Al contrario de lo que ocurrió en 2022 —un año desastroso para los mercados de activos digitales— en 2023 hubo avances positivos y regulación agresiva en los mercados de activos digitales. El reciente acuerdo entre los reguladores estadounidenses y Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, mejorará la confianza, transparencia y responsabilidad del sector; mientras tanto, la mayoría de los centros financieros del mundo han incorporado normas claras para las cripto.
A pesar de esos avances, Estados Unidos corre el riesgo de quedar al margen si no establece nuevas reglas en 2024. Los responsables políticos tienen tres opciones para gestionar los riesgos y oportunidades del mercado cripto: regulación, legislación y denominación.
Hace dos años, el presidente estadounidense Joe Biden logró un enorme avance hacia la claridad regulatoria cuando emitió el Decreto del Poder Ejecutivo para Garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales. Desde entonces, sin embargo, los intentos legislativos quedaron en punto muerto y EE. UU. se rezagó respecto de otros países en la regulación del sector, a pesar de que los precios de prácticamente todos los activos digitales se fijan en dólares.
Lo irónico es los organismos liderados por EE. UU., como el Consejo de Estabilidad Financiera, el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros y el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC, por su sigla en inglés) se mantuvieron a la vanguardia de los intentos mundiales para regular al mercado de las cripto. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en su papel de presidenta del FSOC, también instó al Congreso a que promueva legislación para regular a las criptomonedas estables denominadas en dólares. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se hizo eco de esos pedidos.
Estos llamados a promulgar legislación, amplificados por los organismos normativos mundiales, evidencian los posibles riesgos de las cripto. Aunque hay economistas que defienden la aplicación de medidas drásticas —como permitir que el sector colapse o imponerle normas estrictas— sería preferible aprovechar las cadenas de bloques y otras tecnologías emergentes para garantizar que los servicios financieros sean capaces de satisfacer la demanda del mercado fuera de los horarios bancarios convencionales, un desafío que afecta especialmente a los pagos internacionales. Dado que casi todos los grandes bancos, gestores de activos, empresas de tecnofinanzas y de servicios de pagos del mundo ya cuentan con estrategias de activos digitales, es hora de que los responsables políticos estadounidenses se pongan al día y establezcan regulaciones neutras en términos tecnológicos y basadas en principios, que alienten la competencia en los mercados financieros.
Para ello, el Congreso debe otorgar capacidades a las agencias regulatorias federales para que fijen las normas del mercado. Esto implica explorar la cuestión de las monedas digitales de bancos centrales, a pesar de que algunos políticos, como el expresidente Donald Trump —presunto candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre— se oponen a ello. También implica fijar regulaciones para los monederos digitales y optimizar los sistemas de pagos de la banca estatal y federal. Se trata de acciones cruciales para evitar una posible «crisis constitucional» en el sector de las tecnofinanzas y mantener la ventaja competitiva estadounidense.
El Departamento del Tesoro también hizo hincapié en la necesidad de actuar de manera resuelta: en noviembre, el subsecretario Wally Adeyemo solicitó al Congreso que se ocupe de los riesgos que plantean las actividades ilícitas financiadas con criptomonedas, y destacó la opacidad de ciertos productos cripto y la falta de supervisión regulatoria; esos productos son, en el mejor de los casos, alquimia financiera y, en el peor, fentanilo financiero.
La ausencia de un marco regulatorio estadounidense para las criptomonedas estables vinculadas al dólar —para las que se otorgan cada vez más licencias en jurisdicciones como los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Hong Kong— representan una amenaza a los intereses estadounidenses. Este vacío podría incentivar la creación de productos que aprovechen la confianza en el dólar y eviten las regulaciones estadounidenses, lo que les permitiría convertirse en un refugio para quienes actúan de forma ilícita.
Como mínimo, Estados Unidos debiera garantizar que los emisores extranjeros de criptomonedas estables vinculadas al dólar cumplan la ley de secreto bancario, las leyes antilavado y antiterrorismo, y los regímenes de sanciones. De lo contrario, los dólares digitales podrían socavar la seguridad internacional en vez de combatir los riesgos tecnológicos asociados con la supremacía del dólar.
Pero antes de que Estados Unidos decida que las empresas o tecnologías cripto son amenazas, debe establecer nuevas normas. Aunque ya se ha declarado a tecnologías de código abierto como riesgos para la seguridad nacional, los principales emisores de tókens todavía no han sido clasificados como instituciones financieras de importancia sistémica, lo que podría incluirlos en la categoría de las organizaciones demasiado grandes como para dejar que quiebren. En vez de permitir que las actividades cripto con deslocalización internacional cercana o lejana proliferen sin control alguno, o dejar que otros países fijen las normas de un mercado que es tan inherentemente estadounidense como alguna vez lo fue Internet, los responsables políticos de Estados Unidos deben considerar al año 2024 como un punto de inflexión.
El proyecto de ley de criptomonedas estables propuesto por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en julio de 2023 generó un impulso significativo para la creación de políticas; si ambos partidos lo aprueban en el Congreso, abrirían la mejor oportunidad legislativa para abordar el rápido aumento en la falsificación de dólares cripto. Podría, además, ser la última oportunidad para que Estados Unidos mantenga el dominio de los mercados de activos digitales.
Por supuesto, será difícil avanzar en un año electoral con una campaña presidencial muy discutida, pero los logros en las políticas sobre activos digitales son fundamentales para garantizar que Estados Unidos siga fijando las reglas, en vez de limitarse a acatarlas. Esto es especialmente importante ahora, dado que el marco del reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA, por su sigla en inglés) de la Unión Europea entrará en vigor este año y podría causar una grieta transatlántica en la regulación de los activos digitales.
Para evitarlo, la agenda política estadounidense de 2024 para los activos digitales debe ir más allá de la regulación, legislación y denominación, y centrarse en el avance de la armonización regulatoria mundial, pero, sin claridad regulatoria y liderazgo estadounidenses en el mercado de las cripto, esos esfuerzos están destinados al fracaso.
Traducción al español por Ant-Translation
Dante Alighieri Disparte es director ejecutivo de estrategia y jefe de políticas mundiales de Circle.
Copyright: Project Syndicate, 2024.