Otra vez, la obstinada y perversa realidad política venezolana le ha dado otro jalón de orejas al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El señor Josep Borrell, muy emocionado la semana pasada, nos quiso contagiar nuevamente con su siempre vago optimismo, diciéndonos que a pesar de que su decisión de enviar una misión de observación electoral para los comicios regionales de Venezuela haya resultado de alguna manera “controversial”, representa también un eslabón más de las acciones e interés de Europa de allanar el camino para lograr una solución a la crisis del país, “a través del diálogo político”.
No habían pasado ni tres días cuando el régimen de Maduro anunciaba, por intermedio de su Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Electoral, la expulsión de los representantes europeos, antes de la expiración de su mandato, el 13 de diciembre.
Todos hemos observado desde hace mucho tiempo esa conducta del señor Borrell queriendo ser “más papista que el Papa”, en medio de sus confusas y contradictorias declaraciones que le han hecho un juego perfecto a la estrategia e intereses del gobierno de facto.
Recordamos que por allá a principios de octubre pasado – después de haberse firmado el acuerdo administrativo para el envío de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea -, y en una especie de trabalenguas, el alto representante se hizo acreedor de las reprimendas e ira del régimen por haber señalado que la delegación que llegaría a Venezuela lo hacía para “acompañar a una parcialidad política”, rematando con la sentencia de que lo único que “legitimará o deslegitimará” el proceso electoral sería el informe de la misión.
Muchos en el país contentos, por supuesto, mientras que Maduro y su batallón de mandaderos se encargaron de tildar a Borrell y su misión de parcializada e injerencista.
Independientemente de que la sola presencia de una misión electoral europea en Venezuela haya significado un baño refrescante para el régimen, las tensiones con ella han servido igualmente a los propósitos de Nicolás Maduro, quien, ya mucho antes de celebrarse las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, comenzaba a desacreditar el trabajo y hallazgos de la MOE. A los miembros de la misión los llamó espías, una vez su jefa, la portuguesa Isabel Santos, diera a conocer el contenido del informe preliminar, que, si bien reconocía ciertas mejoras respecto a procesos anteriores, destacaba la persistencia de fallas estructurales, entre otras, la falta de independencia del poder judicial y de los medios de comunicación, así como la utilización de recursos del estado para fines de campaña electoral a favor de candidaturas oficialistas.
Una vez cumplido el objetivo, esto es, la obtención de la casi totalidad de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías, fue muy fácil y conveniente para el régimen deshacerse de la incómoda presencia europea en Venezuela. Con la expulsión de la MOE se completaba entonces el trabajo de matar al mensajero, sobre todo ante el contenido previsible del informe final que será presentado a principios del año entrante. El descarado despojo de Barinas nos puede dar una idea de la contundencia de unas conclusiones que Nicolás Maduro no está dispuesto a escuchar.
Lo cierto es que rota una vez más en la práctica la relación de colaboración entre el régimen y la Unión Europea, sería interesante saber con qué cuento nos va a venir ahora el señor Josep Borrell luego de la expulsión de su misión de observación electoral. Luego de los resultados de noviembre, Nicolás Maduro quiere asegurarse de reforzar la matriz de opinión que conviene en que siguen sin existir las condiciones idóneas y transparentes para llevar a cabo cualquier tipo de proceso comicial. Después de todo, la justificada abstención opositora ha sido una de sus mejores aliadas en cada una de sus farsas electoreras
La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, avalada por el Consejo Nacional Electoral, en la que se despoja a Freddy Superlano de su limpia victoria en el feudo de los Chávez, apunta en esa dirección, particularmente en momentos en que ciertos grupos políticos en Venezuela se están organizando para impulsar un referéndum revocatorio a mitad de mandato, a partir del 10 de enero de 2022. Una misión imposible si se toma en cuenta la experiencia obstruccionista del régimen de 2016 y las disímiles opiniones que existen dentro de la oposición respecto a ese escamoso tema.
El señor Borrell nos habla de negociaciones políticas como solución a la crisis integral de Venezuela, mientras la estrategia del régimen seguirá estando basada – aún más a raíz de los resultados del 21 de noviembre – en el sistemático aislamiento progresivo y confrontación con factores internacionales afines a la causa democrática (Europa y Estados Unidos), apostando siempre, en el plano interno, a la incapacidad de una oposición que no logra encontrar el sendero hacia un verdadero pacto unitario.
En esta coyuntura del juego político, la apuesta a un referéndum revocatorio – con sus complejas implicaciones – sólo tiene la potencial virtud de movilizar a esa masa por tanto tiempo dormida; un factor que, en paralelo a la siempre esperada estrategia conjunta Estados Unidos-Europa de reforzamiento de sanciones en contra del régimen y un no menos vital acuerdo nacional unitario, se presentan como las más previsibles opciones de lucha opositora a la mano.