Nuevamente la cúpula roja nos ha aplicado su conocido guión del fraude legal y político, en su empeño de perpetuarse en el poder. De nuevo han recurrido al manejo de los tiempos y a la violación de la Constitución para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral.
En estos últimos años han tomado el libreto diseñado y puesto en práctica en la antigua República Democrática de Alemania. Bautizar al sistema como “democrático” instaurando una dictadura, con un Parlamento decorativo, y con supuestos partidos de oposición en su seno, inhabilitando y persiguiendo a los auténticos factores opositores.
El 28 de febrero del presente año, en las instalaciones del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (Cerpe) de la UCAB, contiguo al Colegio San Ignacio de Caracas, le expresé al diputado Ángel Medina, presidente del Comisión de la Asamblea Nacional para la designación del CNE, que el gobierno rojo jamás permitiría un órgano electoral donde no tuviese el control absoluto, y que en consecuencia bloquearía el proceso, salvo que la oposición democrática aceptase entregarle la mayoría de los integrantes del cuerpo. La naturaleza autoritaria y deshonesta de la cúpula roja abortaría la función del parlamento para llevar la designación al TSJ; órgano montado con incondicionales personajes, para quienes el derecho y la ética no los obliga, por encima de su sumisión, a quienes, les han encumbrado, sin tener credenciales, en unas magistraturas; hoy, convertidas en simples dependencias al servicio de la ambición corrompida de la camarilla. Lógicamente, comentamos, la Asamblea y la Comisión deberían seguir intentando cumplir su función.
El tiempo ha llegado, se cumplió lo previsible, precisamente cuando ya no lo hay para limpiar el sistema. La premura de la elección parlamentaria colocará de lado este elemento esencial. Se alegará que la elección de la AN debe hacerse, a más tardar en diciembre, a los fines de que la nueva legislatura se instale el 5 de enero de 2021.
Esto, además, dejando también de lado el fraude cometido en la elección del 20 de mayo de 2018, y la consecuente usurpación derivada de la misma.
No podía ser de otra forma. Maduro y su camarilla no pueden competir en una elección que no controle de forma milimétrica. Por eso maniobraron para llevar la decisión a su zona de confort (la Sala Constitucional), por eso amarraron la mayoría con tres damas ya probadas en su fidelidad a la primera combatiente, quien es la principal decisora en estos casos. Por eso dejaron en las suplencias a los verdaderos operadores del monstruo.
Por muy buena voluntad que puedan tener los rectores provenientes de factores no militantes del PSUV, no hay forma de superar esa muralla.
Ya el régimen tiene elaborado los textos para completar el guion conocido. Se trata de cambios legales que la usurpadora sala constitucional autorizó a efectuar al nuevo CNE, convirtiendo a este cuerpo en Parlamento, en un aberrante vaciamiento de la función legislativa a la que se ha sometido a la legítima Asamblea Nacional.
Modificar la ley Orgánica de Procesos Electorales, en sede administrativa, será la primera aberración que veremos en la nueva directiva del CNE. Cambiarla para evitar una sorpresa, para evitar que la plataforma no oficial pueda lograr más curules. El actual sistema de mayorías, puesto en marcha cuando el PSUV contaba con apoyo popular y podía ganar la mayoría de los circuitos electorales, ya no le conviene al régimen. Por eso la va a cambiar. Esto significa que existirán menos diputado electos nominalmente y más elegidos por la lista. En paralelo se diseñan ya los nuevos circuitos, que tendrán mayor dimensión geográfica y mayor población electoral. Ello, sumado a la división impulsada desde el gobierno con métodos inmorales, permitirá que el PSUV controle la mayoría.
Los temas de fondo para garantizar un sistema electoral transparente no serán abordados, no habrá voluntad política, so pretexto del tiempo, desde ahora hasta diciembre para poderlos resolver.
El más importante, el Registro Electoral. Su actualización, resolviendo la inconstitucional privación del derecho al voto de los venezolanos en el exterior, requiere de un trabajo para el cual se necesita tiempo, ya escaso, si tomamos en cuenta la magnitud del mismo.
Estos elementos los traigo a colación, porque no faltarán los que recomienden esperar la instalación y las actuaciones de los nuevos rectores. En veinte años de intenso intercambio político, de observación de los patrones de conducta, conociendo los planteamientos formulados por el oficialismo en el seno de las comisiones parlamentarias, pero sobre todo, conociendo el talante amoral de la cúpula roja, es nuestro deber advertir sobre la agenda por venir y sobre las ya conocidas conductas fraudulentas.
La situación coloca a la sociedad democrática en una difícil encrucijada. Dejar a la dictadura sola con su simulacro electoral o asistir a la contienda, plenamente conscientes de la forma cómo va a desarrollarse el proceso.
Aunque puedan hacerse estudios comparativos, respecto de la estrategia y resultados en los procesos cumplidos desde la instauración del gobierno comunista en 1999 hasta ahora, la situación ha evolucionado hacia un escenario cada día más fraudulento, más hostil, más contaminado por la política corrompida y corruptora de la dictadura.
Lo cierto es que han confiscado el voto y han cerrado la ruta electoral. Frente a esa realidad no es posible legitimar el fraude. Tampoco desaparecer de la escena, abandonar la política. Desde la oposición democrática estamos en el deber de adelantar una política alternativa, toda la cual no puede ser anunciada a la cúpula usurpadora. El cese de la usurpación debe ser replanteado. No podemos olvidar el fraude del 2018. Mientras Maduro busca pasar la página de su ilegitimidad. Nosotros debemos mantenerla en alto, solicitando al mundo nuestro llamado a permitirle al pueblo venezolano la oportunidad de una consulta libre, organizada por organismos de la comunidad internacional, para decidir nuestro destino.
Si Venezuela viviese una democracia, la elección parlamentaria seria de vital importancia por el rol que ejerce dicha institución en un Estado de Derecho. Pero en una dictadura, que para nada respeta a la misma, lo fundamental es el rescate de la democracia.
En consecuencia, los venezolanos tenemos derecho a votar libremente para decidir si queremos continuar con este socialismo, o queremos cambiar a la democracia. A lo que no estamos obligados es a hacerle comparsa al fraude.