Cuando en el escenario político surgen personajes como el español Pedro Sánchez es necesario volver a leer y comprender a Jean François Revel, quien practica una pedagogía política de regreso a los hechos, a la subordinación de lo pensado a lo vivido. Decidir en función de la experiencia que concreta la validez de las teorías políticas resulta hoy poco menos que revolucionario, en lugar de lo que usualmente ocurre, determinar a partir de la teoría la naturaleza de los hechos. Un camino que conduce generalmente a deformar estos para que coincidan con aquella. Esto es necesario porque los que defienden la ideología socialista están siempre despiertos y en guardia, cambian sus instrumentales de guerra, pero hay que reconocerles que nunca descansan. Pierden en Argentina frente a Milei y ganan en España con Pedro Sánchez.
El tema de fondo para los que trabajamos en ciencias sociales es ver cómo desarrollar simultáneamente el Estado de Derecho, la libertad económica y la democracia política. Aunque parezca una perogrullada, los que defienden ideas liberales no usan la realidad como respaldo, responden a las elucubraciones marxistas con complicadas citas filosóficas, ideológicas. Entre nosotros bastaría ver, observar a Cuba o los ejemplos de la Unión Soviética como modelo político para entender lo que no debemos hacer.
Es válido preguntarse hoy cuál es la condición que permite que en Venezuela las ideas socialistas hayan impuesto el caos, la aniquilación de la economía hasta reducirla a la quinta parte de lo que era antes de su llegada. Los pobres son las víctimas y no protagonistas como les habían prometido, la ley se tuerce y sirve para justificar atrocidades como bien lo escenifica el fiscal, la política se convierte en terreno de trampas, surgen los alacranes, quienes intentan destruir partidos políticos y sustituirlos por entelequias incomprensibles por su obvia perversidad. El sistema de justicia se convierte en sólo un justificador de atrocidades.
Con esta referencia volvemos a leer la Tentación totalitaria y lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué el socialismo sigue siendo tentador y arrastra a miles de personas tras de ellos. No olvidar que contra Milei votó 40% de los argentinos; en Colombia, Petro ganó y en España, una cifra parecida respaldó la aventura de Sánchez quien perdió, pero como buen facineroso ideó un camino salvaje para retomar el poder, se apoyó en los renegados de la democracia política hasta ese momento prácticamente excluidos por las leyes españolas.
El interés por desmenuzar la Tentación totalitaria nos lleva a la pregunta ¿Por qué no le ha sido fácil a los socialistas apoderarse de Colombia y de México a pesar de haber triunfado en las elecciones recientes? No han podido destruir el aparato económico. ¿Qué ha descontaminado a Uruguay de ese peligro? Y por el contrario, por qué a Chávez-Maduro no les ha sido tan difícil penetrar y corroer a Venezuela. La respuesta hasta ahora nos lleva a mirar la importancia del Estado de Derecho, una institución que en los países donde su solidez es poderosa, la defensa de valores democráticos es posible. En el camino contrario es acercarse a entender que en las sociedades donde el Estado de Derecho es débil, la sociedad es débil, algo que parce obvio, pero no lo es tanto. Petro encontró en Colombia un fiscal general capaz de desafiarlo. En Argentina hay jueces y tribunales que respaldaron la transición. ¿Hemos nosotros, los venezolanos, construido un verdadero Estado de Derecho? Cuando analizamos la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos con un esqueleto institucional que solo sirve para apoyar los desmanes de Maduro o Chávez contra todo, la justicia, el pueblo, la libertad. Recientemente, un jurista miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaraba: “En treinta años que he permanecido en esta sede de la defensa de derechos humanos nunca había visto un fiscal general de un país que, en lugar de defender a los ciudadanos, se dedica a defender las atrocidades que comete su gobierno”. Obviamente la alusión estaba dirigida a Tarek William.
¿Por qué nuestro estamento jurídico es y ha sido tan débil para defender los valores de la democracia en todos los terrenos, en el social, en el económico y en el político? ¿Tendríamos que analizar este tema a partir de la influencia que significaba la riqueza y el poder político del Estado derivada de la propiedad de la industria petrolera? En realidad, durante la mitad del siglo pasado y parte del actual, la preocupación de fondo ha sido construir un poderoso Estado en manos del cual se delegaba todo el acontecer sociopolítico y económico. En Venezuela el Estado petrolero ha sido todo y la sociedad, el individuo, el ciudadano prácticamente nada. ¿Algún juez o tribunal intentó detener a Chávez cuando inició su proceso expropiatorio contra el país? Ante nuestros ojos ocurrió la tragedia, las empresas y fincas invalidadas, protegidos estos avances destructivos por las Fuerzas Armadas. Algún representante del Poder Judicial se levantó a defender el derecho de propiedad de los venezolanos. Al igual que valientemente hizo el fiscal colombiano, Francisco Barbosa, frente a Petro al recordarle que él era representante de un poder independiente y que el presidente colombiano no era su jefe.
La fuerza del determinismo de expropiar se derivaba de los confusos conceptos de justicia social y de la idea condenatoria de la creación de riquezas concebida como un producto de robar al otro. Por ello no provocó una movilización social que en Venezuela se despojara de la propiedad a productores agrícolas, se intervinieran industrias y comercios, hechos curiosamente abanderados por los propios trabajadores, quienes quizás pensaban que era justo arrebatar la propiedad a quienes la habían creado.
En esta búsqueda de justicia social se cometieron grandes desafueros y equívocos. Un ejemplo muy pernicioso consagrado por una nueva Ley del Trabajo (LOT) convertía la terciarización en un hecho delictivo. La lógica socialista planteaba que cualquier servicio o apoyo que ofreciera una empresa organizada a las distintas industrias o comercios eran en la práctica un atentado contra la creación de empleos y que por tanto toda acción proveniente de alguna pequeña o mediana empresa había que eliminarla, integrando de inmediato a los empleados y trabajadores de dichas empresas privadas a la nómina de la empresa receptora.
Con esta premisa vimos casos abominables en Guayana. Sidor contaba con una nómina de 5.000 trabajadores antes de la LOT y utilizaba en su práctica interna los servicios de innumerables pequeñas empresas que prestaban apoyo en los procesos de producción. LOT determinó que esta práctica era negativa para los trabajadores y por tanto conminó a Sidor a cancelar relaciones con las empresas que brindaban sus servicios y lo más insólito, obligó a incluir en la nómina a todo trabajador que anteriormente prestara servicios desde alguna pequeña empresa. La nómina de 5.000 trabajadores de Sidor por supuesto se engrosó, pasó a tener 15.000 trabajadores, una medida que contribuyó al fracaso económico de esta empresa básica del Estado. La empresa tuvo que construir un gran galpón donde alojaba a los nuevos trabajadores, muchos de ellos solo prestaban servicios de forma parcial, una vez cada 3 o 6 meses. Por supuesto, el gran galpón se convirtió en un infierno de personas que no entendía por qué las habían confinado a ese confuso lugar de trabajo. Sidor quebró.
En realidad, en Venezuela no se desarrolló una oposición tenaz contra los vicios y perjuicios que podían cometerse amparados en esta Ley del Trabajo que convertía a empresarios y trabajadores en enemigos de clases, siempre en discordia, moviéndose en una práctica antiproductiva que arruinó en parte a 90% de las empresas venezolanas que tuvieron que bajar la santamaria en nombre de una perniciosa justicia social. En la práctica no encontramos ningún movimiento a partir de la defensa de la libertad económica que se opusiera a esta ley, como tampoco se puede referir la existencia de una aguerrida posición contra la política expropiatoria socialista de Chávez. El Estado de Derecho como representación institucional de la democracia no estuvo presente. El fantasma de la explotación del trabajador, la enajenación del fantasma de la plusvalía robada al trabajador fueron decisivas en estos acontecimiento contra la propiedad y contra la empresa que caracterizaron al socialismo del siglo XXI en su toma total del poder político. Para no pecar de injusticia hay que nombrar a los aguerridos defensores del Estado de Derecho como Román Duque Corredor, María Corina Machado enfrentando las prácticas expropiatorias de Chávez en la Asamblea Nacional y al Foro Penal integrado por los actuales e incansables defensores de la libertad de los presos políticos.
La conclusión de estas ideas y recuerdos consolida la idea de que el Estado de Derecho es la gran institución que puede salvarnos frente a los intentos de incursión destructora del socialismo que convierte al Estado en la gran maquinaria sociopolítica que destruye lo que lleva a su paso. ¿Quién podría frontalmente detener a Ortega en Nicaragua? Sólo un cuerpo de leyes e instituciones que crean que la sociedad es el espacio para crecer, educarse, aprender, desarrollarse y ejercer nuestras responsabilidades y no un campo de guerra donde día a día nos enfrentamos con un enemigo fabricado por las ideas pérfidas del marxismo en las cuales el empresario y trabajador son enemigos y la única posibilidad real es la creación de un estado poderoso cuya lógica sea la concentración del poder y la eliminación de la responsabilidad individual de los ciudadanos.
Para finalizar estas digresiones creemos que el Estado de Derecho es una expresión espiritual de la libertad, de la autonomía del individuo para darle sentido a nuestras vidas. Y nuestra mejor defensa.
“Una visión de derecho y la justicia en la cual hechos y valores se ven íntimamente relacionados en toda experiencia humana en política” Carl Joachim Friedrich