No se puede decir que Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo significativo para ejercer una función de Estado que desestimule la violencia en su país. La debilidad de su gobierno en este terreno es notoria.
Las contemplaciones del Palacio de Nariño con la Nueva Marquetalia o las disidencias de las FARC han sido muchas, lo que ha facilitado que, en esa misma medida, estos alzados en armas se hayan fortalecido al interior del país.
A la dirigencia del ELN, por su parte, se le ha concedido un estatus que les permite vivir y desplazarse a sus anchas dentro de la geografía neogranadina y con esta fuerza guerrillera se ha convenido un alto el fuego que solo ha sido respetado por las fuerzas armadas de Colombia, mientras el grupo de antisociales continúa sembrando el país de violencia y de horror.
Todo lo anterior viene ocurriendo en aras de una “Paz Total” de Petro que no cuaja ni en su estrategia ni en sus ejecutorias. Parte del fracaso viene del intento de pretender matar demasiados pájaros de un solo tiro.
Los acercamientos y tratativas con los insurgentes se iniciaron con la inclusión de otros grupos delincuenciales de inspiración y propósitos distintos a los de la guerrilla: el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada, las Bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. A esta fecha aún hay 7 espacios de diálogo en proceso de avance.
Es así como a año y medio de gobierno, la oferta de diálogo a los grupos guerrilleros delictivos no ha servido para avanzar en su desactivación ni mucho menos para conseguir la calma en el país. Secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones, reclutamiento de menores y tráfico de drogas continúan en el orden del día en cinco de las seis regiones colombianas.
Pero es la falta de control territorial del lado del gobierno la causante del estado de inseguridad ciudadana imperante a escala nacional y particularmente en las zonas rurales. La inercia histórica de las dinámicas de la violencia no ha podido revertirse dejando en evidencia la incapacidad flagrante de las Fuerzas Armadas para imponerse a los actores armados ilegales, que además disputan entre ellos su liderazgo y ejercen presión sobre la ciudadanía.
Mas de 150 homicidios de defensores de derechos humanos fueron reportados por la Defensoría del Pueblo en este año 2023.
El otro gran elemento que dará al traste con el propósito de Gustavo Petro de alcanzar paz para su país es la connivencia del régimen venezolano con ese estado de cosas. Ello, dando por sentado que el interés del presidente de Colombia es legítimo aunque sea ineficiente.
Desde el Palacio de Miraflores se ha conseguido convertir la geografía venezolana en un burladero -en términos taurinos– que dificulta, si no impide, el control que deben ejercer las fuerzas militares y del orden público en Colombia. Igualmente vacío de contenido cualquier esfuerzo negociador de una paz estable. La protección que se otorga a la cúpula del ELN, la complicidad con el accionar de la Segunda Marquetalia, la participación del régimen cívico-militar venezolano en el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas y otras actividades lucrativas de la narcoguerrilla abona el terreno de su permanencia, apuntala el interés pecuniario de quienes están en contra de la desmovilización y contribuye al mantenimiento de una economía subterránea que le hace enorme daño a Colombia.
La Venezuela revolucionaria se ha convertido, por diseño, en un aliviadero de la delincuencia del país vecino. La Paz Total de Petro, aparte de adolecer de falencias importantes en su concepción y diseño, se estrella contra esa dura realidad que hace estéril el esfuerzo por erradicar el cáncer de la violencia que corroe a la patria hermana.