Restituir la República Civil no es solo una tarea moralmente edificante y sobre todo anhelada por la inmensa mayoría de los venezolanos, sino además una disposición eficaz para vigorizar la conciencia de libertad e igualdad que todos tenemos ante la ley. A partir de allí podrán resolverse muchos asuntos enmarañados en el dominante sistema –singularizado en la inexistencia de instituciones confiables–, así como también en materia económica, de modo tal que el país regrese a un razonable estado de bienestar colectivo que atienda las necesidades básicas de la población. La democracia representativa –con todos sus defectos e imperfecciones–, aún en las peores crisis políticas y económicas, reconoce y amplía los derechos del ciudadano, favoreciendo la consulta popular que allana el consenso y el cambio necesario –la alternabilidad del gobierno, como principio básico que impide a los titulares de cargos de elección popular eternizarse en el ejercicio del poder público–. Se trata pues de un Estado de Derecho afincado en la Constitución y en el equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también exigente de una mayor transparencia en el tratamiento de los temas de interés nacional, así como eficacia e idoneidad a la hora de resolver cuestiones de importancia para el común de los hombres. Solo con más y mejor democracia puede superarse una crisis profunda, favoreciendo los principios republicanos –los llamados a derrotar la escasísima tolerancia y excesos cometidos por regímenes de tendencia totalitaria–.
La estafa político-electoral de 1998 hace ya mucho tiempo que perdió credibilidad y sustento. Sin embargo, se ha mantenido y prolongado no solo por el absolutismo del régimen todavía imperante, sino por los confirmados disparates e inhabilidades de quienes todavía se dicen sus adversarios en la arena política –hay excepciones, sin duda–. Naturalmente, las asimetrías y los abusos de poder a cargo del régimen han tenido mucho peso en este insólito proceso de destrucción del país. Los consumados ataques a la separación de poderes, a la convivencia civilizada y a la libertad de elegir, siguen haciendo estragos, mientras se atenta contra la soberanía y se infunde el miedo en las calles de ciudades y pueblos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ello ha forzado a la población civil a huir de sus hogares, como demuestran las cifras de migrantes y refugiados. No puede haber confianza mientras no haya ley que se cumpla, mientras el Estado no pueda proporcionar seguridad ni justicia, mientras no haya condiciones mínimas que provean empleo estable y suficientemente remunerado.
Hoy se habla de elecciones primarias que permitirían renovar y sobre todo unificar liderazgos de cara a las elecciones de 2024. Plausible propósito que se ha venido retrasando y enrareciendo en su planteamiento fundamental: ¿Cómo llevar a efecto de manera diáfana y ante todo proteger la identidad y decisión independiente que corresponde a cada elector? En ese camino de esperanzas, el único llamado a imponer condiciones es el ciudadano liberado de prejuicios y de temores. Las primarias se desdoblan en ejercicio de soberanía electoral y por tanto no deben empantanarse en discusiones infértiles con una autoridad que ha perdido credibilidad en términos absolutos –también la de los partidos ha decaído notablemente, con las excepciones del caso–. Dicho lo anterior, solo procede convocarlas de manera autónoma y contando para ello con una acción ciudadana que se ha manifestado dispuesta a asumir los retos de la hora actual. Ello anticipará un comportamiento cívico y sobre todo muy firme a la hora de defender resultados electorales en el 2024.
Todo lo antes dicho nos obliga a repensar la política. El populismo –que no es una ideología como pudiera pensarse– viene compatibilizando con el despotismo y con movimientos identitarios –i.e. feminismos extremos, animalismos, indigenismos, ambientalismos– que no hacen otra cosa que minar las bases de la democracia. La soberanía del ciudadano no puede quedar condicionada por esas identidades que auspician la separación entre buenos y malos, pueblo y anti-pueblo, nacionalistas y traidores. Ese es el daño imperdonable que se le ha propinado a Venezuela desde 1998.
Las elecciones primarias impulsadas por la ciudadanía en activa oposición al régimen y para fines que le son propios –quede claro que no es esta la hora de los partidos políticos–, en tanto y en cuanto sean verdaderamente autónomas, están llamadas a elegir con absoluta libertad y limpidez a quien merece la confianza y tendría la disposición de articular una propuesta inteligente, razonable, realista y sobre todo capaz de galvanizar a las mayorías que claman por el cambio político y la reinstauración del Estado de Derecho en Venezuela. Un liderazgo renovador que ponga fin a esas inútiles confrontaciones internas entre factores de oposición. Porque claro que la ignominia, venga de donde venga, puede ser derrotada si la lucha se lleva hasta el final. Ese es el verdadero desafío de las elecciones primarias.