En su reciente visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se encontró con unos hechos nuevos a los que había registrado su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet. Hablamos de la arremetida de la Asamblea Nacional en contra de las ONG y la sociedad civil, cuya intención es el control total y vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos; asimismo, halló un pueblo movilizado por docentes y empleados públicos víctimas del hambre por la hiperinflación que aniquiló sus salarios y pensiones en bolívares.
También conoció de los 257 presos políticos que hay en el país, víctimas de violación del debido proceso y sus garantías procesales. Cabe recordar que el Estado limitó la actuación de la oficina que había instalado en Venezuela la ex alta comisionada Bachelet, al no permitir que visitaran a estas personas en los centros de reclusión.
El alto comisionado dejó entrever que conoce bien los hechos por los cuales la Corte Penal Internacional adelanta la investigación en Venezuela, violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que no pueden continuar. De hecho, Türk pidió en la rueda de prensa que ofreció en el aeropuerto, entre otros aspectos, que el Estado ponga fin a la tortura.
Y no solo eso. El Estado debe acabar con la intención que tiene de restringir las acciones de las ONG y la sociedad civil que cumplen una función humanitaria de atención a las víctimas a las que no da respuestas oportunas.
¿Que pasó con la anunciada reforma judicial? Pregúnteselo usted también, querido lector. El Estado debe respuestas.