Hace un año, el Banco Mundial en su informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” ponía de relieve el hecho de que la nación vecina está entre las más desiguales a nivel global. De hecho, el coeficiente de Gini que mide esta distorsión coloca a Colombia en el segundo sitial en nuestro continente. Solo en Brasil la fractura social es más dramática que en el suelo neogranadino. Los tiempos que corren han agravado esta situación estructural. Desde los meses de la pandemia del COVID a esta parte 3,6 millones de colombianos más fueron arrastrados a la garra de la pobreza en un país de 50 millones de ciudadanos: 7,2% más de excluidos.
Para darle atención a un fenómeno de tal gravedad y trascendencia, el presidente Gustavo Petro decidió no solo crear un ministerio al que colocarle esta pesada y crucial responsabilidad en las manos, sino además designar en su cabeza a la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva cartera de la Igualdad debería integrar a varias instituciones dispersas en toda la administración con funciones de protección y promoción de los derechos de los más excluidos económica y socialmente y, además, velar por la igualdad de las mujeres, la población LGBTIQ, los pueblos étnicos, los campesinos, la niñez, la infancia y adolescencia, las personas con discapacidad y los habitantes de calle.
Vista la poca idoneidad demostrada por el gobierno nuevo hasta el presente para formular soluciones y acometer planes complejos, la articulación de tareas multidisciplinarias a través de este nuevo ministerio, en estas difíciles lides de la desigualdad, ha generado enorme expectativa y desconfianza. Hablamos de nueve grupos de acción ya citados y, al mismo tiempo, de una colosal escasez de recursos. Hablamos también de que fueron estos grupos quienes numéricamente permitieron a Gustavo Petro alcanzar su puesto en la Casa de Nariño. Ser eficiente en la resolución de los problemas es, pues, un imperativo.
Pero no es solo la institución novel la cuestionada, sino quien lleva sus riendas. No basta que la vicepresidenta conozca de primera mano la lucha de los pueblos ancestrales del Cauca de donde es originaria, ni que en carne propia haya sido víctima de racismo, para poder cargar sobre sus hombros la complejidad de las tareas del Ministerio de Igualdad y Equidad. La vicepresidenta no cuenta con experiencia ninguna en el acometimiento de objetivos de la amplitud y la complejidad y la trascendencia de estos. De acuerdo con el Banco Mundial, a Colombia le tomaría al menos tres décadas y media alcanzar el nivel promedio de desigualdad de los países de la OCDE.
Tal como lo ha planteado el experto en derechos humanos Diego Arturo Grueso, “la experiencia demuestra que esa tarea articuladora alrededor de la política social necesita no solo de compromiso de las instituciones, sino de modelos de alta complejidad en el diseño, así como la necesidad de ser ágiles y simples en su ejecución en territorios marginados, alejados, a veces de difícil acceso y con conflictos vigentes.La priorización de metas, el levantamiento y buena administración de recursos es esencial, así como la estructuración de un equipo capaz en estos derroteros.
El diario español El País hace un año aseveraba que la trayectoria de esta líder es capaz de demostrar cómo desde las luchas sociales se puede transformar la política. De lo que se trata hoy no es de ganar de las elecciones con convincentes arengas populistas, sino de poner en ejecución un plan de una exigencia inmensa en el terreno de la conceptualización, la instrumentación, la constancia, la eficiencia y la demanda de recursos.
No parece Francia Márquez contar con lo que hace falta para llevar este barco a buen puerto.