Mucho esfuerzo dedicó el régimen para obtener el resultado de una directiva de la Asamblea Nacional roja rojita en enero de 2020. Alrededor de 60 millones de euros gastaron, y no precisamente de sus bolsillos, para comprar a un grupo de diputados con la finalidad de socavar el apoyo y la legitimidad del presidente interino, Juan Guaidó. No lo consiguieron.
Además, se puede decir que es dinero perdido, pues esa platica que se embolsillaron esos parlamentarios corruptos no podrá ser movilizada ni en Europa ni en Estados Unidos, porque casi todos los que recibieron esos euros fueron sancionados recientemente.
Pero poco le importa al régimen, porque ellos creen haber conseguido su objetivo. No se dan cuenta de que cada paso que hacen en esa dirección fraudulenta los expone más como lo que realmente son, un grupo de corruptos que se apropiaron del poder y que someten a todo un país a la peor de las penurias.
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional hizo un excelente trabajo recabando las pruebas que respaldan estas denuncias. Su presidente, el diputado José Prat, afirma que a cada parlamentario comprado le dieron entre 750.000 y 1 millón de euros, además de otros bienes como automóviles, prebendas y asignaciones mensuales.
Todo está debidamente respaldado en un documento de más de 80 páginas. La comisión, además, recomienda que sea distribuido entre las misiones diplomáticas y otros organismos internacionales.
Con la aceptación de estos sobornos, los diputados en cuestión violaron no solo la Constitución, sino la Ley Anticorrupción, el Código de Conducta del Servidor Público, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Reglamento Interior y de Debate de la propia Asamblea. ¿Y todavía se preguntan por qué la Unión Europea los sanciona?
Demostraron ser un grupo de políticos sin escrúpulos, de esos que menoscaban la credibilidad de la función pública y que tanto le ha hecho daño al país. Pero es sabido que los monos que bailan por la plata no tienen en consideración el pueblo al que se supone que deben representar.
Este informe de la Comisión de Contraloría solo es la confirmación de que Venezuela está en manos de un grupo extremadamente corrupto. Eso no se debe perder de vista ahora que el régimen prepara la última estocada, como bien lo comentó el diputado Prat.
Una segunda parte de la Operación Alacrán se ha puesto en marcha con la compra de militantes de los diferentes partidos políticos para acabar con estas organizaciones y allanar el camino a unas elecciones parlamentarias más que fraudulentas.
Seguirán lloviendo los millones. Pero recuerden, diputados y políticos, ese dinerillo no van a poder gozarlo, porque el mundo sabrá de su procedencia.