El esfuerzo por retener el gobierno resulta revelador del temor que desvela a los militares que han acompañado a Maduro en la represión política, así como en el oscuro negocio del narcotráfico. Los devastadores efectos de los torpedos del Comando Sur en la línea de flotación del régimen –con el decomiso de drogas de las que este obtiene financiamiento para mantenerse en el poder–, parecen explicar por qué el general Padrino López afirma que en Venezuela no habrá más gobierno que la revolución, mientras su jefe convoca a elecciones parlamentarias a la medida.
La incautación en el último año de 122 toneladas de cocaína y más de 8.000 kilos de marihuana, que supone beneficios de 2.000 millones de dólares a los carteles de la droga, lo mismo que 1.000 arrestos, “es mucho”, como certificó el presidente Donald Trump el viernes 10 de julio en esa sede estratégica de Florida. Calificó la operación de “éxito increíble”, y en el mismo escenario declaró: “A Venezuela la tenemos perfectamente bajo control”. Y como para que no cupiera duda de la determinación de Estados Unidos de defender su seguridad y su zona de influencia, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, se refirió a esta como “nuestro barrio”.
Desconociendo la historia del país que encontró a Osama bin Laden, Padrino López, por orden de Maduro, opinó que la intención de Trump era incluir a Venezuela en su agenda de campaña electoral y le recomendó emplear “todos los recursos que usa para el despliegue” de la operación antidrogas en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, para atender la pandemia en Estados Unidos. La solicitud del general no deja de ser llamativa si se recuerda que esa operación, que implica un incremento de las actividades del Comando Sur, responde a informes de inteligencia de que los carteles del narcotráfico intentaban aprovechar la emergencia mundial por el azote del covid-19 para impulsar su negocio.
La medida antidrogas es vital para la seguridad de la primera potencia mundial, y por eso no es casual que en plena pandemia del coronavirus, que ataca seriamente a Estados Unidos, ese país –con el apoyo de más de 20 naciones– anunciara el primero de abril el despliegue de barcos destructores y aviones con la mira puesta en el Cartel de los Soles, encabezado por Maduro, pocos días después de ofrecer 15 millones de dólares de recompensa para capturarlo. Un detalle interesante en esta historia es que Brian Benczkowski, fiscal general ajunto de Estados Unidos, que llevó el caso de Joaquín “el Chapo” Guzmán, es uno de los acusadores del jefe del régimen.
Washington inició la acción un mes después de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, un organismo independiente de la ONU, advirtió en un informe en Viena sobre las operaciones de mafias criminales para inundar de drogas Estados Unidos y Europa con la complicidad de militares y civiles del régimen venezolano agrupados en el Cartel de los Soles. El narcotráfico desde Colombia, dice el documento, cuenta con luz verde de militares en territorio venezolano. El Cartel de los Soles y sus socios de la guerrilla colombiana de las FARC –a los que hoy en día se suma el ELN– han despachado cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos a través de puntos de transporte en el Caribe y América Central, como Honduras. En 2004, el Departamento de Estado dijo que 250 o más toneladas transitaban por Venezuela cada año.
Padrino López acusó a Trump de basar “en mentiras y manipulaciones” su reciente discurso sobre Venezuela en el Comando Sur. “Si ustedes quieren saber cómo se combate el narcotráfico vengan a Venezuela”, dijo retador. “Nosotros tenemos datos interesantes, procedimientos interesantes”. Pero el Departamento de Justicia –que ha acumulado cuidadosa y laboriosamente pruebas capaces de convencer a un jurado– lo ha acusado entre otras cosas de facilitar el tránsito de narcotraficantes a través de Venezuela en dirección a Centroamérica. Lo hacía, apuntó un funcionario, a cambio de sobornos; y en caso de que los narcotraficantes no pagaran, recurría a las Fuerzas Armadas para tomar represalias tales como “derribar aviones de los criminales”.
VTV, el canal de televisión del Estado que el régimen de Maduro usa a discreción, suele difundir declaraciones de Padrino López según las cuales aviones estadounidenses de exploración violan el espacio aéreo venezolano, algo que el ministro de la Defensa atribuye a menudo a la “arrogancia imperial, en estrategia de asedio”.
Lo curioso es que los jefes militares del régimen, Padrino López y Ceballos, tan dados a las declaraciones políticas, no han respondido aún el mensaje que en septiembre del año pasado les envió el ex jefe de inteligencia Hugo “el Pollo” Carvajal: extrañamente los radares de la FANB sirven para detectar aviones espías estadounidenses, pero no “aeronaves del narcotráfico auspiciado por Maduro”. Es posible conjeturar que tanto silencio se deba a que el mayor general retirado tiene la lista de todos los militares narcotraficantes.
El jueves 16 de julio, ante un ejercicio en aguas internacionales del Caribe del destructor USS Pinckney, barco lanzamisiles de clase Arleigh Burke, los insomnes Padrino López y Arreaza insistieron en que la operación antidrogas del presidente Donald Trump responde a “una desesperada campaña” por atraer el voto latino en Florida “a cambio de la permanente e ilegal agresión contra Venezuela”.
Pero más bien el desafío de Washington parece dirigido a los que se llenan los bolsillos con el dinero de la droga mientras el pueblo sufre. “Vamos a continuar ejerciendo nuestro legítimo derecho a navegar libremente por aguas internacionales sin someternos a reclamos ilegales”, advierte el jefe del Comando Sur”. Eso para la primera potencia mundial significa defender su seguridad frente a las mafias que la inundan con cocaína. Y defender su zona de influencia, el barrio del almirante Craig Faller.