Por Alex Fergusson
El socialismo bolivariano ha producido la catástrofe económica, social, política y ambiental más grande, y también el más grande sufrimiento que haya experimentado el pueblo venezolano en la historia reciente del país.
La magnitud de la crisis es tal, que la gente comenzó a creer que no hay futuro para sí misma y para el país, como en Cuba o Nicaragua, si no se produce un cambio sustantivo en el modelo de gobierno y en la forma de conducir las políticas públicas.
Ahora está claro para la mayoría que no se puede construir un país próspero con un modelo socioeconómico de mercantilismo feudal y extractivismo de recursos naturales no renovables y con un modelo político de autoritarismo represivo e intolerante con la disidencia, en lo que constituye una amalgama entre la peor versión del capitalismo salvaje y la dictadura izquierdista de El Partido.
Desde esta lógica estatal no hay manera de recuperar la economía, ni la estructura sociopolítica que ha sido desintegrada; tampoco puede haber participación, democracia y libertad.
En el ámbito económico, la situación no puede ser peor. La industria petrolera –la principal fuente de ingresos del país– fue destruida por la corrupción, y hoy solo es capaz de producir el 10% de lo que producía hace 30 años.
Hasta donde se sabe, el saqueo a los dineros de Pdvsa supera los 50.000 millones de dólares.
Lo que queda es una empresa que ya no es competitiva, que no tiene personal calificado ni relevo generacional, que perdió su posición en el mercado, que no tiene recursos financieros para operar y que ya es incapaz de producir derivados como combustibles, lubricantes y otros productos petroquímicos.
Algo parecido ocurrió con la actividad industrial y manufacturera. Las principales empresas internacionales y muchas nacionales del ramo, quebraron, se fueron del país o fueron expropiadas.
Se estima que, solo entre 2002 y 2012, se expropiaron unas 1300 empresas –las más importantes del país– y cerca de 300 propiedades privadas, incluidas empresas de producción e insumos agropecuarios y de la industria alimentaria.
Como era de esperarse, la producción nacional de alimentos cayó estrepitosamente y hoy somos un país sin seguridad alimentaria ni soberanía, que depende de las importaciones para las cuales hay cada vez menos dinero.
«Venezuela se arregló»
La frase «Venezuela se arregló» ahora circula en las redes con una fuerte carga de ironía y se le atribuyen a una estrategia perversa del gobierno para proyectar una imagen más favorable a su lamentable desempeño económico y social.
Si la comparamos con la situación del 2018, y consideramos que habíamos abandonado el ciclo de hiperinflación, que hoy vuelve a amenazarnos, la situación económica actual puede parecerle mejor solo a los incautos.
Lo cierto es que entre 2013 y 2021 la economía venezolana se contrajo en 75%. Por ejemplo, la inflación en 2016-2020 se situó entre 500% y 800% y, aunque luego mejoró brevemente, en la actualidad está en el orden de 300%, mientras que el gasto público se redujo alrededor del 30% anual, producto del grave déficit fiscal.
Por su parte, las reservas internacionales disminuyeron de 35.000 millones de dólares en 2009 a menos de 10.000 millones de dólares en abril de 2022.
Como si fuera poco, el total de la deuda consolidada del país, ascienden hoy a 181.000 millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales del país.
El efecto de esta larga crisis se refleja en la realidad social de los venezolanos, como muestran los recientes estudios sobre condiciones de vida, los cuales revelan, por ejemplo, que 24,8% de los venezolanos está en situación de pobreza extrema y que 60% de la población vive con inseguridad alimentaria entre moderada y grave.
Así mismo, el 54 % de los niños y muchos adultos tienen algún grado de malnutrición o desnutrición; además, la morbilidad y la mortalidad en sectores vulnerables, especialmente niños y parturientas, han crecido a cifras alarmantes por la ausencia de medicamentos e insumos hospitalarios.
Por su parte, el nivel de pobreza que se había reducido entre 1999 y 2012 en términos de ingresos monetarios, hoy se encuentra en su valor más alto pues el salario mínimo mensual cayó, en solo tres meses, a 6,2 US dólares, y está peor que antes del inicio del gobierno de Chávez.
En el ámbito de los servicios públicos entramos, hace años ya, en unos niveles peligrosísimos de inseguridad en la generación de electricidad, en la disponibilidad de combustibles –gasolina, gasoil y gas–, y en el acceso al agua y a la salud.
Los cortes de electricidad –de hasta 60 horas por semana–, el permanente racionamiento de agua –una vez a la semana–, la posibilidad de surtir gasolina para el auto –también una vez por semana y hasta 30 litros por mes–conforman el panorama de los servicios.
Como si fuera poco, hoy, más de 50.000 mil familias están afectadas por las lluvias, centenares de muertos y decenas de carreteras truncadas por derrumbes y miles de hectáreas agrícolas inundadas, lo cual ha venido a agravar las ya precarias condiciones de vida de la población.
A esta crisis económica y social, debemos agregar la crisis ambiental.
Y es que nuestro país no enfrenta los retos de la sustentabilidad ambiental, y cuando lo hace, ello ocurre sin planificación y sin compromiso político, a pesar de haber sido pionera en legislación e institucionalidad ambiental en América Latina y el mundo.
A la fecha, estamos retrasados en la entrega de los informes quinquenales sobre Cambio Climático y la comisión que los producía fue disuelta hace ya unos diez años. Pero, además, las acciones oficiales van en contra sentido de la prevención, mitigación y adaptación frente a los impactos y de la conservación de la mega diversidad biológica de la cual dependemos.
Basta ver las consecuencias ambientales, sociales y políticas de lo que está ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco, y con el estímulo a la minería ilegal en el resto del territorio de la Amazonía venezolana.
Súmele a eso, las catastróficas intervenciones con fines turísticos autorizadas en los más importantes Parques Nacionales del país.
Agreguemos finalmente, los derrames petroleros y la intensa deforestación con fines comerciales en las cuencas altas que suministran el agua a nuestros ríos, todo lo cual condujo a la pérdida de más del 45% de los bosques naturales del país en los últimos 20 años.
Así pues, nos toca trabajar para salvar a un país que se desenvuelve atrapado en el círculo vicioso creado por el socialismo bolivariano y que nos ha convertido en una nación económica, social, política y ambientalmente insustentable.
Publicado en el diario El Debate de España