Esta semana, el gobierno colombiano reanudó las conversaciones de paz en la Ciudad de México con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las conversaciones de paz que ocurrieron anteriormente en Caracas, gracias al apoyo del narcorrégimen de Maduro, fracasaron cuando el ELN afirmó que nunca las había aceptado en primer lugar. Pero ambas partes todavía esperan poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Todo esto es parte del proyecto «paz total» de Petro, para llegar a acuerdos no solo con grupos marxistas como el ELN y las FARC, cuyos estallidos violentos han causado sufrimiento y dolor a los colombianos por décadas. Esto también incluye a más de dos docenas de organizaciones criminales, incluyendo el cartel del Clan del Golfo. Estas organizaciones son mafias y pandillas locales que les han costado la vida y el sustento a millones de personas.
A primera vista, poner fin a ese derramamiento de sangre parecería algo bueno. Pero la verdadera paz no puede lograrse sin soluciones a largo plazo, mientras exista la amenaza del narcoterrorismo. Es por eso que el enfoque de Petro de llegar a acuerdos a toda costa es problemático. Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19, cree que apaciguar a los grupos rebeldes y las organizaciones criminales es la mejor manera de negociar. No se da cuenta de que mientras los asesinos y los traficantes de drogas permanezcan libres seguirán perturbando la paz y destruyendo vidas.
Petro también está dispuesto a sacrificar los compromisos entre Colombia y Estados Unidos por varios años. Colombia acordó permitir que Estados Unidos extradite a ciudadanos colombianos que cometen delitos contra estadounidenses para que sean juzgados en suelo norteamericano. Sin embargo, Petro le pidió a su gobierno que suspendiera las órdenes de arresto de cinco de esos criminales para avanzar sus dichosas conversaciones con el ELN.
Eso es un insulto a un aliado y amigo cercano. Es también una concesión de justicia al grupo criminal del ELN. Los narcoterroristas le temen a la extradición porque saben que enfrentarse ante el sistema legal de Estados Unidos equivale a pagar por sus crímenes. Es por eso que el Clan del Golfo reaccionó con tanta violencia ante la extradición de su exlíder, el temido Otoniel, el año pasado. Sin la amenaza de un juicio en Estados Unidos sobre la cabeza de estos criminales, esos mercenarios se volverán más audaces y tristemente muchos de ellos quedarán en libertad sin que se cumpla justicia.
Afortunadamente, el fiscal general de Colombia rechazó las solicitudes de Petro y afirmó que “no habrá levantamiento, ni suspensión de las órdenes de arresto para la extradición”. Desafortunadamente, Petro tiene aliados en la administración Biden. Son remanentes de la era de Obama que, como el presidente colombiano, favorecen el apaciguamiento de grupos peligrosos, especialmente si son izquierdistas.
Estas son las mismas personas que quitaron a las FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, otorgándole una legitimidad indebida a un grupo sanguinario. Existe la posibilidad real de que estas personas dentro del gobierno Biden traten de ceder con los requisitos de extradición a Estados Unidos en nombre de Petro.
El presidente Biden no debe escuchar a estos supuestos “expertos”, porque lo que buscan no es ni el mejor interés de Colombia ni de Estados Unidos. Esta administración debe mantenerse firme en contra de los narcoterroristas que les hacen daño a los ciudadanos norteamericanos, sin tener en cuenta lo que Petro exija para sus negociaciones con mercenarios de la izquierda.
Artículo publicado en la revista Semana de Colombia