Este artículo fue escrito en el año 2018. Las circunstancias muestran que aún está en pie y también que es imprescindible recordar que hay un camino por seguir y un cúmulo de tareas básicas que cumplir para reconstruir Venezuela. Por ello renuevo la invitación a pensar en el origen de los problemas y en la insoslayable búsqueda de respuestas que nos angustia cada vez más.

Es pertinente asumir que al igual que ponemos a funcionar una lavadora o una computadora, los venezolanos requerimos urgentemente un instructivo simple, sencillo y directo que nos muestre una ruta segura para construir democracia, ley y libertad, o mejor, para alimentarnos el alma.

Con modestia, hay que reconocer las raíces de nuestros problemas las cuales en realidad no visualizamos. Debemos distinguir entre causas y efectos, los frutos de nuestros errores y todo aquello que se impone de forma aplastante en nuestra existencia.

En primer lugar, distinguir el papel del ciudadano en la consecución de los derechos y deberes que consagra la Constitución. ¿Protagonista o comparsa?

Frente al ciudadano se yergue el Estado, responsable del cumplimiento de los designios consagrados en la carta magna. ¿Cuáles son sus límites y responsabilidades indelegables?

Hay que someter a juicio permanente a los gobiernos elegidos por los ciudadanos. Les corresponde cumplir con la Constitución y con las instrucciones de los ciudadanos que los eligieron.

A continuación, una especie de instructivo para “armar” a Venezuela, con base en acciones simultáneas; es decir, si falla una, todas se autodestruyen.

  1. Acabar con la tiranía del Ejecutivo.

Antes de encender la maquinaria es imprescindible aceptar que tenemos un defecto de fábrica. El modelo de propiedad que emana de nuestra Constitución consagra la propiedad privada, pero de seguidas le concede la propiedad de los sectores generadores de riqueza al Estado. Esta es la falla estructural del modelo Venezuela, raíz de todos nuestros problemas. Cuando la Constitución concede este patrimonio al Estado, otorga un poder sobre los recursos del país al Ejecutivo, al presidente de la República, quien hereda toda nuestra riqueza y decide cómo usarla, de acuerdo con su visión o ideología. Esta disposición primigenia niega la existencia del equilibrio de los poderes públicos. Es una falla de origen que explica la ausencia del Estado de Derecho.

En Venezuela el poder es ejercido por un Ejecutivo tiránico, al que hay que arrebatarle el poder ilimitado sobre los recursos fiscales, terminar con su reparto discriminatorio, generador de pobreza, de falsas riquezas y corrupción.

Nuestro primer gobierno democrático tiene que comprometer a sus más ilustres juristas, de forma inmediata, crear las reglas y normas que limiten el poder del presidente, desarmar el Poder Ejecutivo que devora cualquier posibilidad de libertad y prohibir de forma drástica, pétrea, el otorgamiento de poderes habilitantes legitimadores de la tiranía.

2. Abrirse al mercado, ser productivos, rentables e incluyentes.

La libertad económica no es una fórmula secreta; no hay que inventar, es el método de los países ricos y eso lo saben muy bien nuestros economistas. No se trata de buscar igualdades artificiales quitándole a unos y dando limosnas a otros, sino más bien ser competitivos, productivos para acabar con la pobreza, que todos puedan alcanzar lo suficiente y cumplir con sus aspiraciones. ¿Invitación a explorar el Ordoliberalismo?

3. Aprender con salud y adquirir capacidades para ser productivos y rentables.

La libertad económica sin individuos sanos y con capacidades es una ficción que solo aprovechan las minorías. Venezuela está urgida de una salud y educación de primera para todos, para ser productivos, innovadores y prósperos.

4. Instalar el gobierno de la ley.

Nos urge establecer el equilibrio de los poderes, la legitimación de un Poder Judicial y la igualdad frente a la ley. Eliminar toda normativa restrictiva de la libertad de opinión, del poder de elegir y de la rendición de cuentas al ciudadano.

5. Anular la expropiación de ventajas comparativas al ciudadano y fundar el país de propietarios.

Decretar una agenda antipatrimonio público. Devolver lo robado por el Estado, material e inmaterial, el poder de decisión al ciudadano sobre su propiedad y reconocer inmediatamente el patrimonio generado informalmente por la mayoría que utiliza sus ahorros para construir propiedad.

6. Fundar una ética del trabajo y del emprendimiento como rasgo cultural esencial de los venezolanos.

La última instrucción es responsabilizar-involucrar al liderazgo democrático en la adopción de una ética del trabajo y el emprendimiento que reconozca la autonomía de los individuos en su proyecto de vida y a la vez sus responsabilidades y compromisos con la sociedad.

Acabemos con la utopía criminal del siglo XXI. Manos a la obra, ciudadanos.

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