Junio de 2022 fue sinónimo de estallido en Ecuador. La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), junto con sus comunidades, iniciaron un paro, al que se unieron varios sectores sociales, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de diez demandas que no fueron procesadas en 2021, debido a tres reuniones que fracasaron por la falta de flexibilidad de las partes. La principal exigencia al Ejecutivo fue la disminución del precio de los combustibles, pues las gasolineras vendían en correspondencia con el mercado mediante un esquema que cerró la política histórica de subsidios. Esta decisión fue tomada por el exmandatario Lenín Moreno, antecesor del actual. La paralización duró 18 días en un contexto de crisis política, económica y de inseguridad ciudadana.
De octubre de 2019 a junio de 2022
Octubre de 2019 encendió el ciclo de protesta social en América Latina y su epicentro fue Quito. El estallido empezó con la paralización de los transportistas, pero fue contenida por el Gobierno. Inmediatamente, una renovada y joven dirigencia indígena tomó la posta, se apropió del relato y mostró un pliego de demandas que excedían la disminución del precio de los combustibles, lo cual contó con el respaldo de varios sectores sociales.
La recomposición del movimiento indígena fue evidente en comparación con su última actuación en 2015 cuando se enfrentaron con el expresidente Rafael Correa, su adversario político. Desde 2019 se vislumbró un nuevo escenario político para el movimiento indígena: un candidato presidencial de Pachakutik robustecido para 2021, que quedó tercero y un líder indígena en ascenso, Leonidas Iza.
A diferencia de octubre de 2019, en este caso la dirigencia indígena invitó al Gobierno a dialogar desde el momento de su posesión pero condicionando su participación en línea directa con sus intereses. En este proceso, la Conaie no permitió la entrada de otras organizaciones partidistas o sectores sociales afines para no compartir el liderazgo de la reivindicación social. Su respaldo directo es el bloque legislativo Pachakutik que representa la segunda mayoría y las bases de las comunidades de las provincias de las Sierra Centro (Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi), Sierra Norte (Imbabura) y las amazónicas (Pastaza, Morona Santiago, Zamora, Napo, Sucumbíos, Orellana). Su presencia es exigua en la Costa.
La Conaie ha tenido tres años para afianzar su organicidad, convocatoria y movilización, es decir, dirigentes de las filiales, en sindéresis con el liderazgo de Leonidas Iza, quien proviene del ala más radical del movimiento indígena, en una mezcla ideológica de mariateguismo de origen peruano, socialismo comunitario y adscripción católica.
Este afianzamiento ha perfeccionado la estrategia de movilización desde las provincias hasta la capital y la resistencia para enfrentar una paralización más larga. Esta vez fueron 18 días, siete más que en octubre de 2019. Las protestas se gestaron a dos meses de que las organizaciones políticas presenten sus candidaturas para las alcaldías y prefecturas. Pachakutik disputará el electorado del correísmo, de las izquierdas y el populismo urbano.
El estallido de junio se produjo en un contexto en el que la aceptación del gobierno llegó a 20%. En un año, el Ejecutivo había perdido 50% de apoyo pese al exitoso plan de vacunación, a haber logrado la estabilidad macroeconómica y a estar exento de acusaciones de corrupción. Sin embargo, enfrentó una arremetida de la delincuencia común, el crimen organizado y las matanzas en las cárceles. Es decir, hubo una combinación de inseguridad, desempleo y una falta de conexión con el ciudadano común, quien no lograba comprender hacia dónde iba el gobierno. Esto, sin perder de vista el bloqueo en la Asamblea y la férrea oposición del correísmo y la controversia nunca resuelta con su exaliado natural de derecha, el Partido Social Cristiano.
Otras cartas para el análisis
Este nuevo estallido puso en evidencia la disputa del relato político en el imaginario social acerca de la reivindicación histórica versus el intento de golpe de Estado. La confrontación se produjo en las redes alternativas y digitales, en las que los medios comunitarios, ambientalistas, feministas y de derechos colectivos se embanderaron con la propuesta de la Conaie versus los medios tradicionales, que matizaron las coberturas periodísticas y lo sumaron a lo que sucedía en la Asamblea y en las calles. En el recinto legislativo se dio paso a la votación para destituir al presidente al tenor del artículo 130, por impulso del correísmo, más los votos de Pachakutik y los autodenominados rebeldes de otras bancadas.
Mientras Iza disputaba la calle, los partidos de oposición buscaron la muerte cruzada en contra de Guillermo Lasso. Para ello, se requería 92 de 137 votos, pero llegaron a 82 con fraude electrónico incluido, pues se manipuló la votación de 4 asambleístas que se expresaron en contra, pero su votación se registró de manera contraria. Este delito está siendo investigado por la Fiscalía.
La intensidad de la protesta fue variando a lo largo de los 18 días de paralización, ya que la búsqueda de una mediación efectiva parecía alejarse a cada intento, puesto que no hay institución del Estado que haya logrado buenos resultados. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, intentó un diálogo, pero no fue posible cuando votó por la destitución del presidente. Jugó a ser juez y parte.
El paro refrescó la memoria a la población y encendió, una vez más, las alertas al Estado respecto de la desatención al sector rural. Casi 40% de la totalidad de los niños con desnutrición crónica son indígenas. Las provincias donde se concentra la pobreza y la falta de servicios son las de la Sierra Centro y la Amazonía, y en esta última región están, contradictoriamente, los pozos petroleros y las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Más allá de las diez demandas de la Conaie está en disputa el modelo de desarrollo.
La sociedad civil y la mediación
Frente a la crisis institucional, la sociedad civil socorrió al país para empujar un proceso de diálogo desde el papel de las fundaciones históricas como Esquel, las universidades, la Red de Gobierno Abierto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil y los ambientalistas. La dirigencia indígena y el gobierno coincidieron en que la Iglesia Católica lleve la mediación en los próximos 90 días, cuando habrá sobresaltos y rupturas, ante un país que requiere volver al cauce de la pacificación con justicia social, recomposición del tejido ciudadano y cero impunidad a los grupos delincuenciales infiltrados que aprovecharon la crisis para sembrar el terror.
Diez demandas de la Conaie
- Bajar el precio de los combustibles.
- Generar empleo.
- No ampliar ni explotar más hidrocarburos ni minería.
- Respetar y garantizar los derechos colectivos.
- No privatizar los sectores estratégicos.
- Controlar la especulación de los precios.
- Atender la salud y la educación.
- Garantizar la seguridad ciudadana.
- Implementar una política de precios justos para el agro.
- Hacer una moratoria y renegociar deudas para 4 millones de familias.