En Venezuela actualmente no hay Poder Judicial, solo una estructura que lo simula tanto en materia civil como en materia penal, esta convertida en un garrote político al servicio de la dictadura y la otra, la civil, en una lastimosa paradoja de lo que justicia significa. Ya no existen jueces que ganan concursos para ocupar los cargos, solo empleaditos que bregan para medio comer arañando a quienes necesitan algo de su actividad. Los abogados litigantes que heroicamente aún persisten en esa actividad son requeridos a pagar 200 dólares para poder practicar una simple notificación, o 500 para que se les escuche una apelación, es así como estos agentes del régimen aparentan administrar justicia en Venezuela.

La componenda con la fiscal de la Corte Penal Internacional

Por cierto, uno de los primeros aspectos que debe establecerse como punto previo a una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es juzgar si en el país donde ocurren los crímenes que se denuncian hay proceso judicial confiable sobre los hechos, pues solo si se determina su inexistencia puede intervenir dicha dependencia. Es lo que se conoce como el “principio de complementariedad” o de “subsidiaridad”.

Respecto a las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela y por la gran presión pública que esto generó se abrió un Examen Preliminar en febrero de 2018 y año y medio después no se ha producido ningún avance. Probablemente estén atascados en ese tema, en determinar si tenemos un Poder Judicial verdadero. Muy probablemente la señora Bensouda envió un oficio a Haifa el Aissami o a Maikel Moreno preguntando: “¿Hay en Venezuela un Poder Judicial independiente e imparcial?”, a lo que estos solícitamente deben habérselo asegurado, y hasta allí llegó todo. 

La verdad sobre el sistema de justicia

El absolutismo se instauró sobre la justicia venezolana desde aquel aciago día 2 de agosto de 1999 cuando se instaló la Asamblea Constituyente de Hugo Chávez en el Aula Magna de la UCV y se decretó que la Constitución entonces vigente, la de 1961, quedaba sometida a las decisiones de dicho organismo. Acto seguido se ordenó la intervención del Poder Judicial y se nombró una comisión para su reforma y reestructuración, que de una vez inició el proceso de destitución de jueces para nombrarles sustitutos políticamente afines al proceso revolucionario y a sus dirigentes. Desde entonces lo que quedaba de independencia judicial fue exterminado a fondo, desencadenándose el desastre que hoy reina en nuestros tribunales. Pero la fiscal de la CPI se atiene a lo que le informa la dictadura por medio de sus representantes, a quienes se les ve dando discursos en los actos de dicha Corte en La Haya y departiendo amablemente con ella, recibiéndole regalos.

El horror judicial en Venezuela

Recientemente los sindicatos de trabajadores tribunalicios denunciaron las insufribles condiciones de trabajo que tienen en las instalaciones sin agua, sin electricidad, con techos que se caen, sin utensilios y con miserables sueldos de hambre. Pero además tenemos un Poder Judicial incompetente, lleno de bandidos usurpando autoridad. Se acabaron los concursos para ingresar, todos son provisorios, accidentales, nombrados a dedo, jueces a quienes ponen y quitan con un simple oficio que escribe el comisario político de turno, quien pide y recibe su cuotaparte del dinero que en los tribunales exigen para hacer cualquier cosa y ponerle el sello de la formalidad. El último espectáculo macabro se vio en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, a quien injusta e ilegalmente privado de libertad torturaron bárbaramente y para simular lo pusieron ante uno de esos falsos jueces en audiencia preliminar, donde gesticulando dolor murió.

El Tribunal Supremo de Maduro

Esa cocina de arbitrariedades entre otras cosas ya lleva un saldo de 21 diputados de la Asamblea Nacional despojados de la inmunidad que les dio el pueblo con 14 millones de votos, que para que quede constancia son Juan Guaidó, Gilbert Caro, Germán Ferrer, Freddy Guevara, Juan Requesens, Julio Borges, Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Américo De Grazia, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Rafael Guzmán, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores.

Pero en esto no se detiene la acción de la justicia roja. Ya vienen nuevas medidas punitivas contra otros parlamentarios, con lo que se continuará la actividad de exterminar al Poder Legislativo.

Los poderes públicos

Antes, hasta el momento de la llegada de Hugo Chávez, Venezuela estuvo inscrita dentro del concepto de una democracia basada en los clásicos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estos independientes entre sí, pero ejerciendo colaboración y control de interrelación entre ellos, dirigida a alcanzar los fines del Estado. Pero todo cambió, vino la superchería de una falsa profundización del sistema de libertades mediante la creación de otros dos poderes: el Poder Moral y el Electoral que en realidad solo fueron una fachada para la utilería. Hoy en día en Venezuela no hay un real Poder Judicial y el Legislativo es sometido a un asedio total, al punto de que ser parlamentario es uno de los oficios más peligrosos que se puedan desempeñar y es meramente declarativo, cuya efectividad solo es reconocida en el exterior.

Que lo sepan, que no lo olviden

La usurpación de la función jurisdiccional constituye uno de los más graves crímenes contra la humanidad, pues con ello se priva a las personas de todos los derechos, incluyendo la libertad y la vida.