Dr. Alejandro Álvarez  (Clima 21)

¿Has oído hablar del Acuerdo de Escazú aquí en Venezuela? ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes por qué en Venezuela el gobierno no habla de ese tratado internacional de derechos humanos?

Comencemos diciendo que hoy 22 de abril de 2021, en el contexto del Día de la Tierra, entrará en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

¿De qué trata ese Acuerdo?

Este tratado internacional de derechos humanos tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.

Adicionalmente, incluye disposiciones específicas para que los Estados protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental e incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia.

Para lograr estos objetivos el Acuerdo establece que los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.

¿Y Venezuela?

El proceso de desarrollar este Acuerdo fue bastante largo. El mismo se inició en el año 2012 en el contexto de la Cumbre de Río +20. En la misma, un grupo de países de América Latina y el Caribe suscribieron a la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

El Principio 10 forma parte de la Declaración de Río y establece que el desarrollo sostenible es mucho más factible si los ciudadanos tienen acceso a información, a mecanismos de participación y a procesos judiciales adecuados en temas ambientales que les afectan.

Ya desde ese momento el gobierno de Venezuela decidió no participar en ese proceso. Hasta este momento no existe información sobre las razones específicas para ello. Cuando consultamos en una ocasión a una funcionaria de alto nivel del Ministerio de Ecosocialismo, su respuesta fue: “Esa es una decisión política”.

A partir de ese momento los países que formaron parte de ese proceso iniciaron un largo y difícil proceso de negociación. Muchos países tenían dudas sobre cómo ese tratado podía afectar intereses económicos de los gobiernos. A la vez que podían ser señalados como violadores de derechos humanos debido a los asesinatos y persecuciones que sufren los defensores y defensoras de derechos ambientales  en la región.

El proceso logró avanzar debido al esfuerzo de un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, que con el apoyo de organizaciones internacionales lograron crear la presión política suficiente como para avanzar hasta que se logró un acuerdo definitivo.

En marzo de 2018 en la localidad de Escazú en Costa Rica finalmente se logró consensuar un texto definitivo. En ese momento firmaron 24 países de América Latina y el Caribe.

Este logro estuvo a punto de perderse, ya que varios de los países firmantes decidieron no ratificar ese instrumento. En otros países, los pesados laberintos de las burocracias Estatales y las difíciles negociaciones políticas hicieron muy lento el proceso de ratificación.

A pesar de ello, con el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil se logró alcanzar la meta de que al menos doce países lo ratificaran, número suficiente como para que el instrumento pudiera entrar en vigencia.

En este momento, los países que lo han ratificado son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Quizás sea innecesario decir que el gobierno venezolano no sólo no participó en este proceso, sino que ignoró todo llamado a que participara en el mismo.

¿Cómo nos afecta que Venezuela no forme parte de ese Acuerdo?

Los informes de las organizaciones que en Venezuela defienden el derecho de toda persona de buscar y recibir información en poder del gobierno establecen que en Venezuela la censura y la opacidad informativa son políticas de Estado.

En tal sentido, los venezolanos caminamos a ciegas en relación con una cantidad de situaciones ambientales en las cuales no tenemos ninguna información. Muchas de ellas fundamentales para el desarrollo social y económico del país, incluso para la salud de la población.

En el país desconocemos totalmente temas como la disponibilidad y calidad del agua en cada localidad del país, los niveles de contaminación del aire, las previsiones sobre los cambios en los patrones meteorológicos, los procesos de ordenación territorial, las políticas para la conservación de la biodiversidad, las estrategias para prevenir los efectos del cambio climático, etc.

Sin esa información es imposible lograr el desarrollo social y económico del país. Sin acceso a la participación los procesos de tomas de decisiones estas serán siempre arbitrarias y dependerán únicamente de la discrecionalidad de los funcionarios y las presiones de los intereses económicos. Quizás esta última es la verdadera razón detrás de la negativa del gobierno de Venezuela a asumir esas obligaciones.

Pero quitarnos esos derechos es condenarnos a la pobreza y el derecho a construir nuestro futuro.

Por eso, lograr que Escazú sea asumido por Venezuela y los venezolanos debe ser nuestra bandera.

Un añadido imprescindible y solidario

La coordinación de este espacio agrega a las reflexiones arriba expresadas su solidaridad con el diario con el cual  muchos nos criamos aprendiendo qué era democracia y  prensa crítica: El Nacional, amenazado al extremo  hoy desde el poder. Siempre repetimos  el lema: “No estoy de acuerdo con lo que usted me dice pero haré todo lo posible para que usted lo pueda decir». Al mismo tiempo, en medio de tanto atropello nos emocionó que fuese posible en solo 72 horas coordinar el pronunciamiento de 662 ONG  de la sociedad civil venezolana que el pasado 20 de abril manifestaron su rechazo rotundo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El derecho a la asociación es una libertad fundamental del ser humano y no necesita de permiso alguno, otra cosa muy distinta es que, como sucede en cualquier democracia, pueda ser objeto de control posterior, pero no de presunción de culpabilidad previa. ¡Por Dios, nuestro pueblo está sufriendo demasiado para que le quiten también el apoyo de estos centenares de entidades constitutivas de lo que resta de tejido social en Venezuela! De verdad, ¡pongamos un poquito de sentido común!


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