Un asunto que ejemplifica la atmósfera en la que se desenvuelve la sociedad venezolana es el contrato, esta figura tan común en las relaciones humanas no solo es una materia jurídica, sino que además es un termómetro que mide la salud de las instituciones del Estado y en particular los valores de un país. Si bien cuando hablamos del contrato los abogados pensamos en un negocio jurídico bilateral con derechos y obligaciones recíprocas, los que no son abogados ven el contrato como un papel que genera seguridad y certeza sobre un acuerdo, en algunas ocasiones pueden verlo como un trámite burocrático para poder concretar alguna cosa, pero en definitiva vemos el contrato como algo regular, un asunto que ocurre casi todos los días, cuando adquirimos un servicio, compramos algo, aceptamos una oferta de trabajo, adquirimos un inmueble, siempre está el contrato de por medio.
Desde hace décadas, vengo observando algo que debería ser motivo de preocupación no solo jurídica sino social, me refiero al irrespeto que el común denominador de los venezolanos tiene actualmente frente al contrato. Como de costumbre el comportamiento del gobierno suele generar un efecto espejo en la sociedad, si tus gobernantes son los primeros en irrespetar el contrato pues es cuestión de tiempo para que se observe la misma actitud en una parte significativa de tu sociedad.
Se supone que el contrato es ley entre las partes, así se suele decir en las lecciones jurídicas, pero para que ello se materialice es fundamental que exista un Estado de Derecho que lo haga posible y con ello no me refiero simplemente a un tribunal dispuesto a conocer una disputa en la que una de las partes alega que la otra no cumplió el contrato, eso no basta, es indispensable que la sociedad vea en el contrato un compromiso inquebrantable, que sea no solo un asunto de temor a la ley o a la justicia, sino un tema de valores ciudadanos, donde vemos en el contrato la obligación que tenemos de cumplir con nuestra palabra. El contrato debe ser un asunto de sociedad.
Cuando trabajaba en el Poder Judicial (años 2002 al 2007) apreciaba cómo el sistema comenzaba a confabularse para burlar las relaciones contractuales, por ejemplo, el gobierno deliberadamente no cumplía con su obligación constitucional de celebrar concursos públicos para nombrar los cargos de los funcionarios[1]. Esa obligación representaba correlativamente un derecho para todos aquellos que aspiraban detentar un cargo de carrera, pero la trampa estaba precisamente en que el gobierno incumplía la obligación del concurso para así poder dar por terminado –cuando quisiera– las relaciones contractuales que había celebrado con los funcionarios, el Poder Judicial lastimosamente se limitaba a sostener que no hubo concurso y por tanto ese funcionario no tenía derecho a la estabilidad funcionarial. Esto fue un arma particularmente empleada durante la solicitud de referéndum revocatorio donde fui testigo y víctima de la resolución unilateral de contratos de funcionarios en todos los niveles y organismos.
Pero ese no es el único caso, el gobierno se convirtió en lo que comúnmente denominamos “mala paga”, incumpliendo la mayoría de los contratos frente a sus proveedores de bienes y servicios, y contando con una serie de privilegios contractuales que los jueces no dudan en reconocer para justificar siempre en el supuesto “interés general” la actitud irresponsable de los entes públicos. Hoy Venezuela debe al menos 150 millardos de dólares y esto se debe en gran medida al desprecio que el gobierno chavista ha tenido siempre frente al contrato.
Sin embargo, esto no es solo un asunto de gobierno, me preocupa mucho más cómo la sociedad aprecia al contrato. Seguramente todos ustedes han estado en un escenario o bien tienen un familiar que ha sufrido las consecuencias del incumplimiento contractual, en particular asuntos vinculados a inmuebles, donde el vendedor luego de cobrar su inicial decidió a mitad de camino “echarse para atrás”, pretendiendo terminar unilateralmente el contrato mediante el pago de una penalidad. La cantidad de casos que llegaron a los tribunales civiles hace unos 5 años respecto al incumplimiento de contratos de compraventa de inmuebles fue gigantesca, casi todos eran iguales, el vendedor cobraba la inicial y luego quería terminar el contrato y limitarse a devolver el dinero (en algunos casos ni siquiera eso), el cual, luego de un par de meses ya estaba devaluado y depreciado gracias a las políticas monetarias chavistas.
Mismo problema en las relaciones laborales, se generó un nivel de alcahueteo tan grande a favor de los trabajadores que estos saben que pueden violar todos sus deberes frente a su patrono, porque el chavismo no permitirá que sean despedidos (salvo que trabajen para la administración pública chavista, claro está), es también un caso de incumplimiento contractual reiterado que vive nuestro país.
Personas que alquilaron un inmueble y luego simplemente no les daba la gana de devolverlo al propietario. No eran casos excepcionales como pueden suscitarse en cualquier país, son comportamientos comunes de nuestra sociedad y que necesitamos corregir. Ciertamente el sistema creado por Chávez Frías favorecía esos comportamientos, pero fallamos los venezolanos como sociedad al decidir formar parte de eso.
Entre todos los problemas que tiene Venezuela actualmente (inseguridad, deuda pública, sistema sanitario, etc.), el más grave es la decadencia de nuestros valores ciudadanos, el que hayamos llegado al punto donde el común denominador no le importa incumplir un contrato, donde además lo hace de manera dolosa, debería ser uno de los primeros puntos en la agenda de nuestro país ¿Cómo podemos ser una nación decente si la palabra no tiene valor, ni cuando queda por escrito?
Si bien la moral y la ley no deben confundirse, hemos llegado a un punto en el que, si no invertimos primero en valores, si no rescatamos la moral ciudadana, nunca volveremos a tener Estado de Derecho.
[1] artículo 146 de la Constitución de Chávez
@alejogallotti