En esta columna se ha advertido sobre la decisión de Nicolás Maduro y quienes lo apoyan (militares y civiles enriquecidos con dineros públicos) de permanecer en el poder indefinidamente por cualquier medio. También se señaló que las acciones destinadas a impedir la realización de elecciones democráticas constituyen un golpe de estado continuado. Entre ellas se cuentan la inhabilitación (sin fundamento legal) de María Corina Machado y ahora la declaración sobre el cese de los acuerdos de Barbados y su sustitución por un documento firmado por personas vinculadas a la dictadura. Aquellos textos, como muchos sospechaban, eran instrumentos para ganar tiempo.
El 17 de octubre pasado en Barbados los representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, acompañados por los enviados de varios países (Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos) firmaron dos acuerdos: uno sobre promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos; y otro para la “protección de los intereses vitales de la Nación”. Se pretendía, mediante el primero, garantizar la celebración (en el segundo semestre de 2024) de elecciones presidenciales libres, con la participación de candidatos designados por todos los grupos políticos. Propósito del segundo era lograr la suspensión de las sanciones internacionales impuestas al régimen (especialmente en Estados Unidos). Los acontecimientos posteriores mostraron con claridad que a los hombres del régimen sólo interesaba ganar tiempo y obtener recursos para enfrentar las exigencias de los partidarios en un tiempo electoral. Alcanzados tales objetivos, los convenios podían declararse sin efecto o simplemente olvidarse.
Nicolás Maduro y quienes lo acompañan no están dispuestos a entregar el poder. No porque los anime la construcción del socialismo (¿alguien lo cree posible hoy?), sino porque sienten temor. En efecto, ahora aparece como posibilidad muy real su enjuiciamiento por la Corte Penal Internacional. Sonaron fuerte las alarmas cuando el pasado 28 de junio este Tribunal autorizó al fiscal jefe a proseguir la investigación sobre la responsabilidad de aquellos en crímenes de lesa humanidad. A esa amenaza –temido fantasma en Miraflores– se agrega la de perder la inmensa riqueza acumulada ilegalmente. A juzgar por declaraciones de algunos acusados es de millardos de dólares. Las denuncias cruzadas entre Rafael Ramírez y Tareck el-Aissami (ambos hoy en desgracia) así lo dejan ver. Por lo demás, organismos de varios países han comprobado delitos por cientos de millones de dólares (que los imputados han sido obligados a entregar al Tesoro de la respectiva jurisdicción).
Los demócratas no deben aspirar a un traspaso normal del poder. Hugo Chávez y sus compañeros de aventura no pensaban entregarlo voluntariamente. Ese era el objetivo real de la elaboración de una nueva Constitución (y, concretamente, de su enmienda en 2009). Por eso, desde los inicios se negaron o limitaron los derechos políticos a los adversarios (condenados “in aeternum”) y se estableció un sistema electoral ventajista y fraudulento. El chavismo ha sido derrotado varias veces en las urnas; pero, pocas veces lo reconoció. Y en tales casos, inmediatamente tomó medidas para dejar sin efecto real los triunfos opositores. Ahora sabe que debido a la crisis provocada por su gestión perderá cualquier elección, por lo que trata de impedir la participación de la oposición auténtica en la de 2024. Esa intención ha quedado plenamente expuesta en la declaración sobre los acuerdos de Barbados y en el proceso ideado por Jorge Rodríguez.
Contrariamente a lo que pueden creer algunos, el chavismo ha proclamado desde los comienzos que llegó al poder para quedarse. El propio Hugo Chávez lo advirtió: “No volverán”, repetía sin cesar. Por ningún medio, “ni por los votos”. Porque, entre otras razones, el “caudillo” consideraba haber recibido (¿acaso de la naturaleza?) un mandato para transformar el país conforme a la visión que él encarnaba. Vengador de agravios, enviado de la historia. Por eso, el objetivo central de la reforma constitucional de 1999 fue establecer un órgano ejecutivo fuerte, sin sujeción a control externo, a cargo de un titular que pudiera ser reelecto (indefinidamente, precisó la enmienda de 2009) y con mando sin interferencias sobre las fuerzas armadas. Nicolás Maduro heredó –por gestiones de los albaceas cubanos– esos beneficios. Como le parecieron insuficientes los despojó de formas jurídicas e impuso la arbitrariedad: no hay norma que fije tiempo a su jefatura.
El país –acostumbrado a la paz (la última guerra civil terminó en 1903) y contrario al uso de la violencia que causó en el pasado centenares de miles de muertos– no acepta una solución impuesta por las armas (revolución o golpe de Estado). En realidad, esto último tampoco sería conveniente. Crearía un precedente (de presunta “legitimidad”) que podría pesar con fuerza en el futuro. Algunos países suramericanos – y notablemente Argentina – han experimentado las dolorosas consecuencias de confiar a las fuerzas armadas una misión de tal naturaleza, o sea de árbitro de los conflictos políticos. Conferirles tal función, además de ser contrario al derecho y a cualquier programa democrático, deriva en regímenes despóticos e ineficientes, no sujetos a control alguno (judicial, administrativo o social). Casi sin excepción, exhiben un balance negativo, porque los militares –que obedecen mandos– no han sido formados para cumplir las complejas tareas asumidas por el Estado moderno.
En una de sus últimas declaraciones María Corina Machado (El Nacional, 4.3.24), cabeza de la oposición como nominada en una elección primaria por millones de votantes de la tendencia, en gesto de estadista, planteó la necesidad de avanzar hacia una “transición negociada”, o sea hacia un acuerdo que lleve a la democracia. Supone la realización de unas elecciones libres, transparentes y bajo observación de organizaciones internacionales. Señaló, que es la mejor solución (“por su propio bien”) para quienes ahora usurpan el poder. No precisó detalles sobre esa “transición”. Pero, debe entenderse que sería un corto período durante el cual se fijarían las bases del nuevo sistema político. Es necesario, entre otros asuntos, asegurar el bienestar de la población, estimular la descentralización y restablecer el equilibrio de poderes, garantizar los derechos de las personas y la participación política, restaurar las funciones de control administrativo, sujetar las fuerzas armadas al poder civil.
La oposición (80% del pueblo), en su casi totalidad, respalda la posición de la señora Machado. Solo pequeños grupos, subvencionados por el poder, están dispuestos a prestar sus siglas (en acto que pronto negarán o querrán olvidar), para concurrir a una farsa electoral. De concretarse, esa maniobra –que pretende fundamentarse en un pacto político interno (que dejaría sin efecto el acuerdo de Barbados)– no tendría reconocimiento alguno. Ni interno, porque impide la participación de la candidata de la mayoría determinante de los electores; ni externo, porque la comunidad internacional rechaza (o por lo menos así lo manifiesta) la ausencia de la voluntad nacional en la formación de los gobiernos. La crisis proseguirá, sin posibilidades de salida negociada, agravada por falta de apoyo exterior para atender las necesidades más urgentes. No lo pueden dar los “amigos del barrio” (Lula da Silva, Gustavo Petro o López Obrador) carentes ellos mismos de recursos.
Ha llegado el momento de emprender la construcción de soluciones definitivas (que nunca logran los regímenes ilegítimos) a la crisis venezolana. No es posible esperar más. El incumplimiento de los acuerdos anunciados se ha traducido en nueva oleada de emigrantes (en su mayoría caminantes, lo que revela su pobreza) que presionan las fronteras de países que tampoco tienen capacidad para integrarlos a su vida económica y social. Puede ocurrir una explosión social (el salario mínimo es de 3,70 dólares y los bonos para empleados, jubilados y pensionados de 100 dólares). La situación es grave en salud (todos los índices de mortalidad han aumentado) y educación (31% de los niños y adolescentes no asiste a la escuela). La oposición debe mostrar firmeza, no aceptar chantajes (a uno seguirían otros). No puede abandonar sus exigencias principales: elecciones libres con garantías de participación para todos. Y debe buscar aliados en el ámbito interno como fuera.
El régimen quiere aprovechar algunos ingresos recibidos recientemente para ganar adhesiones mediante medidas populistas. ¡No serán suficientes! La crisis es gigantesca y nada puede atajar la voluntad de cambio que impulsa a la mayoría de los venezolanos. Aunque la energía con que se expresa debe encauzarse por vías pacíficas, tiene que ser clara y firme. Es tarea de la oposición que dispone de instrumentos de acción eficaces. Escogió una candidata muy capaz a la que apoya una población angustiada y decidida. El país tiene la oportunidad de evitar la continuidad de un mal gobierno, sometido otra vez a duras sanciones.
X: @JesusRondonN