Como se sabe, la doctora Luisa Ortega Díaz fue miembro de la alta burocracia desde los tiempos del comandante Chávez, en sus funciones de fiscal general de la República bendecida por la cúpula de la “revolución”. Ahora continúa sus trabajos desde el exilio, divorciada de sus antiguos compañeros de camino u obligada a escapar del país por peligrosas presiones del oficialismo. Desde su fuga, ha soltado informaciones que comprometen a los cabecillas rojo rojitos en la comisión de importantes delitos, uno de las cuales se comentará ahora siguiendo con fidelidad las recientes palabras de la denunciante.
En sus últimas declaraciones, la fiscal no se ha andado por las ramas. Sin contemplaciones, con toda la firmeza del mundo, sin dejar espacios para la duda, ha acusado a la plana mayor del oficialismo de ser parte activa del tráfico internacional de drogas. Lo que se ha afirmado repetidas veces por organismos internacionales, como la DEA, o por declaraciones de los políticos de oposición, surge de los labios de una funcionaria que debió orientar la vindicta pública cuando Chávez reinaba en las alturas y cuando comenzó la sucesión de Nicolás Maduro. Por lo tanto, estamos ante una fuente que merece particular atención.
La doctora involucra a la plana mayor de la dictadura en el negocio de los estupefacientes. No se detiene en personajes de segunda, sino en Nicolás Maduro y en Cilia Flores, la pareja presidencial; y en individuos que han ejercido un poder ilimitado durante décadas, como Tareck el Aissami y Diosdado Cabello. No hay otros más altos en la cumbre “bolivariana”, no existen figuras más refulgentes en el cuadro de honor del socialismo del siglo XXI, no se puede ir más arriba en el catálogo de los mandones, a menos que nos pongamos a esculcar en Cuba, sede y eje del patronato. Pero no se queda en la refulgente nómina, debido a que también afirma en sus declaraciones que existe el denominado Cartel de los Soles, dirigido por militares de alta graduación que han tomado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como base de operaciones para el comercio de sustancias prohibidas.
No estamos ante una declaración cualquiera, como se dijo antes. Si alguien ha tenido posibilidad de enterarse de los delitos de los líderes chavistas, por su posición en el escalafón de los perseguidores de irregularidades, por la posibilidad de acceder a evidencias que no están al alcance del público y a los secretos de los dueños del poder, por su familiaridad con la fauna del alto mando, nadie más importante y fiable que la doctora Ortega Díaz. En las horas de la decadencia de la usurpación y del crecimiento del descontento popular por las tropelías que cometen sus agentes, la funcionaria ha soltado una bomba capaz de abrir agujeros imposibles de tapar o disimular en el edificio del oficialismo cada vez más maltrecho. La justicia nacional e internacional, las policías de aquí y de otras latitudes, la gente decente que clama por el cese de la abominación que agobia a Venezuela, pueden contar con un arma explosiva que les permita dinamitar su tragedia.
Pero ¿debemos entregarnos sin prevención a las declaraciones de una funcionaria que brilló en las alturas del chavismo y en quien este confió para hacer lo que le vino en gana con los venezolanos? La denunciante es consciente de esa realidad, y de la polvareda de suspicacias y caras arrugadas que levantarán sus acusaciones. Por consiguiente, ha adelantado que, si debe ser juzgada y condenada por sus actos como empleada de confianza de la dictadura, se pondrá a disposición de la justicia. Si es honesto su ofrecimiento, si sabe que puede tener cuentas pendientes en los tribunales y quiere saldarlas en el futuro cercano, las denuncias que ha hecho contra cuatro estrellas de la usurpación y contra miembros uniformados de la constelación deben considerarse como esenciales en el sendero de la transición por la que clama la sociedad.