El idioma y el lenguaje económico, tiene sus “trampas” y sus enredos. Así por ejemplo, surgió la doctrina del “ahorro forzoso” la cual expone que un incremento en la cantidad de dinero en circulación podía ser favorable a la acumulación de capital provocando una inflación en los precios que hiciera disminuir el consumo, induciendo así un ahorro por parte de quienes no lo harían voluntariamente.
Thomas Malthus, uno de los autores más criticados o discutidos de la escuela clásica de economía, defendía la tesis de que las nuevas emisiones de billetes del Banco de Inglaterra, si caían en manos de las clases productivas entonces se incrementaría la acumulación. David Ricardo no perdió tiempo y enseguida le replicó que las operaciones bancarias no pueden crear capital. Sólo el ahorro puede hacerlo.
En la actualidad, desde hace muchos años ha surgido un ahorro “obligatorio” representado en las contribuciones que obligatoriamente deben pagar los asalariados y los pagadores de salarios (empresas y sociedades con empleados). Así, por ejemplo, el Seguro Social en Venezuela recaudaba 4% directamente de los empleados y trabajadores más otro porcentaje igual o mayor de las empresas, y al final con la hiperinflación, en la actualidad apenas le paga a cada beneficiario cerca de 27 dólares. Ahora bien, de acuerdo con un estudio publicado en un portal Prodavinci un profesor universitario que hubiera aportado 16.426 dólares recibiría en la actualidad 281 dólares. Esto es, el Seguro Social empezó a darle pensiones a todos, sin importar si habían cumplido o no con las semanas mínimas y ahora no tiene cómo pagar pensiones dignas para sobrevivir.
En Estados Unidos el seguro social tampoco anda bien. Por cada tres beneficiarios de pagos de pensión, apenas 1 es pagador de su cuota. El seguro social en Estados Unidos le cobra al asegurado 6,2% y a la empresa 6,2%. Aparentemente, se acabarán los fondos en el año 2034, por alargamiento de la vida del beneficiario. También el pago promedio mensual de un cheque del seguro social en ese país es de 1.555 dólares, aparentemente es inferior a un pago de un alquiler promedio en ese país.
En España, la seguridad social está al borde de un colapso. Para el año 2019 el gasto en pensiones se estimaba en 153.000 millones de euros, ¡40% del presupuesto fiscal!, y existen 2,1 aportantes por cada beneficiario. Supera este porcentaje al de Estados Unidos. En España, cada trabajador debe pagar por su seguridad social 6,35% y cierto monto las empresas dependiendo de la calidad del trabajo, bajo o alto riesgo. Cabe tener en cuenta que después de Japón, España es el país con mayor proporción de su población en edad por encima de 65 años, con lo cual la carga a la seguridad social es enorme.
También en España, los pensionados reciben 82% de su último sueldo frente a 63% del promedio de países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde están incluidos todos los países industrializados y desarrollados. Es bueno recordar, sin ánimo peyorativo al pueblo español, que su país no es el de mayor ingreso por persona, ni el de menor inflación dentro de la Unión Europea, y siempre anda necesitada de ciertos fondos europeos.
Es interesante dentro de este contexto, el surgimiento de la inflación que merma el poder adquisitivo de los asalariados y al mismo tiempo de los pensionados. Así nos dice Friedrich von Hayek, en un libro: «Los gobernantes de la mayoría de los países del mundo occidental son en la actualidad culpables de que los trabajadores ancianos se vean privados de los medios de ayuda que se habían esforzado en procurarse. Al perder la fe en una moneda estable y al abandonar el deber de mantener el signo monetario, los poderes públicos han creado una situación en que la generación que alcanzó la edad del retiro en los últimos años le han robado una gran parte de lo que habían reservado para los días de su jubilación». (véase a Los fundamentos de la libertad, Madrid, Unión Editorial 2008, p.394.)
¿Existe alguna solución para este problema de la insuficiencia de fondos para el retiro?
Sí existe, y son los fondos privados de retiro, mezcla de ahorro obligatorio pero administrados no por un Estado siempre manirroto y sujeto a enormes presiones electorales y políticas, sino por entidades privadas especializadas en inversiones rentables a largo plazo. En Chile en 1981 se crearon los fondos individuales de pensiones, los cuales son administrados por unas Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales son supervisadas por un ente especial del gobierno de Chile. En la actualidad, el sistema tenía en diciembre de 2021 un total de 5.508.288 abonados, y las AFP administraban un monto de ahorros por 170.707 millones de dólares. Chile ha venido creciendo todos estos años, superó la hiperinflación del gobierno de Allende, nunca hay que olvidarlo, y la patria adoptiva de Andrés Bello no está endeudada como Argentina y otros países latinoamericanos. Estos ahorros también han ayudado a la formación bruta de capital en esta nación sureña.
Por último, la propia China continental (comunista), en vista de las fuertes presiones demográficas (el número de trabajadores activos por cada pasivo disminuirá de 5,9 en 2020 a 2,7 en 2050), el 21 de abril de este año, el Consejo de Estado publicó un documento que detalla el desarrollo del primer plan voluntario de pensiones privado del país, el cual complementará las pensiones y rentas vitalicias básicas actuales proporcionadas por el Estado y los empleadores. Para participar en el plan, las personas pueden realizar aportes voluntarios a una cuenta de pensión personal a través de una plataforma centralizada. Las contribuciones anuales tienen un tope de aproximadamente 1.846 dólares, el que será ajustado en el futuro en función del desarrollo económico.
A confesión de partes, relevo de pruebas, como dicen los abogados penalistas.