las elecciones de noviembre, sino que es una denuncia vieja, que ocurre cada vez que el gobierno chavista “arregla” unos comicios. ¿Cuándo se le va a dar respuesta a todas estas observaciones para que no quepa duda de que todos los venezolanos tienen las mismas oportunidades de votar? ¿Saben o han visto los invitados internacionales el estado del registro electoral como para certificar la imparcialidad con la que es hecho?
Lo inquietante es que todas estas preguntas han quedado sin respuesta desde hace tiempo, pero no por eso hay que callar. No se puede confiar en la calidad democrática de unas votaciones que parten de una lista manipulada de acuerdo con los intereses oficialistas. Así nunca pierden.