Esta semana, se oficializó que Eugenio Raúl Zaffaroni, abogado argentino y ex magistrado de la CIDH, asumiría la defensa de Pedro Castillo frente a los delitos de rebelión y conspiración vinculados al golpe de estado del 07 de diciembre de 2022 y por los que hoy Terrones se encuentra investigado y detenido.
Zaffaroni, jurista y magistrado argentino reconocido por sus trabajos académicos en Derecho Penal y por coleccionar escándalos mediáticos (desde admitir públicamente estar a favor de la parcialidad del juez y tener propiedades que funcionaban como prostíbulos), fue uno de los hombres de confianza de Néstor Kirchner y ha sido asesor legal de Evo Morales, Rafael Correa y Lula Da Silva en sus respectivos procesos penales.
Junto a Zaffaroni, la defensa de Castillo, hoy liderada Wilfredo Chávez, ex procurador general de Bolivia, será reforzada por un equipo legal compuesto por diversos personajes que, al igual que Zaffaroni y Chávez, están estrechamente vinculados con el grupo de presidentes y políticos de países latinoamericanos que hasta el día de hoy siguen afirmando que Castillo fue víctima de un golpe de Estado.
Esto no es una casualidad. Si bien Zaffaroni afirma que su primer contacto con el equipo legal de Castillo se dio en el marco de su participación en una serie de eventos académicos en el país, es evidente que estos refuerzos son parte de la estrategia de los compadres del golpista para no perder a Perú de la órbita de estados alineados con los dictámenes del Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla.
El perfil de los refuerzos
En primer lugar, debemos mencionar a Guido Croxatto, abogado argentino cercano a Zaffaroni quien, en una reciente entrevista, al ser consultado sobre el rol de Evo Morales en las recientes protestas en el Sur del país, respondió que “Todos los líderes populares de América Latina como Correa, Lula, Evo, Cristina, Petro, Boric, tienen un compromiso no solo con su país sino con América Latina” y que “Si Evo opina lo hace de manera constructiva”.
Croxatto ya ha podido entrevistarse con Castillo y, al igual que Zaffaroni, ya ha sido oficializado como parte de su defensa legal.
Otro personaje es Asdrúbal Gonzales, abogado venezolano quien, en 2015 y en su calidad de coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, afirmó desde la sede de la ONU en Ginebra que “Existe una campaña internacional mediática de desprestigio contra las instituciones del Estado venezolano (…) que ciegan las cosas positivas que se han construido en 15 años con la participación de la sociedad civil”.
Un año antes, el gobierno chavista reprimió despiadadamente las protestas masivas por la crisis económica y la escasez generalizada que, al día de hoy, ha generado el éxodo masivo de, por lo menos, 6 millones de venezolanos.
Finalmente, fuentes del diario ”El Comercio” afirman que al dream team bolivariano se sumarán los abogados de Lula da Silva, y que Gustavo Petro también tendría una participación significativa.
Propaganda disfrazada de Derecho
Según lo anunciado por Zaffaroni y Croxatto, su labor será la de elaborar dictámenes jurídicos para la defensa en instancias nacionales de Castillo, y asumir directamente su defensa directa en instancias internacionales.
En otras palabras, estos abogados serán los encargados de construir un sustento jurídico para la narrativa del “golpe contra Castillo”, que viene siendo difundida sistemáticamente por presidentes y activistas de la izquierda latinoamericana desde aquel infame 07 de diciembre.
En ese sentido, no podemos permitir que unos cuantos mercenarios del Derecho hagan pasar una estrategia internacional de propaganda política e intervencionismo como una labor de “defensa humanitaria en nombre de la justicia” y, para ello, es indispensable conocer la calidad personal y ética de estos “reconocidos juristas”.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú