Por Dr. Antonio De Lisio, profesor titular de la UCV
Venezuela por sus condiciones de país que se ubica entre diez primeros en magabiodiversidad en el mundo, entre los primeros veinte en disponibilidad de agua, y por su cubierta boscosa que ocupa más de la mitad del territorio, debería estar en la vanguardia de las iniciativas de desarrollo sustentable para la mitigación y adaptación climática que en el marco del Acuerdo de París suscrito en la COP 21. En este evento el gobierno venezolano, en diciembre de 2015, presentó el documento “Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos” (RBV, 2015, mimeo), en el que se compromete a un conjunto de acciones y medidas; sin embargo, en total contradicción con estas obligaciones, apenas dos meses después, el 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto Nº 2.248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). El decreto del megaproyecto minero contradice algunos de compromisos fundamentales del país en materia de cambio climático, como a continuación se precisa:
1. En el documento entregado en París se dice que: “[…] para el periodo 2016-2019 el establecimiento de 2.184 hectáreas adicionales de Sistemas Agroforestales como sumideros de carbono”. (RBV, 2015: 9) “Implantación del nuevo modelo de producción forestal en una superficie de 166350 ha, con posibilidad de expandirse a un millón de hectáreas” (IBID: 22) Con la explotación minera en el AMO, se va en vía totalmente contraria, pues sabemos hoy que se han intervenido de manera irreversible entre 2 millones y 3 millones de hectáreas de un territorio fundamentalmente cubierto por bosques latifólicos de hojas anchas, que tienen gran capacidad de absorción de carbono.
Mapa 1 Cubierta vegetal AMO
Esta degradación vegetal compromete incluso una de las principales fortalezas del país en materia de mitigación climática, por qué el AMO se convierte en una amenaza para la represa de Guri, que por su condición de fuente de generación hidroeléctrica reduce el uso de combustibles fósiles, altamente vulnerable a la afectación de la cubierta vegetal.
2. En el texto oficial entregado de la cita climática mundial parisina se señala que: “El fortalecimiento de la organización social en Venezuela es determinante para la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático”. En el decreto AMO no hubo consulta con las comunidades, debiendo destacar que se trata de territorios indígenas, que de acuerdo con la ONU deben dar su Consentimiento Previo, Libre e Informado. Entre los pueblos originarios destacan: Warao, Akawayo, E´Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Sanemá.
Mapa 2 Pueblos Indígenas AMO
En estos pueblos indígenas pende la grave amenaza de salud que implica la deforestación minera, ya que ésta en lugar de propiciar el compromiso de: “[…] una disminución de la vulnerabilidad frente a enfermedades, incluyendo aquellas cuya incidencia y distribución geográfica aumentará como consecuencia de cambio climático”. (IBID: 16), se convierte en un potenciador. Así la minería del Arco Minero ha causado el aumento alarmante de los casos de malaria, una de esas enfermedades susceptibles al cambio climático. Esta enfermedad que había sido erradicada en el país hace décadas, ha reemergido especialmente en el estado Bolívar, donde en 2016, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de ese año, se registraron 177.219 casos confirmados, representando 74% del total nacional. Solo los tres municipios de mayor actividad minera de este estado (Sifontes, Roscio, Gran Sabana y El Callao), sumaron 53% de la totalidad de casos.
Un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela indica que los pozos de agua y las áreas deforestadas generan las condiciones idóneas para transmisores de malaria en una zona que sabemos es altamente vulnerable a la misma. En cuanto a los riesgos de salud, agregan que la extracción minera aumenta el peligro de las enfermedades respiratorias, en la piel y riesgos de cáncer por el contacto con agentes tóxicos y contaminantes como el cianuro, ya que dada la magnitud del proyecto se necesitarían miles de litros de agua para disolverlo y en caso de un accidente de derrame de cianuro la descomposición natural podría ser poco probable.
3. De acuerdo con lo presentado en la COP 21, la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, disminuye “la vulnerabilidad frente a los múltiples efectos adversos del cambio climático” (IBID, 17). Contrariamente, los referidos científicos del IZET indican que dada la extensión del AMO, la fragmentación de los ecosistemas e irrupción en la zona: 1) provoca una pérdida importante de flora y fauna, algunas ya amenazadas debido a que son endémicas, es decir, no existen en ninguna otra parte del mundo; 2) Las severas condiciones creadas producto de la deforestación hará que los bosques colindantes se degraden progresivamente; 3) la zona sur del río Orinoco representa “el área de mayor diversidad del país, incluyendo especies emblemáticas como el manatí, la tonina rosada, el caimán del Orinoco y la tortuga Arrau que ya se encuentran amenazadas”; 4) La minería a cielo abierto y a gran escala generará una gran cantidad de sedimentos, deforestación y el uso masivo de agentes contaminantes.
4. En los compromisos del 2015 se resalta que “La promoción de sistemas agroecológicos basados en la sustentabilidad y el respeto de los procesos ecosistémicos naturales, sistemas agrícolas urbanos y periurbanos y la prevención de riesgos climáticos, constituyen medidas muy efectivas de adaptación al Cambio Climático”. (IBID, 18) El AMO se convierte en una amenaza para un potencial de unos 3000 km2 de agricultura sustentable localizadas a lo largo de las riberas del Orinoco. Igualmente a contracorriente de las responsabilidades de asumir “Instrumentos de gestión del territorio que identifican las áreas de valor estratégico de la Nación en cuanto a la Preservación, Protección, Producción y las Geoestratégicas y para las cuales se identifican unidades de ordenamiento y se establecen usos y actividades de acuerdo a sus objetivos de creación”. (IBID: 28), el AMO afecta las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal de Imataca, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima, Zona Protectora Sur del Estado Bolívar y el recién creado Parque Nacional Indígena y Popular Caura. La afectación de estas ABRAEs se contradice con la obligación asumida de: “Promover el desarrollo de actividades de turismo sustentable y sostenible para el disfrute de la población” (IBID, 32), ya que AMO amenaza alto potencial turístico de estos territorios protegidos.
Mapa 3 ABRAEs AMO
5. Finalmente, hay que agregar que el AMO contradice con los escenarios que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua ( 2017) hace en la 2° Comunicación Nacional Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Cambio Climático, en los que advierte sobre la mayor sequía que se estima para la Cuenca del Río Caroní para todo el siglo XXI. La alteración de la cubierta boscosa de más de 70.000 Km2 afecta a todos los ríos del AMO, los más caudalosos del país como a continuación recordamos: Caroní es la cuenca de mayor caudal, entre todos los tributarios del Orinoco, con 4.100 m3/s y un volumen escurrido de 129 mil millones de m3 y una extensa superficie de cuenca de 93.500 km2; el Paragua rinde un gasto medio anual de 1.760 m3/s, en una cuenca de unos 300 km2¸¸el Aro, registra 14.000 km2 de superficie y 270 m3/s de caudal medio anual. El Caura muestra 86.500 millones de m3 escurridos al año y un gasto medio de 2.700 m3/s y una longitud de 750 km.
Mapa 4 Cuencas fluviales afectadas por el AMO
Frente a estas trasgresiones climáticas, sociales, ecológicas y económicas, la Asamblea Nacional (AN) ha ratificado la decisión de derogatoria del Decreto AMO y ha incluido en el Plan País Ambiente (PPA), acciones de corto y mediano plazo para, revertir el desastre ambiental de esa minería extractivista devastadora, en concordancia con los consensos de mitigación y adaptación climática de la comunidad internacional en la implementación del Acuerdo de París. A continuación se plantean las iniciativas que el PPA está planteando:
En primer lugar hay que resaltar que en el Plan el sur del Orinoco es uno de los principales destinos ecoturísticos de un país que, de acuerdo el Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba (Disponible http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/12/10/alternativas-al-extractivismo-desde-la-amazonia-venezolana/), las revistas y portales especializados internacionales reconocen entre los diez primeros lugares con potencial ecoturístico. Este posicionamiento en gran medida se debe a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales guayaneses, amazónicos y deltanos. De acuerdo a Wataniba este tipo de turismo permite el uso sostenible de las funciones de soporte y regulación ecosistémicas imprescindibles para la vida incluida la humana y pude ser una actividad que los pueblos originarios pueden ejercer resaltando su cultura y manteniendo sus derechos de propiedad sobre sus territorios. Ajustados al marco regulatorio vigente desde los años 80s para estas áreas de preservación de la naturaleza, una vez formulados e implementados sus planes de manejo y ordenación, se pueden dar concesiones que pueden ser asumidas por los pueblos indígenas, para la prestación de servicios turísticos para el turista, en las zonas de Recreación, Servicios y Amortiguamiento, como: restaurantes, cabañas, centros de recreo, campamentos, centros de recreación.
En el caso de las Reservas Forestales, en el PPA se plantea convertirlas en reservas de carbono en el marco de las negociaciones en el mercado de carbono que se viene realizando para la transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio el (MDL) del Protocolo Kioto al Mecanismo de Desarrollo Sostenible (MSD) Acuerdo de París. Sabemos que esto comporta el reto país de dar la respuesta que después de cuatro años aún se esperan de seguimiento a las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, en inglés), de las reducciones del 20% a los Gases Efecto Invernadero (GEI) que hacen parte del compromiso asumido por el país en París en Diciembre de 2015. Venezuela, es el único de los países de la región que se autoexcluyó del mercado internacional de carbono, por razones ideológicas llevadas a un maximalismo que no comparten los restantes miembro de la Alianza Bolivariana de Las Américas (ALBA), incluyendo Cuba, que si se han incorporado a ese mercado.
Ahora bien, dado que estas reservas están localizadas en territorios indígenas, y que en el Acuerdo de París, a diferencia de Kioto, en su preámbulo resalta la necesidad de respeto de los DDHH en general y de los pueblos indígenas de manera particular, el Consentimiento Previo, Libre e Informado, piedra angular de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU, es un prerrequisito para los créditos de carbono que se pueden negociar. Estas comunidades deberían ser consideradas como beneficiarias directas de los pagos por secuestro de carbono, debiéndose tener presente que la experiencia en el pago por servicios ecosistémicos indica que el beneficio sostenible del mismo, se concreta más a través de la retribución en dotación de bienes para el bienestar de la comunidad que a través del pago en dinero. De tal manera que las comunidades indígenas se convierten en actores clave de negociación , que además en el marco de MSD, puede incluir también las diversas modalidades de aprovechamiento no maderable del bosque en pié, valoradas a nivel mundial en sectores como la alimentación humana y animal, farmacia, biopetroquímica , entre otros. Resulta importante advertir que el Convenio de Diversidad Biológica, su protocolo de Nagoya y las normas Aichi, recogen como principio la participación equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos a nivel mundial, entre quienes ejercen propiedad por lo general pública o colectiva de los mismos y quienes los manufacturan con fines comerciales, en un intento de tratar de frenar la ilegal biopiratería internacional.
El cese de este despojo de es uno de los metas primordiales de nueva institucionalidad ambiental que se plantea como un acción inicial del PPA. Se requiere ponerle freno al vacio que se generó en el 2014 con la eliminación del Ministerio del Ambiente, que creado en 1977 fue el primero en las Américas y el segundo en el mundo, después del francés. En los últimos siete años hemos presenciando una verdadera descomposición institucional que llega a su cénit con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, precisamente para avalar la febril búsqueda minera en el AMO, mirando más a los mitos el pasado- inclusive del tan lejano como trágico El Dorado de los conquistadores- que hacia el futuro. Sobre todo en los últimos cinco años el país se ha conducido como viendo por el espejo retrovisor, no entendiendo que nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas, especialmente los del Sur del Orinoco, son muchos más valiosos para el devenir nacional sostenible que exige el siglo XXI, que los minerales y los hidrocarburos. Las autoridades ambientales del país han estado ciegos y mudos frente a lo que se ha documentado biopiratería contra Venezuela, como por ejemplo el caso de Stegoleriumkukenani, hongo asociado a una planta que crece en las cimas de los tepuyes Roraimay Kukenanen de la Guayana Venezolana, que han sido objeto de la apropiación indebida por laboratorios de EEUU para producir anticancerígeno de nombre Taxol (Paclitaxel)
La patente le fue concedida al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Montana (US632919311-12-2001) para la producción de Taxol por microorganismos y cubre a cualquier microorganismos de cualquier fuente que produzcan Taxol.
También del sur guayanés venezolano, se ha registrado el caso de la Serratiamarcescens, bacteria cuyas colonias crecen como epifitas en la Rhyncholacispedicillata (Podostemaceae) planta acuática endémica local. De una cepa de Serratiamarcescens fue aislado un compuesto antimicótico denominado Oocydina A (Lactona clorinada macrociclica) que tiene efectos tóxicos contra los Oomicetos. La muestra de Serratiamarcescens está depositada en la colección de cultivos bacteriales de Montana State University, Bozeman, MT, USA, bajo el código 97 (MSU-97).
Se ha demostrado que la Oocydina actúa contra ciertos hongos fitopatógenos que constituyen un problema de importancia en la agricultura. También ha mostrado toxicidad selectiva contra varias líneas celulares humanas, incluyendo una línea de células contra cáncer de pecho. Se espera que futuro el antimicótico pueda ser modificado químicamente para una mayor acción selectiva contra las células del cáncer. En EEUU se le han sido concedidas a la empresa HMV Corporation(Alpine, UT) las patentes US6660263 (09 -12-2003) y US6926892 (09-08-2005) para utilizar la Oocydina en la protección de plantas contra patógenos oomycetos. Todas estas producciones y comercializaciones se han realizado sin que los pueblos originarios reciban beneficio alguno, contraviniendo las regulaciones internacionales arriba señaladas.
Esta lucha contra biopiratería y la inserción del país haciendo valer sus derechos en la bioeconomía sustentable mundial, se asumen como una de las oportunidades para salir de la distopía minera del AMO y en general de todo el sur de Venezuela. Además del ecoturismo, las reserva de carbono y la bioframacopea, encontramos un potencial importante para los cultivos de la llamada despensa amazónica que pueden ser un aporte para la seguridad y soberanía alimentaria que FAO incentiva en los diversos países del mundo. De acuerdo al ya referido Wataniba, entre los rubros a incentivar aparecen los productos que tienen probablemente un origen evolutivo mundial en el sur del Venezuela, como la piña –Ananas– con una alta variedad de tipos que se dan en condiciones silvestres y de cultivo, que implican bajas tasas de deforestación y la asociación con otros rubros, es decir que propician la agricultura ecológica.
Este grupo de trabajo también resalta los casos del azaí, planta a la que se han asociado gran cantidad de propiedades nutricionales, y el copoazú –que por su nombre científico de Theobroma grandiflorum se convierte en familia del celebérrimo cacao o Theobroma cacao– es cultivado desde tiempos ancestrales en el estado Amazonas, y hoy se sabe que tiene un alto valor para las industrias mundiales alimenticias, cosméticas, además de la farmacéutica. Igualmente, destaca la yuvía usada por yanomamis venezolanos, más conocida como nuez de Brasil o amazónica (entre otros nombres comunes), de gran relevancia en mercado internacional en los sectores salud y gastronomía. Hay que agregar finalmente los ajíes (Capsicum) y la sarrapia, entre las especies que sabemos tienen relevancia mundial.
Por otra parte, la cestería tradicional indígena, que utiliza insumos naturales recolectados respetando los límites de tolerancia de los ecosistemas locales, es altamente cotizada en mercados internacionales. Colombia, Perú y Ecuador se convierten en ejemplos a seguir, ya que los gobiernos nacionales respectivos han asumido políticas públicas para el fortalecimiento productivo y empresarial de los pueblos indígenas, con énfasis en los productos artesanales, en las que además de la cestería, la manufactura textil y los accesorios son objeto de incentivos de producción y comercialización internacional.
Estas consideraciones son parte de los elementos de la propuesta del modelo de desarrollo alternativo del PPA para el sur de Venezuela de manera general y para la recuperación y reconstrucción del territorio afectado por el AMO de manera particular. Se plantea que la diversidad natural y la revalorización cultural son las grandes aliadas contra el extractivismo minero depredador de la naturaleza y esclavizador de las comunidades. Se plantea en el marco del PLAN crear los mecanismos para contar con certificados de denominación de origen, certificados de productos verdes, avales de comercio justo y de comercio verde, entre otros mecanismos para lograr los emprendimientos y el trabajo digno como base del bienestar en la Guayana y Amazonía venezolanas. Estas experiencias se espera convertirlas en “vitrina” para el resto del país, que requiere como un todo, salir del desarrollo insostenible del siglo XX y entrar en las oportunidades de desarrollo sostenible que ofrecen en el siglo XXI la adaptación y mitigación climática. Estas se asumen como factores de articulación de la nueva economía venezolana, que debe dejar atrás, en el pasado, al rentismo petrolero y minero, en el contexto del cambio ecológico- político al que se aspira bajo las orientaciones de justicia y gobernanza ambiental.