Ese martes 6 de abril, el canciller del régimen se hacía los últimos arreglos frente al espejo antes de dar comienzo a la rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Como en ocasiones previas, sintió la necesidad de ensayar algunas frases de ese otro falso relato que estaba a punto de compartir. Uno más de aquellos que, de tanto ser repetidos, se convierte, a los ojos de los altos funcionarios y otros incautos, en una verdad absoluta. En cierto instante, fijando la mirada en sus labios, pudo escuchar con incómodo y sofocante rubor: “Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar, en Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado”. De repente, le pareció que aquella no era su voz; que el contenido del enunciado que repetía -en ese momento tan cínico y absurdo– cobraba forma y se devolvía implacablemente contra él, como la propia imagen de su rostro reflejada en el cristal.
Nadie puede saber con certeza lo que ocurre en ese mundo interno y atormentado de un funcionario como Jorge Arreaza, que, atrapado en esa continua e interminable carrera hacia adelante, al igual que otros camaradas de fatal destino, debe estar añorando la simplificada paz y tranquilidad de aquellos buenos tiempos universitarios.
Una carta repleta de falsedades
Lo cierto es que el señor Arreaza, utilizando todos los instrumentos diplomáticos a disposición del régimen, dio a conocer – durante la rueda de prensa preparada con fina intención para relatar “sus verdades” sobre los acontecimientos en el maltrecho estado Apure – lo que ya había adelantado el sábado 3 de abril, en una comunicación oficial dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. En esta otra de las tantas y audaces jugadas de la “diplomacia bolivariana”, la victimización del régimen ocupó nuevamente un lugar clave.
Y es que haciendo gala del ya denotado descaro del discurso bolivariano, la misiva rubricada por Arreaza se ocupa de hacer una caracterización de los grupos armados colombianos que, según, incursionan en territorio venezolano con la anuencia del gobierno vecino, así como de la orientación de sus acciones asociadas al negocio del narcotráfico, la extorsión, secuestro, minería ilegal, entre otras; pero, eso sí, asegurándose de que palabra alguna de la carta pudiera siquiera sugerir lo que ha sido un secreto a voces: el más que comprobado apoyo de Nicolás Maduro a una de las facciones en pugna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército Popular (FARC-EP) en territorio venezolano. Un respaldo a la insurgencia colombiana que movido por razones ideológicas y, eventualmente, por imperiosas necesidades de orden económico-estratégico, se remonta a los tiempos del difunto comandante.
Por otra parte, no extraña observar en la carta dirigida al Secretario General, la preocupación del régimen por lo que considera “la destrucción del llamado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en la República de Colombia”, de 2016, omitiendo, claro está, cualquier mención a los líderes de la llamada Segunda Marquetalia (Jesús Santrich e Iván Márquez), causantes primarios del fracaso, ellos sí, del proceso de pacificación, y cuya presencia en Venezuela está más que certificada.
Pero quizás uno de los apartados más descarados de la misiva de Jorge Arreaza es el que señala “la multiplicación de grupos armados, muchas veces en connivencia con las autoridades del Estado colombiano (…) en áreas fronterizas, para proteger las bases territoriales de la producción y tráfico de cocaína”; y otro que aborda la ausencia de voluntad del gobierno colombiano que, según el régimen, afirma “… conocer la identidad y ubicación de líderes de los grupos armados colombianos en territorio venezolano, pero que al ser repelidos por autoridades militares venezolanas y reingresar a territorio colombiano, las autoridades de ese país parecen perder todo interés en su captura”.
Mentiras con patas de barro
A todas luces resulta difícil digerir tanto cinismo y despropósito; todo muy calculado, por supuesto, y que apunta a trasladar al gobierno de Colombia lo que de manera notoria, pública y comunicacional ha sido más bien la complaciente y cómplice conducta de la dictadura madurista en apoyo a grupos insurgentes desestabilizadores del espacio binacional (ELN, FARC, FBL y EPL).
Finalmente, y como muestra de que todas las mentiras tienen patas de barro, se dieron a conocer la semana pasada, las declaraciones de Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias Jerónimo, quien, en nombre del Décimo Frente Martín Villa de las FARC-EP, y contradiciendo las afirmaciones de la vocería del régimen, aseguró que su agrupación nunca se ha doblegado ante el gobierno colombiano, ni representa mucho menos a grupos de narco paramilitares financiados por el presidente Iván Duque. Así mismo, en lo que se considera un duro golpe a la política comunicacional del régimen, fue más que evidente el llamado que hiciera el mismo alias Jerónimo a las cómplices autoridades Bolivarianas, y muy específicamente al Alto Mando Militar, a Nicolás Maduro y al “camarada” Diosdado Cabello, con la intención de propiciar un mecanismo de diálogo y eventual tregua. Hablamos de un gesto que confirma el vínculo ineludible entre el gobierno de facto y los grupos insurgentes colombianos.
Mientras tanto, causó cierta sorpresa el hecho de que el canciller Arreaza, por intermedio de la citada misiva dirigida al secretario general, haya solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 34 de la Carta, y en el marco de su reunión trimestral sobre Colombia, una investigación respecto a “las actividades de grupos armados colombianos que, desde territorio de ese país, ejercen ataques armados contra el territorio y la población venezolana…” Una petición que genera mucha suspicacia por la fuerza de los hechos que pudieran comprometer al régimen de Nicolás Maduro, amén de su habitual oposición a la presencia de mecanismos verificadores multilaterales sobre el terreno.