El costo de la permanencia en La Moncloa de Pedro Sánchez se ha estado elevando hasta niveles inimaginables. Una sarta de petitorios han sido puestos sobre la mesa y el jefe del gobierno español no se ha despeinado para considerarlos porque desde el inicio de la actual administración le ha estado demostrado al país que está dispuesto a vender su alma al diablo para mantener el poder entre sus manos. No ha tenido el menor empacho en asegurar de viva voz que “hasta debajo de las piedras” irá a buscar el voto que se lo haga posible.
Para llegar hasta allí dos elementos muy protuberantes deberán ser acordados por el PSOE con los separatistas. El primero es una amnistía que supondría el perdón de los delitos cometidos por quienes participaron en el proceso secesionista de 2017. La amnistía no está establecida en la Constitución lo que divide a los juristas en torno a la posibilidad de implementarla. Los defensores de esta vía esgrimen la postura basados en que la amnistía sería constitucional porque la carta magna no la prohíbe expresamente. En el otro lado de la ecuación, los contrarios a la medida argumentan que ella equivaldría a un indulto general, prohibido expresamente en el artículo 62 de la carta magna.
Independientemente de la constitucionalidad del asunto –lo que no es concha de ajo- es cierto que en España parece crecer el sentimiento de que no es un disparate intentar pasar la página de aquel episodio histórico e intentar armar un clima de normalidad y convivencia. Esto pudiera estar en el ambiente, pero no puede ser considerado por el Rey a la hora de estampar su firma en una amnistía, cualquiera que sea el nombre que se consiga para poder avanzar hacia un alivio penal.
El tema del referéndum de autodeterminación es la segunda condición impuesta a Sánchez por Junts y Esquerra Republicana. Esto es harina de otro costal y sí que representa, hasta el sol de hoy, una frontera infranqueable. Los secesionistas supeditan su apoyo a que se fijen las condiciones para celebrar un referéndum de independencia y frente a ello Sánchez y el PSOE tienen claro que, aunque su voluntad se incline a efectuar cualquier concesión, el Rey, a su turno, se encontrará atado de pies y de manos gracias a la primacía legal absoluta de la Constitución sobre los estatutos de autonomía.
Muchos son quienes apuestan a que el actual presidente en funciones si está consiguiendo armar un diálogo proactivo con aquellos partidos cuyos votos son indispensables para mantenerse en La Moncloa y que las negociaciones sobre la exigencia del referéndum llegarán a buen puerto.
Hace falta, sin embargo, que al Rey –a quien le tocará encargar a Sánchez que arme su investidura en pocas horas- le conste que los 21 escaños vitales que estos representan sí engrosarán la cuenta del PSOE. Felipe VI deberá confiar a ciegas en su palabra porque ni Junts ni ER acudirán a la cita con el monarca para corroborar tal solidaridad.
Así las cosas, la posibilidad de una repetición electoral en enero es real.
Hasta el presente la estrategia puesta en ejecución por el monarca ha sido en extremo inteligente: a sabiendas de que solo un milagro haría posible que Núñez Feijóo pudiera armar su investidura le encargó al líder intentarlo y el período transcurrido desde la decisión del monarca ha servido para que todos y cada uno de los actores políticos muestren sus cartas al país español.
Para los radicales secesionistas ésta ha sido la gran ocasión de evidenciar con cuánta fuerza cuentan y de cuál manera ejercen su capacidad de manipulación sobre el proceso electoral. Solo que esto no se detendrá el día de la investidura, si Sánchez consigue armarla. Un gobierno de coalición estará obligado a contar con la aquiescencia de sus socios políticos en prácticamente todas las decisiones de Estado que deban ser tomadas en el cuatrienio que se inicia. Ese, de todos los costos, es el más pesado.