—Barrabás. Has cometido un delito. Tu muerte está justificada. Es un delito grave.

—¿Estás loco? Cuál…

—Uno que hay que castigar muy duramente.

—¿Cuál?

—El delito de callar.

—¿Callar?

—Sí. Sabías la verdad y la enterraste dentro de tu boca.

(Arturo Uslar Pietri. Barrabás y otros relatos, 1928)

 

Uno de los elementos claves de la Cultura de la Legalidad es la cultura de la denuncia. Desde esta columna se ha insistido y se seguirá haciendo que nuestro país necesita transformarse y adoptar la Cultura de la Legalidad como la relación social idónea para la convivencia en armonía. Un comportamiento practicado por la ciudadanía que simpatice con el Estado de Derecho. Para lograr ese ideal es imprescindible respetar las leyes legítimamente aprobadas por instituciones democráticas transparentes.

El caso del régimen liderado por Nicolás Maduro sigue siendo el peor modelo de la Cultura de la Legalidad y por supuesto de la cultura de la denuncia. La manipulación de las leyes y del discurso político para tratar de eternizar en el poder a un grupo, resulta la mejor estrategia para la destrucción de la democracia. Además, si este grupo en el poder utiliza técnicas aberrantes de dominación, represión y control social, resulta más que un modelo de estudio de cómo un grupo humano destruye el mejor sistema de convivencia, resulta una experiencia dramática de cómo destruir una cultura.

Un episodio de esta atroz experiencia liderada por Nicolás Maduro es la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (ilegítimo) de reconocer a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. De esta manera, el ilegítimo TSJ desconoce no solo a Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo, sino a toda la directiva que lo ha acompañado.

El írrito acto del ilegítimo TSJ, el cual seguro será cumplido por las fuerzas de represión del régimen, además establece que cualquier persona pública o privada “que preste o ceda espacio” para la instalación de un parlamento paralelo o virtual “será considerado (sic) en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo”.

De esta manera, el régimen suma una nueva ilegalidad al largo historial que cada día desarrolla. Como bien es sabido, en enero de este año, el diputado Luis Parra fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional, sin contar con el número de votos y en contra de los procedimientos establecidos. Especialmente, violando la voluntad popular al no contar con la aprobación de la única institución democrática legítima que sobrevive en Venezuela.

La acción ilegal del régimen deja entrever el posible plan del régimen. Aprovechando, la situación creada por la pandemia universal y la respectiva cuarentena, el régimen tratará de invalidar políticamente a sus contrarios hasta forzarlos a abandonar el país o encarcelarlos para seguir intimidando a la ciudadanía. El reconocimiento sin validez de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional y su directiva, buscará la designación de una directiva para el Consejo Nacional Electoral. Tal interés para la designación de rectores del organismo comicial solo evidencia y confirma que el régimen prepara el escenario para aparentar una imagen democrática. Esta acción es más que extemporánea porque el régimen es autoritario, corrupto y violador consumado de derechos humanos. Además, sus líderes han sido acusados por las instituciones de justicia de otros países por delitos vinculados a la corrupción, al tráfico de drogas, al lavado de dinero y a la promoción de actividades terroristas.

Ante esta situación, los escenarios de reacción son cada vez más limitados. Llamar a la ciudadanía a rebelarse podría ser un acto suicida, aunque posible. Continuar invocando a la intervención militar extranjera, representa una acción de esperanza, razonable, sin seguridad y con sobrados riesgos. Denunciar, sigue siendo una estrategia válida. No importa desde dónde o de qué tribuna, es vital que la ciudadanía se mantenga vigilante y diga la verdad de lo que sucede a su alrededor. Incluso, en esta situación que vive el país, denunciar es desahogarse con sus demás iguales. Es vital expresarse a cualquier nivel y que la ciudadanía mantenga la conciencia encendida ante la barbarie del régimen.

Por su parte, la Fuerza Armada tiene una responsabilidad histórica. Más allá de todas las acusaciones que pesan en su contra y de las consecuencias que asumirá al final de este nefasto tiempo que vive el país del cual es actor principal y cómplice activo, la institución militar tiene el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Continuamente, es necesario recordar la obligación moral de la Fuerza Armada, en especial en los momentos más aciagos.

Arturo Uslar Pietri reflejó con exactitud el asombro de Barrabás al conocer su indulto y sobre todo al enterarse del crimen cometido por Jesús. En el cuento, Barrabás no era un hombre malo, pero decidió callar el asesinato de una persona. Por ello, el personaje termina devastado al saber que el condenado a la muerte era Jesús y que su crimen había sido decir la verdad.

La literatura al reflejar las miserias y las alegrías humanas siempre ha revelado el destino de las personas y sus sociedades. Dejemos a quienes decidieron interpretar el papel de Barrabás terminar como el cuento de Uslar Pietri. Nosotros conservemos la denuncia consciente y activa para alcanzar la verdad.

 


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