La terrible situación sanitaria que se está viviendo en el mundo producto del nuevo coronavirus ha dejado al descubierto la capacidad de respuesta de los diferentes países para enfrentar la pandemia y darles garantías de seguridad a sus habitantes en todos los aspectos. Estas garantías se relacionan más que todo con la seguridad alimentaria y acceso a medicamentos. Derechos humanos fundamentales en cualquier país.
Es indispensable que los gobiernos ofrezcan a sus ciudadanos la seguridad de que van a contar con la atención y recursos ante los embates del virus en caso de llegar a contagiarse y sufrir dicha infección. No obstante, no todo es coronavirus y hay también otras enfermedades que deben tomarse muy en cuenta y ofrecer igualmente la seguridad de atención a quien la padece. Con relación a esto último, el paciente crónico se ha encontrado en una encrucijada y tragedia, por decirlo así, peor de la que sufría antes de la llegada del covid-19 a nuestro país.
La odisea del paciente crónico comenzó hace 5 años. La falta de respuesta para los medicamentos de alto costo ya se había hecho visible, pero esta crisis se agudizó aún más los últimos tres años. Venezuela recibió la pandemia no solo con una hiperinflación desmedida e indetenible, sino también con la exacerbación de la crisis humanitaria relacionada con la carencia de insumos y medicamentos y el deterioro de los centros de salud. A esto se suma la crisis alimentaria, lo cual aumentó los índices de desnutrición en los venezolanos, haciendo énfasis en los niños menores de 5 años. También se anexa la reagudización de las fallas de los servicios básicos y la falta de gasolina. Esto último ha impactado de manera importante en aquellos pacientes que sufren una enfermedad crónica y que tienen que acudir personalmente a recibir el tratamiento que los mantiene con vida. Y es que de eso se trata, el paciente crónico depende de un protocolo y esquema de tratamiento dependiendo de la enfermedad que lo aqueje, para poder lograr lo que todo ser humano anhela: el derecho a la salud y a la vida.
La cuarentena impuesta, pero a todas luces razonable, se ha caracterizado por la restricción y falta de un servicio vital como es el suministro de la gasolina. Sin combustible no hay nada.Y esto agrava aún más a los pacientes oncológicos o renales, es decir, aquellos que tienen la inmensa necesidad de trasladarse a los centros de atención respectivos a recibir el tratamiento específico o los que tienen que acudir a buscar la medicación a la farmacia de alto costo por otra enfermedad crónica, si es que la hay, pues no tienen cómo hacerlo.
Es de tal magnitud la restricción del combustible que ni siquiera con el informe médico o la evidencia de la atención que ameritan en un salvoconducto, a fin de mantenerse con vida, pueden ablandar el corazón de las fuerzas de seguridad encargadas de decidir quiénes reciben dicho suministro. Porque así estamos, dependiendo de la racionalidad y decisión de aquellos que tienen el poder de someter, el cual viola los derechos de los ciudadanos, pero más de aquellos que tienen la prioridad de ser atendidos y de los que prestan esta labor humanitaria: el personal de salud. Independientemente de que el paciente tenga coronavirus o no.
En el caso de los pacientes oncológicos, estos deben recibir un esquema de tratamiento, caracterizado por un ciclo cada 21 días en la mayoría de los casos .La falta de medicinas para la quimioterapia y la limitación del traslado para que reciban dicho tratamiento les altera la regularidad o la frecuencia de los ciclos, sufriendo el riesgo del avance de la enfermedad. En cuanto a los pacientes renales, aproximadamente 6.000 personas reciben diálisis a escala nacional, están igualmente muy limitados para acudir a las unidades donde reciben el tratamiento correspondiente, donde también fallan las máquinas y escasean los insumos. Así mismo, a los pacientes trasplantados, que suman 2.600, se les ha vuelto una tarea titánica la obtención del medicamento inmunosupresor y el traslado a la farmacia de alto costo.
En conclusión, esta pandemia y a su vez la cuarentena, la cual es necesaria, ha empeorado la situación de las personas con una condición de salud crónica. El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizarles su sobrevivencia durante el tiempo de confinamiento, lo que en definitiva no ha hecho. Esto último lo que ha ocasionado es acrecentar la tragedia que ya se vivía antes de la llegada del covid-19 con relación con la emergencia humanitaria compleja.Venezuela no estaba preparada para vivir en pandemia ni en cuarentena. El paciente crónico es una de las grandes prioridades.
@mariayanesh