Ahora que un tribunal de Estados Unidos escucha a testigos sobre la supuesta inmunidad de Alex Saab, no conviene olvidar que el sistema de justicia en Cabo Verde no sucumbió ante un “diplomático” de dudosas credenciales en el proceso de extradición del testaferro de Nicolás Maduro para responder por el cargo de lavado de dinero de la corrupción en el sistema financiero norteamericano.
El pequeño archipiélago frente a la costa de África occidental hizo valer el principio sencillo y a la vez contundente de que nadie está por encima de la ley, y el costoso equipo de defensa del empresario colombiano agotó todas las instancias queriendo demostrar en vano que este era un enviado especial de Venezuela a Irán.
Parece haber caído en el olvido que cuando a Saab se le acabó la fiesta y fue apresado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, Maduro -sabiendo de lo que carecía su socio- le quiso otorgar el estatus pomposo de “embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana”. Sin embargo, inmunidades como esas no suelen ser retroactivas y la desesperada argucia del régimen venezolano fracasó también.
Pero los fiscales que representan a Washington en el proceso otorgan mucha importancia a todo esto. Saab, afirman, no tiene estatus diplomático en Estados Unidos. “Sus alegaciones de inmunidad -subrayan- han sido litigadas y denegadas en su totalidad en Cabo Verde”, de donde fue extraditado el 16 de octubre de 2021.
En lo que fue considerado otro revés para Saab, una corte de apelaciones norteamericana rechazó en mayo un recurso con el argumento de la inmunidad presentado por el barranquillero y remitió el caso al tribunal de primera instancia en Miami, que hace una semana comenzó las audiencias para determinar si el acusado tiene inmunidad diplomática.
“Si parece un pato, actúa como un pato, grazna como un pato, entonces es un pato”, dijo Jonathan New, uno de los abogados de Saab, al alegar que su cliente tiene rango diplomático en la audiencia presidida por el juez Robert N. Scola. Pero la prueba del pato parece un recurso infeliz si se recuerda que uno de los documentos desclasificado este año por orden precisamente del juez Scola señala que el empresario colombiano entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega para “enfrentar cargos por su conducta delictiva”.
Es posible que Saab, que no es “salvajemente torturado” como los presos políticos en Venezuela, acceda a negociar. Tiene 50 años de edad y afronta una pena de 20 años de cárcel.
Eso probablemente implique delaciones y revelar secretos como el papel de su socio Álvaro Pulido en los negocios con la cúpula chavista del Cartel de los Soles, por cuyas cabezas todavía ofrece recompensas la justicia estadounidense. Ese individuo en realidad sería el antiguo narcotraficante Germán Enrique Rubio Salas, que tomó la identidad de otro colombiano que murió en 2005 en Miami.
Por eso el miedo acosa y persigue otra vez en las calles de Caracas a quienes insisten en la metamorfosis del aliado de Maduro y el socialismo del siglo XXI en el robo permanente, el saqueo del oro y el apoyo al terrorismo internacional. Y la retórica de solidaridad con “el hermano secuestrado” más bien sugiere angustia por lo que este sabe y pueda decir. Les ocurre lo mismo con sus representantes en las calles de Nueva York, Chicago y Miami. En esta última ciudad, según la prensa internacional, “un reducido grupo de personas” manifestó el 12 de diciembre frente a los tribunales con pancartas en las que pedían la liberación del “diplomático Saab”; el pato, según la defensa. O el diplomático apócrifo.