Vivimos un tiempo nublado y su horizonte es una agónica lucha por la legitimidad. Dos fechas, dos decisiones. Por un lado el 6 de diciembre, pues en esa fecha están convocadas las discutidas elecciones parlamentarias donde el régimen mucho se juega, nada más y nada menos que intentar recuperar la legitimidad perdida. Independientemente de que se trata de un régimen usurpador, pues su legitimidad de origen es muy discutida, interna y externamente, en todas las ramas del poder público bajo su control, con la excepción de la AN, controlada por la oposición. Su poder, el poder político, es incontestable en el dominio de la fuerza, pero no en la legitimidad que lo justifica ante su pueblo. La fuerza, la violencia, puede sostener un régimen por un tiempo, pero no puede sostenerlo todo el tiempo. A ello hay que agregar la gravísima crisis social y económica que viven los venezolanos, sometido a condiciones de existencia deplorables, donde el vivir dignamente se ha convertido en apenas sobrevivir bajo condiciones indignantes.
El régimen necesita del éxito de las parlamentarias, pues sin ellas se les cierra toda posibilidad de lograr así sea una escasa legitimidad. La clave de su éxito depende de un sector minoritario de la oposición que ha decidido, bajo las condiciones que en una democracia mínimamente decente serían inaceptables, dada la ausencia de garantías en la defensa del voto, participar. La realidad está, como diría Edmund Burke, en que “no se gobierna una nación que tiene que ser castigada a perpetuidad”. Si las parlamentarias se efectúan y la gente decide participar, lo cual parece hoy cuesta arriba, obtendría el régimen el anhelado oxígeno para sostenerse en el poder y así arrostrar los enormes desafíos que tiene por delante.
Mientras, la oposición democrática, dolorosamente dividida, sigue confiando en la capacidad de Juan Guaidó para aglutinar a las grandes mayorías en torno a una hoja de ruta clara y creíble, así como un pacto unitario que active la movilización popular en función de la pertinencia de un gobierno de transición que nos conduzca a unas elecciones verdaderamente libres, tal como lo pauta la Constitución. El desafío de la oposición democrática pasa por la realización de una consulta popular que abra los caminos de la plena legitimidad y la asunción de un gobierno para la transición que contribuya a la anhelada reconciliación de los venezolanos, y así enfrentar con éxito la fatídica fecha del 4 de enero, pues ese día termina inexorablemente su gestión la actual AN.
Vivimos un tiempo nublado, pero tiempo al fin no cerrado para la esperanza y la claridad de los caminos. La nación y sus hijos tienen derecho a recuperar las tradiciones democráticas de la República civil, y retomar la ruta del progreso económico y social, con el aprendizaje a cuestas del tiempo perdido.
Dos fechas dilemáticas se acercan en nuestro firmamento (el 6 de diciembre y el 4 de enero) llenas de desafíos, que así como pueden cerrar caminos, pueden insospechadamente abrirlos. Allí se encuentra el inmenso valor del reciente comunicado de la CEV, pues es un llamado a agitar las conciencias, ayudar a abrir la imaginación de los ciudadanos y su dirigencia en la lucha contra la arbitrariedad, y así encaminar al país gracias a una transición presidida por un gobierno inclusivo de emergencia nacional surgido de la consulta popular mencionada, donde cesen las rivalidades y los egos personales que tanto daño han hecho a la unidad que reclamamos la inmensa mayoría, y que se nos niega en fútiles diatribas de dirigentes sin vocación de liderazgo ni claridad de miras. Decía Uslar Pietri que las generaciones que no cumplen las tareas de su época quedan fallidas en la historia. La actual joven generación no puede bajo ningún concepto fracasar, pues como ya otros lo han dicho o escrito, lo que está en juego no es solo la democracia, sino también la República. Se trata de una inmensa responsabilidad.