Desde que me vi emplazada por la realidad de que Antonio Ledezma fue convertido en prisionero político del régimen, me dediqué a luchar por su libertad y la de tantos otros venezolanos víctimas de procesos judiciales y policiales perpetrados al margen de lo que los abogados llaman el debido proceso.
Fue una tarea sin tregua y libre de sectarismos. Trabajamos igual por Antonio, como por Leopoldo López, Daniel Ceballos, Vasco Da Costa o Vilca Fernández. Todos eran merecedores de nuestra solidaridad y sabiendo que decenas de esos presos no contaban con la posibilidad de que la voz de sus familiares más cercanos, expresaran sus denuncias ante organismos internacionales, nosotras, que sí teníamos esa oportunidad de ser atendidas en escenarios de Europa y América toda, procurábamos hablar por todos los perseguidos en nuestro país.
Y desde esas tribunas hacíamos escuchar la queja, no solo por Antonio, no solo por su libertad personal, sino por lo más importante: liberar a Venezuela de esa perversión de régimen.
Recuerdo que la primera vez que me permitieron ver a Antonio en la cárcel militar de Ramo Verde, después del natural abrazo, Antonio se dedicó a explicarme por qué era necesario y útil que su mensaje, desde el cautiverio, tenía que centrarse en llamar a la unidad con propósitos. Para esa fecha se esperaba que se fijaran las elecciones parlamentarias, que en definitiva se establecieron en el calendario para diciembre de 2015.
Hoy retumban en nuestra memoria las voces de la ciudadanía apoyando la elección de nuevos diputados, con la firme esperanza que esos nuevos parlamentarios designaran a su vez, nada más al juramentarse, a los integrantes legítimos de los poderes públicos claves para producir el desenlace por la vía constitucional. Nada de eso ocurrió. A destiempo se designaron unos cuantos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, a los días de jurar como tales, se vieron forzados a ponerse en resguardo en territorio extranjero.
Han pasado casi cinco años y la narcotiranía continúa usurpando los asientos correspondientes a rectores y magistrados en el CNE y en el TSJ, respectivamente. Y así proseguir con las maniobras para urdir trampas electoreras. Está muy claro entonces, que mientras esa tiranía prevalezca, no habrá posibilidad de realizar elecciones soberanas, libres de apremios como ha sido la regla impuesta desde esas últimas pugnas electorales de diciembre de 2015.
Al día de hoy está a la mano de cualquier analista el inventario de todos los esfuerzos puestos de manifiesto por la ciudadanía venezolana. Llevamos más de dos décadas haciendo todo lo necesario para ver si rompemos este maleficio. Hoy esa lucha persiste. Nada hará posible que la ciudadanía, que ha luchado tanto, se rinda. ¡Eso jamás!
Lo que debemos hacer está también muy claro, por eso no hacen falta más consultas, sino acciones que conduzcan a lo que la gente quiere dentro de Venezuela y lo que se espera desde esa comunidad internacional que nos respalda abiertamente y sin vacilaciones. ¡Es el cese de la usurpación!