Ilustración: Juan Diego Avendaño

Hace apenas unos días, mientras Nicolás Maduro festejaba sus 10 años continuos en el poder, se anunció en Venezuela el desmantelamiento de una banda integrada por altos funcionarios del Estado (o de su empresa petrolera) que habrían traspasado miles de millones de dólares provenientes de las exportaciones del crudo a sus cuentas personales.  Resulta imposible creer que el gobernante (y su partido), que tienen a su disposición extensos servicios de investigación, ignoraran los hechos de corrupción mencionados (que todo el país comentaba). Parece más bien, que los mismos acompañan el ejercicio del poder durante 23 años de la “robolución” chavista-madurista.

Desde la independencia la corrupción ha sido un vicio venezolano (y latinoamericano) que ha invadido todos los ámbitos de la vida social. Aparecieron signos del mal durante aquel tiempo. Pedro Camejo le reveló a Bolívar: “Yo había notado que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después … con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna”. Incluso, se denunciaron irregularidades en los empréstitos de guerra. Algunos de los Próceres (como José Tadeo Monagas) no dieron buen ejemplo. En tal grado se extendió que se “rumora” que integra el ADN de los venezolanos. A pesar de ciertas acciones espectaculares (confiscación de los bienes de Juan Vicente Gómez, creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa en 1945, extradición de Marcos Pérez Jiménez) no se la ha combatido en forma eficaz y permanente. Garantiza impunidad y facilita ascenso social.

Debe reconocerse, sin embargo, que durante el período democrático la mayoría de los mandatarios dieron ejemplo de honestidad y buena administración: Rómulo Betancourt o Raúl Leoni, Rafael Caldera o Luis Herrera Campins, llevaron, incluso vida modesta. Cierto es que no puede decirse lo mismo de algunos de sus subordinados. Con todo, se establecieron normas y prácticas para combatirla, aunque demostraron ser insuficientes (especialmente con relación a los actos de quienes incitan a la corrupción). La Contraloría General de la República (creada apenas en 1936) funcionó con regularidad y sin interferencias indebidas, confiada a personas de probada honestidad, sin vinculación con el partido de gobierno y aceptadas por el principal de la oposición (como Luis A. Pietri Yépes, Manuel Vicente Ledezma, Manuel Rafael Rivero o José Ramón Medina). A partir de 1999 no se exigieron esas condiciones: los titulares del organismo han sido militantes (o incluso, dirigentes) de la “robolución”.

Aún en tiempos de gran pobreza, los gobernantes se las ingeniaron para apoderarse de los escasos recursos del Estado, provenientes esencialmente de los impuestos de exportación o importación. “A mí no me den, pónganme donde haiga” –frase muy popular en América Latina– seguramente la pronunciaron muchos de quienes pedían ingresar en la burocracia. Algunos formaron fortunas con el manejo de rentas que se les confiaron (como las del aguardiente). También se apropiaron de bienes públicos (como los baldíos o las tierras confiscadas). A veces se hicieron adjudicar mediante remates bienes confiscados por la autoridad a la Iglesia o a otras instituciones). En una operación con bonos de la deuda Guzmán Blanco se quedó con la hacienda Chuao, que pertenecía a la Universidad de Caracas. De muchas formas, Gómez adquirió fincas, propiedades urbanas, fábricas y otros bienes en todo el país. Lo mismo hicieron los mandatarios regionales en sus respectivas jurisdicciones.

Sin embargo, aquellos gobernantes autócratas y deshonestos, se preocuparon siempre, más que por explicar sus fortunas, por mostrar la obra (servicios o infraestructura) de su gestión. Era una forma de rendir cuenta, pero también de ocultar el robo de los dineros públicos. Lo hicieron los caudillos de los tiempos de pobreza (1850-1925). Guzmán Blanco, quien se hizo llamar “Ilustre Americano” y promotor del progreso, ordenó la construcción de algunas obras emblemáticas de la capital (Palacio Federal Legislativo, Teatro Municipal, parque El Calvario, basílica Santa Teresa), introdujo adelantos modernos (teléfono, luz eléctrica) y quiso impulsar el crecimiento económico (estadísticas, moneda nacional, plan de ferrocarriles) y la educación (decreto de instrucción pública y obligatoria). Las disposiciones de este último no pasaron del papel, según lo mostró Samuel Darío Maldonado, ministro de Instrucción Pública en 1909. Para entonces sólo 36.832 alumnos (5% de la población en edad escolar) asistían a las 1.195 escuelas existentes.

Pareciera que “una bomba” le estalló en las manos al régimen. La conformación de un clan de corrupción dentro Pdvsa era ampliamente conocida y había sido denunciada en repetidas ocasiones a los más altos niveles del poder. Nadie, sin embargo, había actuado, como si no se tuvieran noticias del delito. Asombra la pasividad de la Judicatura, la Contraloría y la Procuraduría; también de la Fuerza Armada, implicada a través de oficiales de alta graduación. Se pensaba que, como en otros casos (la fortuna de la familia del “caudillo”, el desfalco del plan eléctrico nacional, la quiebra de las empresas básicas), la opinión pública volvería los ojos hacia otros asuntos y terminaría aceptando la impunidad. No ocurrió así, porque las acciones afectaron seriamente los ingresos petroleros, sustento del Estado, y además porque formaban parte de un proyecto para apoderarse tanto del poder, como del movimiento que le sirve de instrumento electoral.

La corrupción que se ha desarrollado durante estas dos décadas “robolucionarias” (¡son 24 años!) es diferente a fenómenos anteriores: 1. por la magnitud de las sumas apropiadas: diversas investigaciones señalan que oscila entre 300 y 500 millardos de dólares. El monto exacto parece imposible de determinar (repartido y escondido en todo el mundo) 2. por la participación de los más altos funcionarios (tanto del aparato estatal como de las empresas del estado), incluso, por miembros de la familia del “caudillo” (cuya fortuna se exhibe sin recato). Muchos de aquellos tienen causas abiertas en tribunales de varios países 3. por el reconocimiento de los implicados. Algunos de los principales indiciados han admitido la comisión de los hechos e, incluso, han llegado a acuerdos con organismos judiciales del exterior para, mediante la colaboración en las averiguaciones y la entrega de sumas de dinero y bienes, obtener una disminución en la pena.

Contrasta la amplitud de la corrupción con los escasos resultados de la gestión. Los ingresos fiscales durante los años de “robolución” pasan del billón de dólares (cifra superior al total del tiempo anterior, cinco siglos, desde 1498). El balance (recursos–beneficios) es negativo. Ni siquiera se ha cumplido con las tareas de mantenimiento. Por eso, el país está menos dotado que en 1999; y la población carece de los servicios que entonces tenía. Unas pocas cifras comprueban el fracaso: de 2013 a 2022 (N. Maduro) el PIB se desplomó de 371,34 millardos de dólares a 47.255 millardos de dólares y la producción petrolera a 716.000 bpd. La inflación acumulada alcanzó 971.233.440,134%. Los índices de pobreza general y extrema saltaron a 94,5% y 76,6 %, respectivamente. El salario mínimo equivale a $5,41 mensuales. La tasa de muertes violentas (40,4 por 100.000) figura entre las más altas. Como consecuencia, 7,2 millones escaparon al exterior.

Juan Vicente Gómez, quien murió en cama propia en Maracay, se sentía complacido de haber impuesto la paz y el orden, logrado la integración territorial, organizado la hacienda pública, liberado al tesoro de la deuda externa y creado el ejército nacional (con aviación incluida). En la prensa exhibía con orgullo sus obras: carreteras (9.400 km), plantas eléctricas, acueductos, casas de gobierno, parques (como el de Carabobo). Y las primeras fábricas modernas (algunas de su propiedad). Según la propaganda oficial funcionaban 4.000 camas en 50 hospitales y 150.000 estudiantes asistían a las aulas Por supuesto, no mencionaba la falta de libertades y la carencia de instituciones democráticas, ni los presos políticos o los que vivían en el exilio (“malos hijos de la patria”). Se discute el balance, pero el país era mejor que el heredado del “compadre” Cipriano. No pueden decir lo mismo quienes mantienen el poder en Venezuela desde 1999.

Los casos recientemente difundidos (que los jerarcas conocían y ocultaban) confirman que la corrupción caracteriza el ejercicio del poder en Venezuela. A pesar de las promesas, no se ha erradicado ese vicio, aunque se dijo era el objetivo principal de la insurgencia. Más aún: se ha agravado y extendido (como durante todos los períodos revolucionarios). Alcanzó magnitud jamás vista y llegó otra vez a los altos mandos del Estado. Sus efectos han sido desastrosos. Además del daño moral, ha causado la muerte de miles de personas, la miseria de millones de familias y la huida de 20% de la población.

Twitter: @JesusRondonN


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