La administración Biden levantó las sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro en parte por las necesidades energéticas de Estados Unidos. Aunque Venezuela no produce suficiente petróleo para impactar la oferta global y los precios, el crudo venezolano beneficia a algunas refinerías del golfo estadounidense y ayuda a mitigar los riesgos crecientes del mercado petrolero.

Pero un factor que tal vez influyó más fue la crisis en la frontera con México, adonde llegan cada mes decenas de miles de personas, incluyendo un número importante de venezolanos. De hecho, días antes de levantar las sanciones Biden anunció un convenio con Maduro para comenzar a deportar migrantes a Venezuela que era obviamente una señal de un acuerdo más amplio entre ambos gobiernos.

Las deportaciones parecieran estar logrando su objetivo. En octubre disminuyó la cantidad de venezolanos detenidos por las autoridades fronterizas. Pero la cifra sigue siendo alta y seguirá siéndolo porque la dinámica no ha cambiado: hay demasiadas personas desesperadas por entrar a Estados Unidos que no tienen una mejor alternativa que el cruce ilegal de la frontera.

Lo más probable es que el flujo de venezolanos vuelva a aumentar pronto, cuando los migrantes entiendan que el Gobierno estadounidense solo puede expulsar por avión a un número limitado de personas. El acuerdo de deportaciones es como un paño caliente: alivia temporalmente el dolor pero no cura la enfermedad.

Es fácil entender la frustración de la Casa Blanca con la crisis migratoria. En los últimos meses los detenidos en la frontera se han incrementado de una manera drástica. Entre esos migrantes un porcentaje creciente son venezolanos. En septiembre, Estados Unidos detuvo a más de 54.000, la cifra más alta desde que se lleva registro. Venezuela ocupó el primer lugar en número de detenciones, superando por primera vez a México.

Para hacer frente a estos flujos migratorios, Biden ha implementado una política que combina incentivos y amenazas. A grandes rasgos, consiste en aumentar las deportaciones mientras se amplían las vías legales para migrar con la meta de desalentar la migración ilegal. Por un lado, Biden ha adoptado medidas que facilitan la expulsión de venezolanos, incluyendo el reciente acuerdo con Maduro para devolver migrantes a Venezuela.

Pero también ha lanzado programas excelentes como el de concesión de permisos condicionales humanitarios para trabajar en Estados Unidos por al menos dos años. Además, introdujo una aplicación de teléfonos móviles que permite a los migrantes programar citas en los puertos de entrada para solicitar permisos y pedir asilo. Y ha otorgado Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense.

Hasta ahora este plan no ha tenido éxito: la situación en la frontera ha empeorado. ¿Por qué no ha sido exitoso? En gran parte porque las vías legales para migrar siguen siendo demasiado estrechas.

En el caso de los asilos y la aplicación de teléfonos móviles, la explicación es sencilla: la política de Biden, aunque tiene una cubierta más bonita, no difiere mucho de la de Trump. La ley estadounidense establece claramente que todos los migrantes tienen derecho a solicitar asilo. Sin embargo, Biden decidió que no pueden solicitarlo aquellos que crucen la frontera ilegalmente y no pidan protección en los países por los que transitan en su camino a Estados Unidos. Es decir: buena parte de los migrantes. No importa cuán conveniente sea el sistema de aplicación por teléfono, su capacidad de reducir el tráfico fronterizo será limitada si la mayoría de las personas no son elegibles para usarla.

El caso de los permisos condicionales humanitarios es distinto. Pese a que son un paso en la dirección correcta, la cuota mensual sigue siendo demasiado baja como para disuadir a los migrantes de aventurarse a la frontera. Estados Unidos otorga cada mes 30.000 permisos a ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, una cifra que a primera vista parece razonable.

Pero CBS News reveló en mayo que el Departamento de Seguridad Nacional recibía unas 12.000 postulaciones diarias, lo cual significa que Estados Unidos aprueba alrededor del 10% de las solicitudes. Documentos internos del propio Gobierno estadounidense advierten que el bajo número de permisos podría afectar la efectividad del programa.

¿Por qué entonces no lo suben? Por razones electorales. El Partido Republicano ha atacado sistemáticamente a Biden por la crisis migratoria, logrando convencer a una parte importante del electorado de que los demócratas son «blandos» con la inmigración. Pero esto no es verdad. La administración Biden, por ejemplo, deportó a un porcentaje mayor de los detenidos en la frontera durante sus primeros dos años que su predecesor en sus dos últimos. Antes de su suspensión en mayo, las polémicas deportaciones expeditas que Trump inauguró durante la pandemia fueron expandidas por Biden para incluir personas de más nacionalidades, incluyendo venezolanos.

En resumen, en el debate migratorio las posturas de los políticos están desconectadas de la realidad. Biden podría doblar el número de expulsiones y los republicanos seguirían acusándolo de tener una política de «fronteras abiertas».

Paradójicamente, esta desconexión entre discurso y realidad libera a Biden para hacer lo correcto e implementar un plan no solo más humano, sino también más efectivo. En vez de imponer políticas crueles de deportaciones y esperar a que el frágil acuerdo con Maduro lleve a una mejora en Venezuela que desaliente las migraciones, Biden debería ampliar significativamente las vías legales para la migración y permitir el ingreso de más personas.

De esa manera, podría reducir los flujos en la frontera y al mismo tiempo abordar problemas graves de su país como el declive poblacional, la escasez de mano obra y la proporción cada vez más desfavorable entre trabajadores y jubilados. Los republicanos seguramente lo acusarán de promover una invasión extranjera, pero ¿no lo están haciendo ya?


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