Un acercamiento realista y objetivo a la situación política indica que el necesario cambio político está bloqueado, independientemente de que la mayoría lo apoye.

Las opciones planteadas por los actores políticos demandantes del mismo no son factibles de concretarse en el mediano plazo.

Es evidente que el régimen controla la situación y posee la capacidad de iniciativa para imponer sus objetivos y su agenda respectiva. La pandemia (todavía bajo control, no se sabe por cuánto tiempo porque la fase de agudización del covid-19 parece estar materializándose de acuerdo con el pronóstico de los expertos) ha terminado siendo, por los momentos, un aliado de la dictadura.

La posibilidad de un acuerdo entre el régimen y las fuerzas democráticas para construir una salida constitucional a la crisis política mediante la convocatoria de procesos electorales apegados a la legalidad vigente (aunque fuese solo la renovación de la Asamblea Nacional, opción a considerar si se hubiese formulado) fue dinamitada por las decisiones abusivas, arbitrarias e ilegales de: transferir al tsj (minúsculas a propósito), la decisión de renovar  el Consejo Nacional Electoral, la consiguiente conformación sesgada del mismo, que no garantiza ni su imparcialidad ni competencia para asumir los cambios necesarios en el ente para recuperar la confianza del país, el atentado contra el pluralismo y la competitividad concretada mediante la expropiación de algunos de los principales partidos democráticos, las amenazas de declarar como terrorista a otro y contra los demás de correr la misma suerte si no aceptan los designios del oficialismo. Por si todo esto fuese poco, el tsj le confiere al CNE la competencia de legislar sobre materias que son constitucionalmente reserva legal del Parlamento como lo referente al sistema electoral.

Es evidente, entonces, la intención del chavismo de acomodar todo para materializar un proceso electoral fraudulento que le otorgue el control de la Asamblea Nacional al margen y en contra de la mayoritaria voluntad ciudadana.

Otra opción propuesta es la de concurrir al proceso, no importa las condiciones, confiando en que una votación mayoritaria del cuerpo electoral impondrá el cambio o generará una crisis de gobernabilidad tal que obligará al chavismo a negociar el poder. Está opción asumida por algunos de manera honesta y sin cálculos subalternos y por otros (mesita incluida preferencialmente) para usurpar una representación que su fuerza no les confiere, tiene varios inconvenientes, entre otros, de bastante calado: es verdad que los venezolanos queremos votar para contribuir a resolver la crisis, pero no de cualquier manera y sin las garantías previstas en la legislación vigente y las últimas decisiones al respecto adoptadas por el régimen estimulan y solidifican la desconfianza ciudadana, desconfianza  sustentada en lo ocurrido con el referéndum revocatorio, en el desconocimiento de las consecuencias políticas e institucionales de los resultados de los comicios parlamentarios de 2015 y la fraudulenta elección presidencial de 2018 (resultado cuestionado por el entonces candidato Henri Falcón), nada garantiza que el régimen reconozca un resultado adverso y no le dé palo a la lámpara; mención aparte merece la consideración de que muy probablemente nuestros aliados en la comunidad internacional desconozcan por fraudulento el proceso.

La intención del chavismo de imponer unas elecciones parlamentarias a todo evento se inscriben en su objetivo de instaurar un sistema político de fachada democrática pero dictatorial (más que autoritario) en su funcionamiento con la presencia de una leal oposición sin posibilidades reales de amenazar su poder porque la arquitectura del sistema se lo impide de entrada como ocurría en Checoslovaquia, Polonia y la RDA en tiempos del imperio soviético. Los partidarios de esta fórmula subestiman los efectos y consecuencias negativos para la calidad de vida de los venezolanos si el chavismo concreta su plan; más bien devienen en cómplices de tal desatino.

La alternativa de que una coalición internacional intervenga para desalojar del poder al chavismo o que las sanciones escalen de tal forma que estrangulen al régimen no es un escenario viable porque los potenciales actores de tal acción no están disponibles por diversas razones, entre ellas porque no consideran todavía al régimen una amenaza a sus intereses vitales.

Ante tal panorama las fuerzas democráticas (políticas, sociales y ciudadanas) tienen el deber de debatir con realismo, sin prejuicios ni  reflejos condicionados el curso más conveniente a seguir para resistir convenientemente los esfuerzos del continuismo y desbloquear el cambio.


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