En Europa, a mediados del siglo XX, se rumoreaba que cuando los trabajadores de la fábrica Renault Billancourt tomaban las calles de París convocando a huelga, el país se estremecía. Esta frase popular contiene su mayor dimensión en Venezuela con los movimientos laborales desatados, a partir de las movilizaciones de los trabajadores petroleros.
Efectivamente, a propósito de la imposición reciente del convenio colectivo petrolero, vamos a identificar en lo que consiste esta política de Estado: el desmembramiento o mutilación de los convenios colectivos. En esta oportunidad comentaremos la brutal ofensiva del “presidente obrero” contra las reivindicaciones esenciales logradas históricamente con la sangre, sudor y lágrimas de los trabajadores.
Desde 1936, con la huelga petrolera de diciembre, se conocieron cambios profundos en la historia de nuestro país. No solo abrió la escena para los sindicatos, también marcó la milla en la lucha por la democracia, como sentenciara el filósofo merideño Picón Salas al señalar que Venezuela entraba oficialmente al siglo XX en ese año.
Un poco más tarde, en 1950, Fedepetrol y sus sindicatos convocaron a una huelga contra la dictadura de Pérez Jiménez, quien suspendió a AD, al PCV y a la CTV, pero no se atrevió a violar el segundo convenio colectivo petrolero vigente para diciembre de 1947. Contenido que sirvió de base para la firma del III convenio en 1960.
Con el restablecimiento de la democracia los precursores de los derechos de los trabajadores venezolanos disfrutaron hasta el año 2000 de 4 décadas de convenciones colectivas consecutivas, que garantizaron y mejoraron las siguientes áreas: Salario, Tabulador, Vacaciones, Comisariato, Viviendas, Educación, Atención integral de la Salud, Seguridad Industrial, Régimen de campamentos, Sobretiempo, Retroactividad de las Prestaciones Sociales, Jubilación, Seguridad Industrial, Meritocracia, Cláusula sindical de empleo en contratistas y el Fuero Sindical, entre otras.
Pues bien, luego de las jornadas de abril 2002 y el paro cívico nacional de 2002-2003, cuando los trabajadores petroleros fueron la vanguardia de la protesta contra el régimen autoritario de Hugo Chávez, fueron blanco de la ira gubernamental con el despido de 22.000 trabajadores de todas las nóminas: obrera, administrativa, supervisora, gerencial y corporativa. Así también, la derrota de la protesta tuvo otras víctimas y consecuencias, el control absoluto de las federaciones y sindicatos petroleros por parte del oficialismo, y el ataque frontal contra la joya de la corona: el convenio colectivo petrolero, el más avanzado de los trabajadores venezolanos.
Comenzó la ofensiva de desmantelamiento del convenio colectivo petrolero, con el control del empleo en el sector de contratistas, al arrebatarle desde 2005 a trabajadores, desempleados y sindicatos, la administración del ingreso al trabajo, sustituyéndolo por el Sistema de Democratización del Empleo (Sisdem) controlado directamente por la Gerencia de Pdvsa, usado como botín de guerra para otorgar empleo solo a adeptos al oficialismo. En ese contexto se impulsaron falsas cooperativas de trabajo asociado que excluyeron a decenas de miles de trabajadores de la protección del convenio colectivo petrolero en todo el territorio nacional.
La siguiente presa fue el Comisariato, casa de abastos implantada desde 1946 que garantizaba generosamente la alimentación para la familia del trabajador. Mediante un referéndum fraudulento, en 2005 fue sustituido por la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA), convertida en una caricatura por su nulo poder adquisitivo, al extremo de hoy complementarla con exiguas bolsas de comidas CLAP.
El siguiente paso fue unificar forzosamente a las federaciones petroleras en una sola, la actual FUTPV, mediante elección amañada en 2009 con la injerencia descarada de Pdvsa para garantizarse el control de los sindicatos de base y bloquear las protestas laborales que cada día se expanden por la precarización laboral en el sector petrolero. Ya lo decía en esa época el entonces ministro presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez: “No discutiré el contrato colectivo con ‘enemigos’ de la revolución, sino con aquellos sindicatos que se plieguen a los nuevos valores revolucionarios”.
Las consecuencias fueron nefastas, una a una fueron degradándose las conquistas citadas: las viviendas de los campos petroleros hoy, bien sea en la Costa Oriental del Lago, en Punto Fijo, en el oriente del país, son la viva imagen de lo que el viento se llevó, no se cumplieron los planes de vivienda prometidos; los jubilados penan por el robo del Fondo de Pensiones tasado en 3.500 millones de dólares, sobreviviendo con pensiones de 1.200.000 bolívares mensuales; la meritocracia fue eliminada por significar un concepto burgués; las escuelas de educación para los hijos son centros de misiones gubernamentales; los centros de salud se caracterizan por la ruina acelerada, para muestra el Hospital Coromoto de Maracaibo, lo que lleva a morir de mengua al trabajador que padezca cualquier dolencia o enfermedad industrial. Finalmente, el resto de cláusulas remunerativas están conectadas con el salario, que al no poseer poder adquisitivo es una limosna en medio de la pobreza nacional generalizada.
Por más de seis décadas se mantuvo la contratación colectiva petrolera, superando incluso las épocas más difíciles de ingresos petroleros y de gobiernos autoritarios. La ley mediante la cual se creó Petróleos de Venezuela consagró los derechos del trabajador petrolero y garantizó su estabilidad. Sin embargo, en los actuales tiempos de revolución, las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora de mantener la calidad de vida y las condiciones laborales mínimas pueden interpretarse como vicios del capitalismo y traición a la patria.
Por tanto, presentar el último remedo de convenio colectivo petrolero como un gran logro es un intento fallido de maquillar lo irremediable: la ruina integral del trabajador petrolero que se acrecentará con la hiperinflación que somete al país y que lo ha conllevado hoy a niveles de indigencia.