El pasado martes 11 de agosto de 2020, la presidencia o mesa directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana hizo público un comunicado, con ocasión de la convocatoria formulada por el régimen a elecciones de la Asamblea Nacional. El comunicado generó una oleada de opiniones en diversos sectores de nuestra sociedad.

No es para menos. Los venezolanos, en su inmensa mayoría, somos miembros de la Iglesia Católica. Los obispos, sacerdotes y religiosos de nuestra iglesia se han ganado, por su obra, trayectoria, conocimientos y comportamiento, el respeto y afecto de nuestra sociedad. Una opinión, una recomendación o un reclamo de un prelado o de su institucionalidad, siempre merece y debe ser oído con atención. En el caso presente estamos en el deber de examinar su contenido para tomar todo lo positivo que el contiene, así como expresar nuestra conformidad o desacuerdo, en caso de existir alguna.

En el caso que nos atañe con mayor razón estamos en el deber de hacerlo, pues no se trata de una individualidad sino de la directiva de la conferencia. Si bien la materia objeto del comunicado no está referida a los dogmas de la fe, caso en el cual, para los políticos cristianos, sería de obligatorio acatamiento; si son temas concernientes a la vida social y política frente a los cuales es legítimo disentir. Bien lo señaló en un mensaje monseñor Ubaldo Santana: “El comunicado de la Presidencia de la CEV ha provocado disensos. Algo legitimo porque se trata de materia política no doctrinal”.

Este comunicado debemos examinarlo, en concordancia con los demás documentos que sobre la crisis venezolana, ha producido el Episcopado. También  debemos estudiarlo a la luz de la rica doctrina social de la iglesia, que  nos ofrece elementos fundamentales para orientar nuestro quehacer político. Ello no quiere decir que en un momento dado, no podamos tener una interpretación o lectura distinta, cuando por conocimiento o interpretación de un hecho político o social, lo consideremos pertinente.

La diversidad de opiniones suscitada fue tal, que desde el aparato de propaganda de la dictadura en TV y radio, las cuentas oficiales de redes sociales del PSUV, hasta otros pastores y teólogos, produjeron declaraciones, comentarios u opiniones relacionadas con el mismo.

Ello nos indica que hubo temas o ideas que no quedaron claras en dicho comunicado. El epicentro de la tormenta está en el punto 4 de dicho documento, que textualmente expresa:

Ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en  las elecciones parlamentarias. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en  las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún  resultado positivo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno”.

Debo expresar los puntos donde tengo una lectura política diferente a los de la directiva de la Conferencia. En primer lugar, respecto de la tesis de que la abstención “priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional” es absolutamente válida, si estuviésemos en una democracia que respete las competencias de los poderes del Estado. En una dictadura, como la que padecemos, eso no es posible.

Por el contrario los ciudadanos se frustran al ver que el Poder Legislativo no es acatado, ni respetado, pues los diputados no pueden ejercer sus funciones. Lo que realmente priva a los ciudadanos “del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional” es la soberbia conducta autoritaria de quienes usurpan el poder, imponiendo por la fuerza un sistema contra la Constitución y la justicia.

En segundo lugar, debo expresar que esta elección parlamentaria, en lo particular, por la forma como está ya diseñada, y por la situación política existente, no van a permitir “mostrar las propias fuerzas”, como se afirma. Estamos frente a un plan expresamente diseñado para que esa fuerza no se pueda mostrar, mucho menos se pueda hacer valer, ya en el campo de la conducción del Estado. Por la misma razón, entonces, “la participación masiva del pueblo” no “podrá vencer los intentos totalitarios y el  ventajismo de parte del gobierno”, pues ya no son intentos totalitarios, ya es totatilitario; y ya no estamos frente a un “ventajismo”, estamos frente al fraude abierto y declarado. Son situaciones, evidentemente diferentes.

Y en tercer lugar, mi diferencia con el comunicado está en la homologación que hacen de la abstención ocurrida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 (cuando efectivamente fue un error nuestra no participación), con la situación actual. Son dos momentos distintos, dos situaciones diferentes. Por lo tanto, la respuesta ante la presente situación debe tener en cuenta esa realidad. En mi columna del pasado 5 de los corrientes, titulada  “La circunstancia electoral” desarrollé  en detalle ambos casos, resaltando las diferencias entre ambos escenarios políticos. A ella me remito para no agotar mi espacio de esta nota.

Ciertamente, como lo ha señalado el teólogo Rafael Luciani en escrito posterior, “en ningún momento el comunicado habla de ir a “votar o no”. Luciani tiene razón en su afirmación, y en su referencia a lo que él estima medular del comunicado: “La celebración de elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos  políticos….”. El teólogo afirma en su escrito: “Los obispos no plantean el dilema entre el voto y la abstención. Sería una posición simplista”. Lamentablemente, esta idea medular no quedó clara del referido comunicado.

A mi modo de ver, la dirigencia democrática opositora, en general, y los democristianos, en particular, debemos oír el llamado de nuestros obispos a un mayor compromiso con el pueblo que sufre los estragos de la tragedia humanitaria. También debemos atender la observación de que nuestras decisiones no signifiquen una renuncia a la lucha política pacífica para lograr el cambio y la restitución de la democracia.

El mensaje de que la sola abstención “no basta”, es cierto. Representa una exigencia de una acción más enérgica, más eficiente y creativa en el campo de la  política.

Reiterando una doctrina  tradicional en la Iglesia, insisten en soluciones pacíficas, en respuestas políticas a la grave tragedia que vivimos los venezolanos. En esa dirección se inscribe nuestro entusiasta respaldo a la tesis de exigir una “consulta plebiscitaria” alternativa al fraudulento evento anunciado.

Más allá de estas observaciones, es importante ratificar nuestra valoración altamente positiva de la orientación y de la palabra de nuestro Episcopado. Son venezolanos honorables, auténticamente angustiados por el destino de nuestra nación. Por ello es menester, al rescatar la esencia de su mensaje, rechazar el extremismo y el oportunismo de quienes solo quieren que la Iglesia se haga eco únicamente de sus opiniones; o de quienes se agarran de una expresión o frase, fuera del contexto general, para justificar censurables conductas.

El extremismo evidencia fanatismo e inmadurez. Acusar a nuestros obispos de “claudicación”, de ingenuos que “caen en la maniobra de la tiranía” para llevarlos a producir “un cambio total en la posición de la CEV”, no hacen un justo examen de la trayectoria de nuestra iglesia, y abonan a generar un clima nada  propicio al diálogo y respeto que debemos tenernos,  todos los venezolanos amantes de la paz y promotores de un cambio, para el rescate democrático de nuestra patria.

El oportunismo también saltó tras el documento. Personajes ya conocidos, por sus deleznables contubernios con la dictadura, salieron de inmediato a celebrar como si la iglesia les estaba aprobando su conducta de operadores de la dictadura. Nada más lejos de esa manipulación es el comunicado. Al contrario, el mismo es claramente condenatorio de esas conductas.

El llamado de la Iglesia a no abandonar la lucha política, a participar en ella, así como su interpretación de la significación de la abstención, no representa para nada un aval a los diputados que se confabularon con el régimen para asaltar la Asamblea Nacional e instalar, por la fuerza, una directiva espuria.

Tampoco es un aval para los actores políticos que vienen, desde hace algún tiempo, sirviendo de agentes divisionistas y colaboradores en la estrategia continuista de la dictadura. Varios de ellos ofrecieron declaraciones, escribieron artículos o enviaron sus cartas a los obispos “felicitándoles” por su acertada decisión de llamar “a participar y a votar en las citadas elecciones parlamentarias”.

En conclusión debemos rescatar los elementos claros y puntuales de dicho documento. Por lo tanto estamos en el deber de denunciar el fraude en marcha. Denunciar, no solo a la dictadura que diseña ese fraude según sus intereses, sino incluir en la denuncia a quienes están ejecutándolo. No solo funcionarios del TSJ y del CNE, sino los agentes políticos, que presentándose como “dirigentes de la oposición”, son en verdad operadores de Maduro y su camarilla en la implantación de dicho fraude.

A la par, debemos diseñar y ejecutar la hoja de ruta, para movilizar al país frente al fraude.


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